Una «revolución cultural» purifica las universidades iraníes de las voces críticas
“En las universidades no hay sitio para los críticos. La Universidad es un lugar de apoyo al régimen y al Gobierno”. Con estas palabras, atribuidas a Kamran Daneshju, ministro iraní de Ciencia, Tecnología e Investigación, se resume lo que el Consejo para la Defensa de la Educación denomina “revolución cultural” puesta en marcha por el Gobierno de Ahmadineyad para limpiar de opositores los campus universitarios de Irán.
De acuerdo con un informe que acaba de publicar este Consejo, se cuentan por cientos los estudiantes iraníes privados del derecho a la educación superior o que, sencillamente, han sido expulsados de la Universidad debido a sus posiciones críticas hacia la República Islámica. Muchos de ellos, además, han sido detenidos y encarcelados.
Según este informe, la campaña de purificación universitaria es una lógica consecuencia del pensamiento reaccionario de Daneshju, una persona partidaria de separar hombres y mujeres en las aulas y que ha manifestado su preocupación por la amenaza que las ideas liberales suponen para la islamización de las universidades.
Aunque incluye datos anteriores, el documento constata que esta política de exclusión se ha intensificado en los tres últimos años, debido a la fuerte implicación del sector universitario en las movilizaciones contra el régimen, sobre todo tras las fraudulentas elecciones presidenciales de junio de 2009. Como es conocido, el núcleo central del Movimiento Verde, surgido en las protestas contra ese fraude, está compuesto por activistas universitarios, habiéndose convertido algunos de ellos en verdaderos símbolos de resistencia popular.
Entre los nombres más conocidos destaca el de Neda Agha Soltan, la estudiante de Filosofía de 19 años que murió el 20 de junio de 2009 al ser alcanzada por un francotirador durante las multitudinarias manifestaciones de Teherán. También Sane Jalé, otro joven de 26 años y matriculado en la Escuela Superior de Arte, es recordado en los posters del Movimiento Verde con un disparo en la cabeza para representar la dura represión de las protestas estudiantiles a manos de los pasdaranes (guardianes de la Revolución) y de los basijis (paramilitares voluntarios) el mes de febrero de 2011.
El informe del Consejo para la Defensa de la Educación responsabiliza de estas medidas a los llamados “Comités Disciplinarios”, que existen en todas las universidades, y a las Comisiones Calificadoras (Sanjesh), que se encargan de evaluar a quienes desean entrar en una facultad o escuela técnica superior.
En este sentido, se citan casos en los que estudiantes cuyos nombres ya figuraban en las listas oficiales de admitidos justo antes de celebrarse las presidenciales de junio de 2009, en el mes de septiembre del mismo año habían desaparecido de las listas pese a que alcanzaban las calificaciones exigidas para elegir carrera universitaria. Esas mismas personas ya ni siquiera figuraban como aspirantes en 2010 y 2011.
“Durante este periodo –señala textualmente el Consejo- cientos de universitarios han sido temporalmente privados de su derecho a la educación”, incumpliendo de esta forma varios artículos de la propia Constitución de la República Islámica. El informe cita pormenorizadamente los apartados de la Carta Magna que son violados con estas medidas, ya que, teóricamente, la Constitución iraní impide la discriminación por razones políticas y religiosas. Por el contrario, el documento destaca que en la Constitución no figura el Consejo Supremo de la Revolución Cultural, de gran poder y responsable, en última instancia, de las directrices depuradoras que llegan a los comités disciplinarios.
También es pormenorizada la lista de universidades donde, durante estos tres años, se han aplicado estas medidas, destacando las de Amirkabir (40 estudiantes), Ferdowsi (30), Mazandarán, Noshirvan y Elmosan, cada una de estas tres últimas con 20 jóvenes expulsados. En total, el informe cita 23 centros de enseñanza superior con una media de una decena de estudiantes afectados, aunque aclara que estas cifras son solo indicativas, ya que situaciones semejantes se pueden encontrar en todos los campus iraníes.
Igualmente, se reproducen decenas de nombres de estudiantes que, además de perder la carrera, fueron procesados y sentenciados a penas de prisión, entre ellos algunos de quienes crearon el Consejo para la Defensa de la Educación el año 2008.
Por ejemplo, Majid Dorri, uno de sus fundadores, se encuentra en la cárcel de Behbahan tras ser arrestado en julio de 2009 y sentenciado a seis años de cárcel. Por su parte, Mahdieh Golru, otro de los fundadores, acaba de ser liberado después de permanecer casi tres años tras las rejas, mientras que Seyed Zia Nabavi –igualmente fundador- fue enviado a la prisión de Korun, en Ahvaz, al sur del país.
Seyed fue detenido en junio de 2009 y acusado de vínculos con los Muyahidines del Pueblo, un grupo catalogado como terrorista y cuyos militantes, por lo general, son castigados con la pena capital. Durante el juicio, los propios servicios de inteligencia confirmaron que Seyed había rechazado las ofertas de colaboración que, supuestamente, le habían llegado de esa organización clandestina. En una carta dirigida a Sadeq Larijani, máxima instancia de la Justicia iraní, Seyed muestra su sorpresa por la lógica del tribunal que lo sentenció por “contactos y cooperación con los Muyahidines del Pueblo”: “Pensaba que este rechazo iba a ser una evidencia a mi favor y resulta que se utiliza como prueba para imponerme una condena de 10 años de cárcel”.
