“El pasado 9 de octubre, escuché una gran explosión seguida de explosiones más pequeñas que provenían de la zona de Shelakh, al norte de Taftanaz. Fuimos a ver qué había pasado. Vimos una gran bomba cortada en dos y muchas [submuniciones] que no habían explotado. Yo mismo encontré una que no lo había hecho. Había pequeños cráteres en el suelo. Los cráteres estaban dispersos, esparcidos en unos 300 metros”.
Este testimonio, correspondiente a un vecino de la localidad de Taftanaz (provincia de Idlib), es una de las entrevistas con ciudadanos sirios realizadas por Human Rights Watch que sustentan la última acusación de la ONG contra el régimen sirio: el uso de bombas de racimo, una munición indiscriminada y prohibida por las convenciones internacionales, contra su propia población civil.
Apoyada en 18 vídeos colgados por activistas en YouTube y en las declaraciones de residentes contactados por la organización, HRW ha concluido que el régimen de Bashar Assad ha empleado este tipo de armamento los pasados meses de julio y agosto y que volvió a usarlo a principios de octubre en la estratégica zona de Maarat al Nauman, hoy en manos de los rebeldes tras fuertes combates según la oposición, una ciudad clave para las líneas militares dado que está situada en la autopista que une Damasco y Alepo.
Los vídeos de ciudadanos locales que circulan por la red han permitido a los expertos militares de Human Rights Watch verificar el tipo de armamento empleado. Se trata de bombas de racimo RBK-250 y bombas de fragmentación AO-1Sch de fabricación rusa, una munición que ya se sabía en disposición del régimen de Damasco. El artefacto consiste en un contenedor que alberga entre decenas y centenares de submuniciones que actúan como pequeñas minas individuales: cuando la carcasa cae a tierra, libera explosivos de menor tamaño que quedan diseminados en un radio determinado y que explotan al contacto. Aquellos que no detonan en el momento se convierten en potenciales minas antipersona: sus colores y formas, a menudo llamativos, atraen con facilidad la curiosidad de los más pequeños.

“Las municiones sin explotar que dejan las bombas de racimo suponen un gran peligro para la población civil, que a menudo parece no darse cuenta de la facilidad con la que estas submuniciones podrían explotar", lamentó Steve Goose, experto en armamento de HRW. “Es necesario que el Gobierno actúe de forma urgente para explicar a la población los riesgos y para facilitar la limpieza [de las zonas afectadas]”, añadió.
Los activistas han grabado este tipo de submuniciones en varias zonas del país: en un vídeo captado en julio, las bombas de racimo habían sido lanzadas contra la provincia de Hama; un mes más tarde, una grabación confirmaba su uso en la localidad de Talbiseh, en la provincia de Homs, y en Abu Kamal, en Deir al Zor. En los últimos vídeos sobre este problema, se pueden ver restos de submuniciones en las localidades de Tamanea, Taftanaz, Al Tah, Maarat al Numan (todas en la provincia de Idlib), en Buaida y Sallumiyeh, en la provincia de Homs, en Tel Rifaat, en la provincia de Alepo, así como en la provincia de Latakia y en la localidad de Ghouta, cerca de Damasco. Siria nunca firmó la Convención para la Erradicación de las Bombas de Racimo que prohíbe su uso, almacenamiento, cesión o venta, como tampoco lo han hecho Rusia, China, Estados Unidos o Israel.
“El desprecio de Siria por su población civil ya era demasiado evidente por sus campañas aéreas, pero ahora aparentemente incluyen el lanzamiento de estas mortíferas bombas de racimo en áreas pobladas”, ha señalado Goose. “Estas bombas han sido ampliamente prohibidas por la mayoría de las naciones y Siria debería cesar inmediatamente el uso de un arma indiscriminada que continúa matando por muchos años”.
Resulta poco probable que lo haga, dada la estrategia militar seguida por el régimen de Bashar Assad desde el inicio de la revolución que desembocó en guerra civil, hace ya 19 meses. Los bombardeos aéreos, la artillería pesada contra población civil, el uso de escudos humanos, bombas de clavos y barriles de dinamita y la destrucción de ciudades enteras como Homs, Hama o Alepo, así como los cercos impuestos contra núcleos civiles, parecen diseñados para infligir un daño mucho más profundo a la población que a los alzados en armas, una suerte de castigo colectivo que tantos y buenos resultados han dado, en el pasado, a potencias como Estados Unidos o Israel en sus campañas contra Irak o Gaza.