La huelga de hambre de los presos políticos kurdos se extiende por toda Turquía
Para el Gobierno de Erdogán no hay tregua que valga. Por si no fueran suficientemente graves los problemas generados por la guerra siria –avalancha de refugiados, creciente tensión bélica con Damasco, enfrentamiento diplomático con Moscú e Irán…- y el descontento militar por el “caso Ergenekon”, ahora le ha estallado una huelga de hambre “indefinida e irreversible” de presos kurdos que se está extendiendo por toda Turquía.
Se trata de un verdadero órdago al Estado, ya que las reivindicaciones de los huelguistas difícilmente pueden ser asumidas por el Gobierno de Ankara: enseñanza en la lengua materna, admisión del kurdo en los procesos judiciales, reconocimiento de los derechos democráticos de este pueblo y, sobre todo, la libertad de Abdulá Ocalán, el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), cuyas guerrillas también han intensificado recientemente su ofensiva contra el Ejército turco.
La huelga comenzó en media docena de cárceles el 12 de septiembre, inicialmente con 63 internos (13 de ellos mujeres), a los que se han ido sumando otros presos en oleadas; la primera, el 24 de septiembre; la segunda, el 5 de octubre y la tercera entre el 15 y el 17. Pasados 45 días de los primeros pronunciamientos y cuando la salud de algunos de los reclusos entra ya en una fase que pone en riesgo sus vidas, son ya más de 600 los que se declaran dispuestos a ir hasta el final si las exigencias no son atendidas “de forma inmediata e incondicional”.
El problema estriba en que, teniendo en cuenta la dureza de las posiciones del PKK, es muy probable que cumplan su amenaza y que, llevando su acción hasta las últimas consecuencias, comience el inevitable goteo de muertes. En realidad, Erdogán tiene pocas opciones. Si libera a Ocalán, encerrado a perpetuidad en la isla de Imrali, dará un impresionante balón de oxígeno a un grupo que califica como “terrorista”, perdiendo así una parte del apoyo popular entre la población turca. Si no lo hace, se encontrará con un escenario de disturbios cada vez que se entierre a un huelguista muerto, además de cerrar las puertas a una negociación con el PKK que el Gobierno ya ha aceptado pero que ese partido solo entablará si en la misma participa libremente su líder.
Dentro de las filas gubernamentales, se han alzado voces exigiendo al Gobierno que reaccione. Un destacado parlamentario del gubernamental Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), Galip Ensarioglu, diputado por la populosa ciudad de Diyarbakir, ha pedido a sus dirigentes que hagan un esfuerzo “antes de que ocurra una tragedia”. “No digo que se acepten todas sus demandas sino que hagan algo por esta gente”, añadió Galip al periódico en lengua inglesa Turkish Daily News. Hace poco, el propio primer ministro tuvo que salir al paso de unas declaraciones del máximo responsable policial de Diyarbakir reclamando una solución política al principal problema interno que tiene el país desde hace tres décadas.
Por su parte, la Asociación Médica de Turquía ha advertido al Gobierno de las “irreversibles consecuencias” que sufrirán los huelguistas si no se les administra la sal, el azúcar y la vitamina B1 imprescindibles para que no se produzcan daños irreparables. También informa esta asociación que solicitaron el 15 de octubre una entrevista con el Ministerio de Justicia para tratar esta situación pero que todavía no habían recibido respuesta. De acuerdo con las informaciones facilitadas por algunos de los abogados defensores de los presos, han comenzado a aparecer síntomas de este deterioro, como dolores de cabezas, náuseas, vómitos y diarreas. Amnistía Internacional ha solicitado a Ankara que tome la iniciativa para evitar consecuencias fatales.
El Partido por la Paz y la Democracia (BDP), al que pertenecen la mayoría de los reclusos, ha realizado un llamamiento a la opinión pública internacional denunciando la “masacre política” que supone la detención de miles de miembros de organizaciones no gubernamentales, sindicalistas, cuadros del partido, concejales, alcaldes, parlamentarios y periodistas.
El BDP tuvo que celebrar recientemente un congreso extraordinario para cubrir medio centenar de vacantes en puestos relevantes dentro del partido debido a que esos responsables se encontraban tras las rejas. Solo en los procesos contra la denominada Unión de Sociedades Kurdas (KCK) se encuentran implicadas 7.000 personas, acusadas de integrar la estructura civil del PKK.
Las manifestaciones de apoyo fuera de las cárceles no se han hecho esperar y miles de personas se han dirigido a las prisiones o, en su defecto, a las oficinas del Gobierno en una veintena de ciudades. En las pancartas y consignas se evidencia el abismo cada vez más insalvable entre las dos partes. Una de ellas, en forma de ecuación matemática, resume la imagen que del partido gobernante, el islamista AKP, se está comenzando a tener en esta región: “Guerra + tortura + muerte = AKP”.
