Una decisión de la Junta Electoral Central provoca el caos político en Turquía
La actitud contradictoria de la Junta Electoral Central de Turquía, combinada con la ambigua legislación de este país y una cuestionada ley antiterrorista han provocado en este país una inesperada y caótica situación política que pone en peligro incluso la formación del nuevo Gobierno.
El problema estriba en que esta junta electoral ha retirado su acta de parlamentario a Hatip Dicle, verdadero “buque insignia” de las candidaturas independientes del Bloque del Trabajo, la Democracia y la Libertad, a su vez apoyado por el Partido de la Paz y la Democracia (BDP), principal organización defensora de los derechos del pueblo kurdo en Turquía.
Hatip Dicle era el cabeza de lista de los “independientes” por el distrito de Diyarbakir, plaza fuerte del BDP, donde el bloque progresista consiguió el 61,58 por ciento de los votos en las elecciones del 12 de junio.
Este ingeniero de 56 años, como otros seis candidatos independientes, se encuentra en prisión por varios procesos judiciales, todos ellos vinculados a la acusación de apoyar al ilegal Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), una organización armada incluida en las listas de grupos terroristas del la Unión Europea y EEUU. Por esta razón, la Junta Electoral inicialmente no aceptó su candidatura ni la de los demás procesados. Sin embargo, unos días después se desdijo y admitió las candidaturas. Ahora, una vez que Hatip y sus compañeros tienen el acta de diputado en sus manos, se la arrebata por tener una condena firme de 20 meses de prisión, de los que ya ha cumplido 16.
Hay que aclarar que en este caso y en muchos más, los procesamientos están relacionados con delitos de opinión penado por la actual ley antiterrorista, una ley cuestionada no solo por las principales organizaciones en defensa de los derechos humanos sino también por la propia Unión Europea, que exige su modificación para avanzar en la negociación para la adhesión a la UE.
Debido a la aplicación de este texto legal, la organización Reporteros Sin Fronteras ha denunciado el encarcelamiento de 60 periodistas y en estos momentos cerca de 2.000 cargos municipales y cuadros políticos del BDP están siendo juzgados bajo la acusación de terrorismo.
Antes de que la Junta Electoral Central tomara su drástica decisión, los candidatos elegidos por el bloque progresista dejaron claro que no irían a la Asamblea Nacional de Ankara sin sus compañeros encarcelados, a los que se tenía que reconocer la inmunidad parlamentaria y, por lo tanto, conceder la libertad provisional para recoger sus credenciales. Pese a ello, el pasado día 21, retiró el acta de diputado a Hatip, para concedérsela a Oya Eronat, la siguiente por la lista del gubernamental AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo), que pasa así de 326 a 327 escaños. Dos días después, los compañeros de Hatip ratificaron su anuncio de boicotear el Parlamento.
El asunto es que, de acuerdo con el reglamento interno de la cámara, no se pueden reunir las comisiones si no están presentes todos los grupos parlamentarios y, por lo tanto, el Parlamento no puede funcionar y, si no puede funcionar el Parlamento, tampoco se puede elegir un nuevo Gobierno. Al menos, así lo interpreta Hasip Kaplan, uno de los miembros del bloque haciendo referencia al artículo 20 del reglamento interno de la cámara.
Por de pronto, la apertura del parlamento, prevista para el viernes, se ha atrasado al martes y el AKP ha ordenado a Oya Eronat que no recoja su acta de parlamentaria. La poderosa Asociación de Empresarios de Turquía, un agrupación semejante a la CEOE española ha publicado una declaración pidiendo a la clase política que encuentre una solución. El PKK, que mantiene una tregua unilateral, por su parte ha definido la situación como “un acto de guerra”, se gún ha declarado su portavoz Murat Karayilan.
Los tres partidos turcos representados en la cámara se han echado las manos a la cabeza. Hasta el ultraderechista Movimiento Nacional (MHP), totalmente contrario a las reivindicaciones kurdas, ha acusado a la Junta Central de hundir a Turquía en el caos político. El socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), de orientación laica, kemalista y que tiene 135 escaños, ha responsabilizado al AKP de la situación, acusándole de no haber eliminado la barrera del 10 por ciento que impide al BDP presentarse a las elecciones como partido político.
La situación creada ha llevado al primer ministro, el islamista Tayip Erdogán, a presidir una reunión al máximo nivel con sus principales asesores electorales, solicitando a los candidatos del bloque que acudan al Parlamento y que intenten encontrar una solución dentro de la cámara. Algunos analistas turcos recuerdan que el año 2002 se produjo una situación similar. Entonces la víctima era el hoy primer ministro en funciones, que por razones parecidas, no pudo entrar como parlamentario en la Asamblea Nacional. Una reforma legislativa “ad hoc” hizo posible repetir las elecciones en el distrito de Siirt, permitiendo así a Erdogán recoger su acta de diputado varios meses después de las elecciones parlamentarias.
