Denuncian al Ejército de Turquía por utilizar armas químicas contra el PKK

Coincidiendo con el 27 aniversario de la guerra entre el PKK y el Gobierno de Ankara, la Asociación turca de Derechos Humanos IHD y la asociación Meya-Der han acusado al Ejército turco de violar en este conflicto todas las convenciones internacionales, incluida la que prohíbe el uso de armas químicas.

Hace 27 años, el 15 de agosto, guerrilleros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) asaltaron los puestos militares de Eruh y Semdinli. Desde entonces, el tercio más oriental del país sufre una guerra no declarada en la que han muerto ya más de 30.000 personas, la mayor parte civiles. El PKK, inicialmente,  reclamaba la independencia de las provincias habitadas por los kurdos; en la actualidad, exige una autonomía semejante al modelo español.

De acuerdo con la agencia Firat, Raci Bilici, de IHD, explicó antes de presentar su denuncia ante la Fiscalía de Diyarbakir que en esta “guerra sucia no se ha respetado ninguno de los convenios internacionales” firmados por Turquía. Refiriéndose sobre todo al trato dado a los militantes del PKK muertos en combate, Bilici dijo que “no ha habido el menor respeto a la integridad de los cuerpos”, registrándose casos en los que se les ha arrancado los brazos, cortado las cabezas, quemado y enterrado en fosas comunes todavía sin localizar.

El portavoz de esta asociación asegura que muchas familias tienen serias dudas sobre la forma en que realmente murieron sus allegados ya que existen cuerpos sin rastro alguno de haber recibido disparos. En otros, añadió Bilici, hay suficientes muestras para pensar que se han visto afectados por armamento químico, anunciando la IHD que tienen previsto presentar próximamente un informe específico sobre el uso de este tipo de armas prohibidas.

Durante todos estos años, han sido numerosas las acusaciones realizadas por la guerrilla kurda sobre la utilización de armamento químico por parte del Ejército turco y sobre prácticas que recuerdan las fotografías que se realizaban los marines norteamericanos con cadáveres del Vietcong durante la guerra de Vietnam. La última coincidió con el nombramiento del general Necdet Ozel, jefe de la Jendarma y hombre de confianza de Tayip Erdogán, como máximo mando de las fuerzas armadas turcas después de que dimitiera toda la cúpula militar a comienzos de mes.

La emisora Roj TV emitió vía satélite unas imágenes, captadas por un soldado, en las que se ve a Necdet Ozel conversando con otro mando del principal cuerpo implicado en la lucha contra el PKK. Este mando, de acuerdo con la transcripción realizada por Roj TV, informa al hasta hace poco máximo responsable de la Jendarma de algunos detalles de un combate entablado en una escarpada cueva próxima a la aldea de Ballicaya. En sus explicaciones, dice que los guerrilleros, entre ellos varias mujeres, habían caído bajos los efectos tóxicos de las bombas lanzadas dentro de la cueva.

Otras imágenes, en este caso fotografías correspondientes a otro enfrentamiento en  septiembre de 2009, fueron analizadas hace un año por forenses del Hospital Universitario de Hamburgo y también por Hans Baumann, experto en trucaje y manipulación de imágenes, concluyendo que las fotografías eran auténticas y que en ellas se veían marcas que generalmente dejan en los cuerpos los productos químicos.

Entonces, Clara Roth, del partido Los Verdes, exigió al Gobierno de Ankara una investigación como también lo ha hecho en los últimos años de forma  reiterada Akin Birdal, parlamentario turco por el BDP. Según Birdal, existen sospechas suficientes de que los métodos utilizados en esta guerra no respetan ni la legalidad nacional ni los convenios internacionales vigentes.

Ante estas denuncias, el Gobierno de Tayip Erdogán guarda silencio, se limita a decir que se trata de “pura propaganda del PKK” o declara, como hizo el Ministerio de Asuntos Exteriores ante las quejas alemanas, que el Ejército turco no tiene ni armas químicas ni biológicas ya que está comprometido por el Convenio internacional sobre Armas Químicas. Teniendo en cuenta este tipo de respuestas, Akin Birdal dijo estar convencido de que al actual primer ministro turco “no le interesan los derechos humanos”, al menos en su país.

Ahora la exigencia de una investigación con la participación de expertos en la materia y miembros de organizaciones de derechos humanos llega a la Fiscalía gracias a la denuncia de IHD, quedando en manos del Gobierno de Erdogán que se abra por fin una investigación o que continúe el silencio y la desinformación como hasta ahora.