Los escándalos asedian «la fortaleza» de UPN en medio de una grave crisis interna

(Actualización de las 17:15 horas tras anunciar los dirigentes de UPN que devolverán las dietas)

PAMPLONA.– Después de veinte años en el poder, en buena parte con respaldo del PSOE, la hegemonía y fortaleza política de Unión del Pueblo Navarro (UPN) se ve amenazada por una sucesión de escándalos. El último ha provocado verdadera indignación en la sociedad navarra, al descubrirse que, en plena crisis económica, las más destacadas personalidades de la Comunidad Foral se embolsaban en forma de dietas miles de euros por asistir a unas reuniones donde “se daban por enterados” de la gestión de Caja Navarra.

Las informaciones sobre estas polémicas dietas impactan de lleno en la dirección regionalista cuando este partido se encuentra inmerso en una profunda crisis interna. A una semana de un trascendental congreso, UPN aparece fragmentado en dos corrientes: la que sigue a la actual presidenta del Ejecutivo foral, Yolanda Barcina, y los partidarios de Alberto Catalán, vicepresidente de UPN y ahora aspirante a la Presidencia frente a la candidatura de Yolanda.

En líneas generales, la primera es más partidaria de seguir gobernando en consonancia con el PP y el Gobierno Central; Catalán, por el contrario, preferiría restablecer los lazos rotos con el PSOE y retomar el Gobierno de coalición que Barcina hizo saltar por los aires el pasado verano destituyendo a los consejeros socialistas.

Tanto Barcina como Catalán y otros dirigentes de UPN aparecen en las listas ahora publicadas llevándose decenas de miles de euros por participar entre junio de 2010 y septiembre de 2011 en la Junta de Fundadores de Caja Navarra, es decir en unos momentos en que la población ya estaba sufriendo los draconianos ajustes económicos, recortes sociales y reducción de salarios.

Según los cálculos realizados por Diario de Navarra, el entonces presidente Miguel Sanz pudo haberse embolsado 89.739 euros en 36 reuniones, mientras que Yolanda Barcina habría recibido 68.553 y Alberto Catalán, 61.812 euros. Por el mismo motivo, al ex consejero de Economía Álvaro Miranda le corresponderían otros 61.812 y a Carlos García Adanero, secretario general del partido, 34.340. Esta misma cifra es la que habrían recibido Roberto Jiménez, secretario general de los socialistas navarros, y Samuel Caro, uno de los políticos emergentes dentro del PSN-PSOE.

Estos dos últimos, en una conferencia de prensa, salieron al paso de estos datos diciendo que, en su opinión, había una gran diferencia respecto a los dirigentes de UPN. Ellos, Caro y Jiménez, declararon en su momento estos ingresos. Por lo general, los beneficiarios de estas dietas han puesto como excusa para aceptarlas que era lo que normalmente se hacía.

Algunos días se convocaron dos y hasta tres reuniones, por lo que un vocal, en una sola jornada, podía ganar 5.151 euros y el presidente del Gobierno de Navarra 8.040 euros, mientras que a los ciudadanos de a pie se les exigía sacrificio tras sacrificio.

La justificación ofrecida por Yolanda Barcina ha sido especialmente comentada en los medios de comunicación nacionales. Ha venido a decir que ahora estas cifras, en plena crisis, pueden escandalizar pero hace unos años no porque esas cantidades las podía ganar incluso el albañil que hacía los alicatados en una obra.

Las palabras de Barcina fueron uno de los asuntos más comentados el viernes en los informativos de las cadenas de televisión, donde se vapuleó inmisericordemente a la presidenta de Navarra. Solo después de comprobar lo desacertado de sus palabras, publicó el sábado un artículo en el principal rotativo de esta región reconociendo que se trataba de un grave error y pidiendo perdón por lo ocurrido.

Al día siguiente, tanto ella como los dirigentes de UPN Enrique Maya, José Iribas y Ana Elizalde anunciaban que entregarían el dinero recibido para destinarlo a obras sociales, mientras que el presidente Sanz aseguraba que devolvería el dinero recibido por asistir a Junta Permanente de la Junta de Fundadores, un gesto que dejaba en mal lugar a los representantes del PSN, que ya habían declarado antes su intención de no reintegrar las dietas.

Los grupos nacionalistas de la oposición –Nafarroa Bai y Bildu- han exigido la inmediata dimisión de Yolanda Barzina, mientras que Izquierda-Ezkerra plantea una moción de censura. El PSN-PSOE, por su parte y en una nueva actitud contradictoria, también se suma a la exigencia de dimisión pero continua justificando la recepción de las dietas y negándose a crear una comisión de investigación parlamentaria.

Se da la paradójica circunstancia de que la citada Junta de Fundadores fue creada el año 2010 para que los políticos pudieran tener algún tipo de presencia en Caja Navarra, ya que, a partir de 2004, comenzó un proceso de despolitización de su Consejo de Administración, dando entrada a ejecutivos profesionales en sustitución de los partidos. Precisamente esta operación se inició debido a otros escándalos semejantes que ponían en duda la eficacia del órgano ejecutivo de esta entidad financiera, producto de la fusión de dos históricas cajas de ahorro popular: la de Ahorros de Navarra y la Caja Municipal de Pamplona.

Al quedar la nueva dirección ejecutiva en manos de profesionales, se decidió crear la citada Junta de Fundadores, a la que se volvió a asignar dietas para unas reuniones de carácter consultivo que, en muchos casos, consistían en “darse por enterados” de los informes presentados. De esta forma, si antes cobraban por decidir, ahora cobraban por escuchar.

Estos hechos coinciden con otra serie de escándalos parecidos. El mismo día que se difundían estos cobros, se conocía la dimisión del alcalde de Egüés, Josetxo Andía, militante de UPN desde su fundación. Andía había sustituido en 2003 a Ignacio Gallipienzo, igualmente de UPN, al dimitir por razones semejantes.

Igual mella está haciendo la privatización de las cocinas del Hospital General de Navarra, un servicio que, como los de la extinta Caja de Ahorros de Navarra –ahora absorbida por Caixa Bank-, contaba con un más que excelente grado de satisfacción por parte de los ciudadanos, debido a la eficacia en su gestión. Otorgada la concesión a la empresa Mediterránea de Catering, las protestas de los pacientes han sido de tal magnitud que el Gobierno de Navarra ha dado un ultimátum a esa empresa para que dé una calidad de comidas adecuada bajo la amenaza de rescindir el contrato.

Al desprestigio generalizado de la clase política en Navarra hay que sumar la amenaza de un ascenso en la intención de voto del nacionalismo vasco –actualmente en torno al 30 por ciento-, lo que, por ejemplo, ha llevado a Diario de Navarra a exigir un urgente “cambio de nombres” tanto en UPN como en  el PSN-PSOE para mantener “la centralidad de una amplia mayoría social”.

El problema estriba en que si, tras una hipotética victoria de Alberto Catalán en el congreso de UPN, se restablecieran los vínculos con los socialistas, estos se verán salpicados de nuevo por los escándalos. Por el contrario, si intentan en serio una alternativa política a las dos décadas de gobierno de UPN, no tienen más remedio que pactar con Nafarroa Bai, Izquierda-Ezkerra y Bildu-Sortu, poniendo de nuevo sobre el tapete las relaciones entre Navarra y el País Vasco.