28 presos políticos kurdos esperan la horca en los corredores de la muerte de Irán

De acuerdo con un informe difundido a finales de julio por la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, al menos 28 activistas kurdos esperan en el corredor de la muerte tras ser condenados a la horca por los tribunales “revolucionarios” de la República Islámica.

Estos presos políticos se encuentran, según este informe, en las cárceles de Sanandaj, Urmie, Semnan, Rajai, Shahr y Saquez, habiéndose confirmado la sentencia en 17 casos mientras que los otros 11 militantes todavía esperaban la respuesta a sus respectivos recursos. La citada organización humanitaria advierte que la cifra podría ser mayor debido a la falta de información tanto por parte de las autoridades como de las familias de otros acusados.

Entre los que tienen la sentencia ratificada se encuentran Habibollah Latifi, Rashid Ajkandi, Mustafa Salimi, Sirko Moarefi, Habibollah Golparipur, Zanyar Moradi y Lokman Moradi, mientras que estarían a la espera de la confirmación por las respectivas salas de apelación Samku Jorsidi, Sirvan Nazhavi, Ibrahim Isapur, Razgar Afshari, Ali Afshari, Hushang Razei, Reza Ismaili, Behruz Aljani, Sayed Sami Huseini, Sayed Jamal Mohamadi y Bajtiar Memari. Diez reos más, de los que no se citan los nombres, estarían adscritos a movimientos salafistas sin que se conozcan las circunstancias ni las razones de tal adscripción.

Los kurdos iraníes –más de nueve millones de los casi cuarenta distribuidos por Turquía, Irán, Irak y Siria- cuentan con una larga tradición de lucha por la autonomía, destacando entre las principales fuerzas políticas el Partido Democrático del Kurdistán de Irán, el PJAK –un grupo armado vinculado al PKK de Turquía- y Komala (Sociedad), que funciona como la rama kurda del Partido Comunista iraní. Los tres se oponen radicalmente al integrismo y mantienen posiciones ideológicas de izquierda.

En la mayor parte de estos casos, la pena capital se impone porque las autoridades consideran a los reos “enemigos de Dios” en tanto que habrían apoyado acciones armadas para derribar el Gobierno de la República Islámica. La Campaña Internacional destaca las graves irregularidades que ha observado en los respectivos procesos judiciales. Así, en algunos casos los juicios apenas duran unos minutos; en la casi totalidad, las declaraciones sobre las que se basa la acusación han sido obtenidas bajo tortura, se ha restringido notoriamente la labor de la defensa, no se han tenido en cuenta las explicaciones de los encausados ante el tribunal y, sobre todo, se han rechazado los testimonios y pruebas solicitadas por la defensa.

Esto es, por ejemplo, lo que le ocurrió al abogado de Habibollah Latifi cuando intentó demostrar que su cliente no estaba en el lugar de los hechos sino en casa de una familia donde se escondía. Solicitó que declararan los miembros de esa familia pero el tribunal se lo negó, igual que rechazó interrogar a quienes aseguraban que Latifi estaba implicado en una acción “terrorista” del PJAK.

Ratificada la pena capital, Latifi debía ir al cadalso el 26 de diciembre de 2010 pero la ejecución fue aplazada “in extremis” debido a la intercesión de Jalal Talabani, presidente de Irak y también kurdo, que pidió personalmente clemencia al presidente Ahmadineyad durante una visita oficial a Teherán.

A Sirko Moarefi de nada le sirvió demostrar que su partido –Komala- hacía años había abandonado la lucha armada y que solamente realizaba actividades de carácter político y sindical. Como si de una broma macabra se tratara, este militante comunista fue condenado a la horca el Día de los Trabajadores, el 1 de mayo de 2011, durante una sesión que apenas duró unos minutos.

A Habibollah Golparipur, detenido cuando viajaba de Mahabad a Urmie, le confiscaron varios libros comprometidos que, según su familia, fueron la base de la acusación ya que no se ha podido demostrar su vinculación con ningún grupo armado. Iniciada una huelga de hambre en protesta, las autoridades solamente permitieron a su madre, Kolsum Tari, que se pusiera en comunicación con él por teléfono, advirtiéndole previamente que debía hacerlo en farsi, la lengua oficial de Irán. Al explicar que no sabía bien farsi porque era kurda, le respondieron que, en ese caso, no tenía derecho a la comunicación. “Cuando aprendas farsi podrás hablar con él”, explica Kolsum que le contestaron antes de colgarle el teléfono.

Aún más dramática es la historia de Zanyar Moradi, detenido con 20 años y acusado, tras 17 meses de reclusión sin cargo alguno, de haber asesinado al hijo del imam de Mariván. Zanyar había pasado toda su niñez en el exilio de Irak, a donde huyó su padre, Ekbal Moradi, tras pasar cinco años en la cárcel de Sanandaj por su militancia en el partido Komala. Precisamente para apartarlo de la dura vida en el exilio, sus progenitores decidieron que volviera a casa de unos familiares en Mariván.

Ekbal está convencido de que la sentencia a muerte es solo una venganza del régimen contra él. “Soy militante de Komala –reconoce Ekbal-; he luchado durante 30 años en Irán e Irak. El régimen me busca desde hace mucho tiempo y ha intentado asesinarme en varias ocasiones. Mi hijo no está implicado en actividades políticas; solo se dedica a estudiar y a trabajar. ¿Cómo un joven de 20 años puede cometer un crimen como este? Hasta la familia de la víctima sabe que Zanyar no lo hizo. Su detención y cargos no son más que una venganza contra mí. Nunca pude imaginar que el régimen estuviera tan podrido como para vengarse con un niño”.