El Gobierno de Turquía cierra el año 2011 con un centenar de periodistas tras las rejas
Las últimas redadas contra la prensa en Turquía han provocado una lluvia de condenas internacionales. En apenas unas horas, el pasado 20 de diciembre fueron detenidos 42 periodistas o trabajadores vinculados a medios de comunicación en ocho ciudades bajo la acusación de pertenencia a un grupo terrorista. Sumando estas detenciones a los otros 66 colegas que ya se encontraban en prisión antes de esta redada, Turquía terminará el año 2011 con un centenar de periodistas tras las rejas.
Desde que se conoció la noticia de estas detenciones, los comunicados de protesta no han dejado de difundirse por las redes sociales: Reporteros Sin Fronteras, el Comité internacional para la Protección de los Periodistas, la Plataforma en Solidaridad con los Periodistas Presos, el PEN Club, un centenar de periodistas y escritores suecos, el prestigioso pensador y sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein… incluso han protestado Dunja Mijatovic, responsable en esta materia de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y Peter Sano, portavoz de la Comisión para la Ampliación de la Unión Europea.
La mayor parte de los detenidos pertenecen a la agencia de noticias Dicle (trece de los apresados), más conocida por las siglas DIHA, y al diario Ozgur Gundem (cinco), ambos medios vinculados a los movimientos opositores kurdos. Las redadas se llevaron a cabo en las ciudades de Istanbul, Ankara, Izmir, Urfa, Adana, Diyarbakir, Sirnak y Van, y en los registros, la policía se incautó de los ordenadores utilizados para su trabajo.
Por ejemplo, en el diario Ozgur Gundem, copiaron los discos duros y toda la información de los ordenadores, llevándose diverso material informático que impidió la salida del periódico. Según han informado a Cuartopoder los responsables de este rotativo, otro periódico de tendencia socialista les ha permitido imprimir durante estos días cuatro páginas para poder acudir a la cita con sus lectores.
Se da la curiosa circunstancia de que en la ciudad de Van, todavía no recuperada del fuerte terremoto que sufrió el 23 de octubre, los agentes registraron la tienda de campaña en la que la agencia DIHA había instalado provisionalmente su oficina, ya que su sede, como miles de edificios, quedó destruida por el seísmo.
Pero no solo esta agencia, caracterizada por su compromiso por las libertades políticas y el derecho a la información, ha sido víctima de la amplia redada de la policía turca. También se han realizado registros en la agencia Etik y la revista Demokratik Modernite. Igualmente han sido detenidos periodistas de otros rotativos, como Vatan, Birgun e, incluso, Mustafá Ozer, un fotógrafo que trabaja para la agencia internacional France Presse, que, posteriormente, quedó en libertad sin cargos. En total, de los 42 detenidos, seis han quedado en libertad y los otros 36 han sido enviados a prisión, las mujeres a la de Bakirtoy y los hombres a la de Matris, ambas en Istanbul.
La acusación formal para justificar estas detenciones, según han informado las autoridades, consiste en que todos ellos formarían parte del comité de “prensa y propaganda” de la denominada Unión de Comunidades del Kurdistán (KCK), considerada por el Gobierno de Erdogán el brazo político del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un grupo armado que lucha contra Ankara desde el año 1984 y que figura en las listas de organizaciones terroristas de EEUU y la Unión Europea.
El problema estriba en que en Turquía, de acuerdo con la actual ley antiterrorista y más concretamente con el artículo 301, cualquier opinión contraria al carácter turco del Estado puede convertirse en delito, por lo que muchos periodistas y escritores que defienden los derechos del pueblo kurdo terminan siendo procesados y encarcelados de acuerdo con esta ley.
A eso se ha referido repetidamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera este y oros artículos de la citada ley contrarios a la Convención Europea en esta materia. Por su parte, Dunja Mijatovic, la portavoz de la OSCE para los temas relacionados con la libertad de expresión, dice sobre estas redadas que “aunque los gobiernos tienen el incuestionable derecho a luchar contra el terrorismo, esto se debe hacer sin silenciar a la prensa y garantizando el derecho de la opinión pública a estar informada, un derecho que incluye informar sobre temas sensibles como el terrorismo”.
Para Reporteros Sin Fronteras, “las autoridades turcas deben poner fin a su intento de criminalizar el periodismo” y de “coartar la diversidad de opiniones bajo la excusa de luchar contra el terrorismo”. Posiciones semejantes ha planteado el Comité internacional para la Protección de los Periodistas, con base en Nueva York, a través de su responsable para Oriente Medio y Norte de África, Abdel Dayem, que ha exigido al Gobierno de Tayip Erdogán que aclare exactamente por qué se han llevado a cabo las detenciones y explique con claridad los cargos de los que se acusa a los detenidos. En relación con este asunto, el pasado 10 de diciembre Amnistía Internacional realizó una recogida de firmas en cincuenta localidades españolas para protestar contra el acoso a la libertad de expresión en todo el mundo, destacando las violaciones de este derecho en Siria, Corea del Norte y Turquía.
Los responsables del periódico Ozgur Gundem, que ha sido clausurado en repetidas ocasiones, han aprovechado la ocasión para recordar que, desde su fundación a comienzos de los noventa, 76 de sus periodistas, escritores o trabajadores han sido asesinados. En su comunicado, solicitan la solidaridad de los colegas en otros países ya que, según afirman, “vuestra solidaridad será una fuente de esperanza para quienes intentan seguir practicando el periodismo bajo estas circunstancias”.
