Irán realiza cientos de ejecuciones secretas para lavar su imagen internacional

Preocupadas por la deplorable imagen exterior que da el elevado número de ejecuciones, las autoridades iraníes están tomando en los últimos años algunas medidas para lavar su cara ante la comunidad internacional. Entre estas medidas se encuentran la decisión, anunciada en su momento de forma oficial, de no llevar a cabo ejecuciones públicas, como era habitual desde que los ayatolás se hicieron con el poder en 1979, pero también, sobre todo desde 2010, ejecutar cientos de sentencias de muerte  en secreto, consiguiendo así maquillar la macabra estadística que la República Islámica de Irán ha llegado a  liderar junto a la República Popular China.

Así lo demuestran los datos suministrados últimamente por varias organizaciones, de forma especial por la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán, pero de los que también se han hecho eco Amnistía Internacional y el relator especial de la ONU en esta materia, Ahmad Shaheed. La última denuncia de esta práctica la realizó a comienzos de noviembre la Asociación española Pro-Derechos Humanos en Irán, a través de su presidenta, Fariba Ehsan, quien, a su vez, se refería a una información suministrada por Amnistía Internacional. Según esta organización humanitaria, durante el año que acaba de concluir y hasta el mes de octubre, 135 de las 344 ejecuciones registradas en ese país no habían sido reconocidas por el Gobierno.

Por las informaciones que suministran las distintas organizaciones, queda en evidencia las grandes dificultades para conocer el número real de estas ejecuciones secretas, no solo por el total hermetismo de las autoridades en esta materia sino porque los máximos responsables del sistema judicial niegan categóricamente esta práctica. De hecho, el jefe de la cúpula judicial, el ayatolá Sadegh Amoli Larijani, aseguró ante los medios de comunicación internacionales en diciembre de 2011 que su oficina, por la que pasan todos los expedientes, no tiene ninguna constancia de ejecuciones irregulares y hasta llegó a ofrecerse para investigar cualquier denuncia que se realizara.

Pese a sus contundentes afirmaciones, la realidad es que esta práctica ha continuado e igualmente la negativa de las autoridades judiciales a explicar o investigar las denuncias que, con nombres y apellidos, se han realizado desde entonces. Las diferentes organizaciones de derechos humanos, ante la imposibilidad de utilizar datos oficiales, basan sus informes en datos significativos conseguidos en algunos centros penitenciarios y sobre los que no les cabe duda de su veracidad.

En este sentido, la Campaña Internacional de Derechos Humanos en Irán se refiere de forma especial a la prisión de Vakilabad, situada en la ciudad de Mashad, al noreste del país, aunque también asegura tener informes de ejecuciones secretas realizadas en otras cárceles, como las de Qom, Taybad, Urmie, Birjand, Karoun y Ghazal Hessar.

De acuerdo con sus cálculos, solo en la prisión de Vakilabad y desde el año 2010 se habrían producido 365 ejecuciones secretas, cuyos detalles habrían sido suministrados anónimamente por personas vinculadas al departamento judicial de Jorasan, encargado de los trámites administrativos para la ejecución de las sentencias en esta cárcel. La Campaña Internacional pone como ejemplo las 101 identidades que consiguió por esta vía de los ejecutados, en cinco tandas, entre el 9 de junio y el 20 de diciembre de 2010, especificando que entre estas personas había una mujer y 16 extranjeros, 14 de ellos afganos, una persona de Ghana y otra de Nigeria.

Por su parte, el Centro de Documentación de Derechos Humanos en Irán calcula que, durante el año 2012, el Gobierno iraní solamente ha reconocido 280 de las 489 ejecuciones que este organismo había conseguido constatar. Durante el año anterior –el 2011- las ejecuciones secretas no reconocidas oficialmente habrían ascendido a 313, de un total de 660 de las que esta organización habría conseguido datos documentados.

Todos estos organismos coinciden en que estos hechos adquieren mayor gravedad si se tienen en cuenta algunas de las circunstancias que concurren en las ejecuciones. La principal de ellas es que la mayoría de los ejecutados están acusados de tráficos o tenencia de drogas, un delito que, de acuerdo con los criterios jurídicos internacionales, no llevaría aparejado, en el caso de admitirse la pena de muerte, una sentencia capital. El citado relator especial de la ONU para los derechos humanos en Irán, Ahmad Shaheed, ha recordado que la pena de muerte, en caso de aplicarse, está reservada por situaciones realmente extremas y a delitos de la máxima gravedad, algo que, obviamente, no concurre en la tenencia y tráfico de estupefacientes. Igualmente representa un grado de crueldad totalmente anormal que muchos de los ejecutados conozcan lo que les espera solo unas horas antes de ser llevados a la horca o que sus familiares y abogados tengan noticia de que la ejecución se ha llevado a cabo mucho más tarde.

A este ocultamiento hay que añadir, además, las muertes no investigadas de presos políticos como también ha denunciado en varias ocasiones la Campaña Internacional por los Derechos Humanos en Irán. El último caso ocurrió el pasado mes de noviembre, cuando los padres del bloguero Sattar Beheshti recibieron el día seis de este mes el certificado de defunción de su hijo sin dar explicación alguna sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Días después, 41 presos políticos de la Sección 350 de la cárcel de Evin, donde se encontraba Sattar Beheshti, publicaron una carta abierta en la que daban toda serie de detalles sobre su muerte, debida, según ellos, a las torturas infligidas por la Policía mientras estaba en esta prisión de Teherán. Beheshti, de 35 años y conocido por sus críticas al régimen, había sido detenido una semana antes, el 30 de octubre, siéndole confiscados su ordenador y otras pertenencias durante el registro que la policía iraní realizó en su casa.