HRW denuncia la persecución contra los trabajadores de la Salud en Bahréin

Imagen de las protestas registradas el pasado sábado en Sitra (Bahrein) tras la muerte de una mujer discapacitada durante unos disturbios. / Mazen Mahdi (Efe)

El chaval llegó con 100 impactos de perdigones en su maltrecho cuerpo. "Si hubieran sido disparados a media o larga distancia apenas habrían sido peligrosos, pero a corta distancia pueden ser letales". Y ese era el caso de aquel joven recién llegado a un hospital de Bahréin durante los peores días de la represión contra las protestas pacíficas que exigían libertad. "Tenía hemorragias internas. Cuando le vio el doctor decidió que había que operar de inmediato, pero no tenían reservas de sangre de su tipo. Y ahí llegó el dilema para la familia. ¿Qué hacer? ¿Llamar al hospital Salmaniya, que estaba tomado por las fuerzas de Seguridad, para que les enviaran bolsas o llevárselo a casa e intentar curarle allí de los 100 perdigonazos?" , explica Faraz Sanei, investigador de Human Rights Watch destinado en Bahréin durante las peores semanas de la represión para testimoniar posibles violaciones de los Derechos Humanos en el reino del Golfo.

Y vaya si las encontró, como aquel día que se topó con la realidad de la represión contra los médicos en un centro sanitario del país árabe. "El joven estaba muy grave, llamaron al hospital. Antes de que se dieran cuenta aparcaron cinco todoterrenos blancos en la puerta del centro médico: 10 policías se bajaron, se fueron directos al joven, le insultaron y comenzaron a arrastrarle hacia los coches. El médico se negó, imploró, dijo que necesitaba atención médica extremadamente urgente, pero fue ignorado. Nunca más supimos de él".

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Al día siguiente, Faraz vio la misma escena en otro hospital del diminuto país del Golfo rico en petróleo, sede de la V Flota norteamericana, aliado estratégico de la todopoderosa Arabia Saudí, a quien nadie se atreve a cuestionar a pesar de las execrables violaciones de los Derechos Humanos amparadas en el estado de emergencia que está cometiendo para acallar a la mayoría chií, el 70% de la población, discriminado hasta límites insospechados.

"Los problemas no han empezado en 2011, pero lo que hemos estado viendo en el último año ha sido un claro retroceso después de un relativo periodo de aperturismo", señalaba ayer Joe Stork, viceresponsable de HRW para Oriente Próximo, en referencia a las tensiones sectarias que ha vivido Bahréin a lo largo de décadas, donde los chiíes se han levantado en no pocas ocasiones en contra de la discriminación. "Represión, torturas, arrestos, procesos judiciales injustos, tribunales politizados...". Stork y su equipo presentaron ayer en Beirut el informe Objetivos en castigo: ataques contra médicos, manifestantes heridos e instalaciones médicas, un detallado informe donde denuncian "ataques sistemáticos" contra la comunidad sanitaria, que no aislados, y que estarían teniendo un "impacto devastador" en el acceso a la atención médica. En otras palabras, los bahreiníes tienen pavor a los hospitales porque saben que en ellos pueden ser detenidos, torturados o delatados a las fuerzas de Seguridad, sobre todo si sus heridas han sido producidas durante una protesta contra el régimen.

El informe de HRW se centra en cómo respondió la dictadura a las protestas pacíficas en lo que a la comunidad sanitaria se refiere. Los primeros incidentes se produjeron a mediados de febrero, cuando la plaza de la Perla comenzaba a llenarse de manifestantes que exigían reformas democráticas e igualdad para todos los ciudadanos, chiíes o suníes. En la primera intervención policial, los agentes no permitieron el paso a las ambulancias. "Gradualmente, asistimos a ataques más amplios como la toma de instalaciones médicas. A mediados de febrero, se restringía el acceso a centros médicos. A mediados de marzo [cuando se produjo el desalojo violento de la plaza] se atacaron ambulancias. Obtuvimos nueve testimonios de paramédicos que denunciaban cómo se les impidió evacuar a los heridos además de haber sido asaltados físicamente, amenazados o insultados por las fuerzas de Seguridad".

A ello siguió la toma militar de los hospitales como Salmaniya, el principal de Bahréin -todavía son de infausto recuerdo las fotografías de militares encapuchados custodiando los inmaculados pasillos del hospital, "una imagen que no debería producirse en ningún hospital del mundo", lamentaba el responsable de comunicación regional Omar al Issawi- o el hostigamiento de centros médicos como el de Sitra, donde "las fuerzas de Seguridad lanzaron botes de gas y dispararon balas de caucho en la dirección del ambulatorio, que fue rodeado por un cierto periodo de tiempo". "Aquello tuvo un impacto devastador en el suministro de la atención médica porque mucha gente está ahora aterrorizada ante la idea de acudir al hospital por miedo a convertirse en objetivo de los militares". En este sentido, Faraz recordó cómo la sexta planta del hospital Salmaniya "se convirtió en una suerte de lugar de detención donde eran desplazados algunos heridos tras ser segregados de otros" en la sala de urgencias.

Después vino la ley de emergencia y la invasión de tropas del Golfo, y con ello el arresto y la tortura o maltrato de pacientes relacionados con las protestas, interfiriendo en la labor de los doctores, centrados en salvarles la vida. Después vendría la vasta campaña de detenciones de médicos y enfermeros, "arrestos arbitrarios", lo llama HRW, en lo que supone toda una campaña de persecución de profesionales del sector de la Salud. Han sido acusados en algunos casos de expandir falsos rumores o insultos, en otros casos de delitos graves como negar atención a los heridos suníes. "Si eso es así, las autoridades deberían garantizar un juicio justo para que puedan defenderse". Cosa que no está ocurriendo, ya que los tribunales militares se encargan de todos los procesos en este contexto de represión y los acusados ni siquiera suelen tener acceso a un abogado.

"La comunidad médica está siendo juzgada por lo que ha dicho, por hacer su trabajo, por ser críticos con el Ministerio de Salud, por aportar detalles de lo ocurrido a las ONG y a los periodistas", concluye Sanei. El documento fue presentado en Beirut "sólo por una razón: porque no puede ser presentado en Manama", dijo Stork en referencia a la capital bahreiní. El régimen de los Al Khalifa, en el poder desde hace 200 años, niega la entrada a HRW desde el pasado mes de abril. "Desde 1999 hasta el pasado abril trabajamos en Bahréin sin interferencias, ahora nos exigen un visado que nunca nos conceden. Eso coloca a Bahréin en el mismo nivel que Arabia Saudí, Siria o Irán en cuanto a sus relaciones con las ONG", destacó Stork.