Masacres, torturas y detenciones masivas hunden el prestigio de Tayip Erdogán
Tayip Erdogán, primer ministro de Turquía y referente para los nuevos movimientos islamistas de la “primavera árabe”, termina el año 2011 con una acumulación de escándalos que hunden su prestigio internacional, sobre todo en materia de derechos humanos. Además de las decenas de muertos por los bombardeos en el norte de Irak, algunos de ellos con claras muestras de haber usado armas químicas, el pasado año se presentaron cientos de denuncias por torturas mientras que el Instituto Internacional de Prensa (IPI) acaba de declarar a su Gobierno “enemigo de la libertad de expresión”, debido a las últimas redadas contra los medios de comunicación en su país.
A ello hay que unir el resumen anual difundido por la Asociación de Derechos Humanos (IHD) recogiendo datos correspondientes al periodo que va desde enero hasta finales de noviembre. En este informe, la IHD afirma que su política de “tolerancia cero” contra la tortura también ha quedado convertida en “papel mojado”. En esos once meses, fueron 473 las denuncias presentadas por personas que aseguran haber sido sometidas a tortura o maltrato por autoridades dependientes del Gobierno.
Las citada asociación reconoce, sin embargo, que han disminuido los casos de tortura infligidas a los detenidos en comisarías o centro oficiales mientras se han incrementado las realizadas fuera de los centros de detención, por ejemplo dentro de vehículos, en el curso de la represión de manifestaciones o concentraciones y en lugares diversos. Igualmente informan que son muchos los casos en los que la Fiscalía no actúa de oficio y que, cuando las víctimas logran llevar a los torturadores ante la Justicia, los procesos se suelen alargar indefinidamente y las condenas, por lo general, suponen la absolución o las mínimas penas establecidas en el Código Penal para este tipo de delitos.
También destaca el informe que, durante el año ya concluido, una veintena de personas han sido asesinadas aparentemente en ejecuciones extrajudiciales, mientras que en el mismo periodo se han registrado una treintena de muertes dentro de las cárceles en extrañas circunstancias y otras cuatro mientras las víctimas estaban bajo custodia en comisarías. A estas cifras habría que sumar los 35 contrabandistas muertos en la frontera turco-iraquí debido a un “error operacional” y los dos jóvenes muertos en un “enfrentamiento” con la Policía en la ciudad de Diyarbakir el último día del año.
De forma especial, el informe insiste en la persecución judicial contra determinadas personas o colectivos por ejercer el derecho a la libertad de expresión. En concreto, se cita el procesamiento de 25 dirigentes de la Confederación Sindical de Empleados Públicos (KESK), uno de los sindicatos más combativos de Turquía, de militantes izquierdistas y, sobre todo, de miembros del Partido por la Paz y la Democracia (BDP), que representa los intereses políticos y culturales de la población kurda.
De acuerdo con sus cálculos, durante este año unas 5.000 personas habrían sido detenidas en relación con el proceso KCK, siglas que responden a la Liga de Comunidades Kurdas, una iniciativa que plantea la autogestión en las zonas habitadas por los kurdos pero que el Gobierno considera, simplemente, la tapadera política del PKK, catalogado como terrorista tanto en Turquía como en EEUU y la UE.
En el marco de este proceso judicial, han sido apresados decenas de periodistas y escritores a los que se aplica la Ley Antiterrorista, de forma especial el artículo 301 que preserva legalmente contra cualquier intento de cuestionar el carácter unitario y turco del Estado. La IHD cita el caso concreto del escritor y conocido editor Ragip Zarakolu, que fue detenido junto a Busra Ersanli, profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Mármara el 1 de noviembre. Zarakolu se ha distinguido por su compromiso con la causa armenia, sobre cuya cultura y literatura ha escrito varios libros.
Miembro honorario de la IHD, la organización Reporteros Sin Fronteras ha exigido su puesta en libertad, habiéndose formado en Turquía un comité específico para lograr su liberación apoyado por la Asociación de Editores y el Sindicato de Escritores. Premio Libertad de Edición por la Asociación Internacional de Editores el año 2008, no pudo asistir a la ceremonia en la Feria del Libro de Frankfurt debido a que el Gobierno le ha retirado el pasaporte como consecuencia de los numerosos procesos judiciales abiertos contra él. Zarakolu, como la profesora Busra Ersanli, continúan en la cárcel bajo la acusación de pertenecer a una organización terrorista.
En referencia a este y otros casos semejantes, la Asociación de Derechos Humanos solicita que en el caso de que reforme la Carta Magna, como ha anunciado Erdogán, la nueva Constitución garantice las libertades básicas, en especial la de expresión, sin ningún tipo de reservas, ya que, en la actualidad el Código Penal, según la IHD, recoge al menos catorce restricciones de este derecho fundamental.
