Momento de reforma migratoria
NUEVA YORK.– Estados Unidos comienza a debatir -una vez más- la posible regularización de millones de personas indocumentadas.
El presidente Barack Obama, con un discurso en Las Vegas, Nevada, desveló este martes su propuesta de reforma migratoria integral, tras haber incumplido anteriormente su promesa de impulsarla durante su primer mandato. "Ha llegado el momento", decía Obama, después de que cinco senadores de los partidos Republicano y Demócrata anunciaran un acuerdo preliminar para redactar un proyecto de ley parecido.
Las diferencias entre ambas propuestas son pequeñas, si bien significativas. Las dos abrirían un largo camino hacia la ciudadanía para muchos indocumentados que cumplan determinados requisitos, paguen multas sin especificar y aprendan inglés.
Obama quiere comenzar cuanto antes, mientras que el acuerdo en el Senado condiciona este proceso al cumplimiento de unas difusas metas de seguridad fronteriza. El presidente, además, quiere incluir en la regularización a los indocumentados con una pareja estadounidense de su mismo sexo, algo que no contempla el plan preliminar de la Cámara Alta. Los senadores califican el camino hacia una eventual ciudadanía como "duro, pero justo". La vía de Obama podría ser más rápida. Ambos planes muestran más flexibilidad con la regularización de jóvenes que llegaron al país cuando eran niños y con los graduados universitarios extranjeros con intención de permanecer en Estados Unidos.
Grupos sindicales, religiosos y organizaciones que llevan años luchando por una reforma alabaron la presentación de las diferentes propuestas, expresando un cauteloso optimismo.
Entre los cinco senadores que dieron la rueda de prensa el lunes destacaba la presencia del representante de la Florida, Marco Rubio, de padres cubanos. Rubio llegó a la Cámara Alta hace dos años, con el apoyo del movimiento conservador del partido del té. Se ha convertido en una de las jóvenes promesas del Partido Republicano y en el hispano con mayores posibilidades de postularse a la Casa Blanca en 2016. Hasta el momento no se había mostrado partidario de ofrecer una eventual ciudadanía a los indocumentados.
Sin embargo, los cálculos políticos cambiaron el pasado noviembre, cuando el electorado latino logró un récord de participación en los comicios -el 10 por ciento del total- con un apoyo del más del 70 por ciento a la candidatura del presidente Obama.
Se calcula que hay unos once millones de personas sin papeles en Estados Unidos y que más de la mitad de ellas provienen de países latinoamericanos. Dado el cariz identitario que ha tomado siempre este debate y el hecho de que muchos ciudadanos estadounidenses de origen hispano tienen lazos de familia o amistad con personas indocumentadas, los votantes latinos han castigado en las urnas a aquéllos políticos con posturas contrarias a una regularización. El Partido Republicano ha tomado nota y ha comenzado a suavizar su mensaje durante las últimas semanas.
"El Partido Republicano está perdiendo el apoyo de nuestras ciudadanos hispanos", decía el senador por Arizona John McCain, que hace ocho años co-auspició el último intento real de reforma con el fallecido senador demócrata Ted Kennedy. "Vemos que hay muchos temas en los que pensamos que estamos de acuerdo con nuestros ciudadanos hispanos, pero éste es un tema preeminente para esos ciudadanos", añadió.
Los obstáculos, de todos modos, son numerosos. La Cámara de Representantes es de mayoría republicana y todos sus miembros se enfrentarán a la reelección en noviembre de 2014. Además, la exigencia pautada por el Senado de condicionar el proceso de regularización al cumplimiento de unas dudosas metas de seguridad fronteriza (algo que Rubio exige y critica a Obama por no contemplarlo) podría convertir el acuerdo en irrelevante. Demócratas y republicanos llevan años exigiendo mayores controles en la frontera, un asunto que Obama podría haber ya neutralizado tres batir récords de deportaciones durante los últimos años, una media de 400.000 personas. Por otra parte, la crisis económica de los últimos años ha reducido las entradas ilegales al país.
La situación del Partido Republicano no es fácil. Este debate no parece ofrecer réditos políticos a corto plazo. Colaborar con una reforma no borraría la retórica anti-inmigrante de los últimos años, fresca en la memoria de muchos hispanos (favorecerla no benefició a John McCain en las presidenciales de 2008). Oponerse, por otra parte, podría condenar al partido a la irrelevancia política.
Y es que la reforma, si termina ocurriendo, podría convertirse en la medida de mayor impacto electoral de las próximas dos décadas.
