El general Al Sisi anuncia un golpe de Estado para evitar la guerra civil en Egipto

El golpe anunciado por el Ejército egipcio trae, inevitablemente, a la memoria aquel pronunciamiento militar que en 1991 anuló el triunfo electoral del Frente Islámico de Salvación en Argelia, cuya peor consecuencia fue hundir a ese país magrebí en una espiral de violencia y terror de la que dos décadas después apenas se ha recuperado.

Sin embargo, en el caso egipcio no se dan las mismas circunstancias, ya que el Ejército aceptó las victorias electorales del Partido de la Justicia y la Libertad –la marca política de los Hermanos Musulmanes- y después su ajustado triunfo en las Presidenciales de hace un año con la candidatura de Mohamed Mursi. La intervención militar que ha acabado con el Gobierno de Mursi más bien tiene un carácter preventivo ante una peligrosa deriva que precipitaba a los 80 millones de egipcios hacia la guerra civil, haciendo surgir así el fantasma de lo que está ocurriendo en Siria.

En Egipto se había llegado a una situación sin salida, ya que ambas partes –los Hermanos Musulmanes y las fuerzas opositoras del Frente de Salvación Nacional- habían radicalizado sus posiciones, ya no existía posibilidad de entendimiento y ya comenzaban a registrarse choques mortales entre partidarios de los dos bandos.

La clave en la crisis de Egipto gira en torno a la “legitimidad democrática” del Gobierno de Mursi –el único presidente electo en su milenaria historia, como recuerdan sus partidarios-, argumento utilizado para rechazar de plano la intervención castrense y que, por el contrario, es negada por las fuerzas de la oposición.

En este sentido, es necesario recordar que desde las elecciones parlamentarias de 2011, tanto el Tribunal Constitucional como otras instancias jurídicas y las principales fuerzas de la oposición han denunciado numerosas irregularidades que ponen en cuestión la validez de todo el proceso electoral iniciado tras el triunfo de la revolución contra Hosni Mubarak.

De forma muy especial, ha sido criticado desde todos los ámbitos políticos, sociales y religiosos la elaboración del texto constitucional que, en contra de las promesas realizadas por los Hermanos Musulmanes y del necesario consenso nacional, terminó siendo redactado por una asamblea islamista sin la participación del resto de sensibilidades existentes en la compleja sociedad egipcia.

Desde entonces, todos los pasos dados por Mursi han tenido como objeto llevar a la práctica esa constitución, haciendo caso omiso a los continuos llamamientos para reconducir mediante el diálogo esta grave distorsión en el proceso transitorio a la democracia.

Precisamente la utilización de su victoria por la mínima en las presidenciales de hace un año ante a Ahmed Shafiq (el candidato pro-Mubarak) para consolidar su proyecto islamista es una de las falacias del rompecabezas egipcio, ya que, como se había demostrado en la primera vuelta de esas presidenciales, existían millones de votos que no eran partidarios de ninguno de los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta.

Son estos amplios sectores sociales, que se quedaron fuera de la elección presidencial y que también fueron excluidos de la redacción constitucional, quienes han liderado la campaña contra la legitimidad política de Mursi, hasta el punto de haber conseguido, según aseguran los organizadores del movimiento Rebelión, 22 millones de firmas en apoyo a esta tesis.

Cuando el 27 de junio y en previsión de lo que iba a ocurrir tres días después el presidente Mursi aceptó negociar las reformas constitucionales que exige la oposición, ya se había rebasado el punto de no retorno. Como explicó Ahmed Maher, portavoz del Movimiento 6 de Abril, que había impulsado las primeras revueltas en la plaza Tahrir y que es uno de los apoyos de Rebelión, el discurso de Mursi “llegaba demasiado tarde”. “Unos meses antes habría valido. Ahora, si realmente amas a Egipto, tienes que dimitir”, dijo Maher dirigiéndose expresamente al ahora defenestrado presidente.

Al anunciar la intervención militar, el general Abdel Fatah Al Sisi aseguró que las Fuerzas Armadas habían tomado, sin éxito, otras medidas para resolver una crisis que derivaba hacia el enfrentamiento civil. A partir de este momento, el Ejército deberá demostrar, contra lo que dicen los partidarios de Mursi, que su golpe no pretende regresar a los tiempos de Mubarak sino al punto de partida de la transición, convocando nuevas elecciones sin excluir a los Hermanos Musulmanes y formando una comisión constitucional en base a un auténtico consenso nacional. Nombrar como presidente interino al juez Adly Mahmud Mansur, quien también está al frente del Tribunal Constitucional, parece indicar que ese es el camino elegido.

El que en ese solemne acto aparecieran, junto al general Al Sisi, Ahmed Al Tayeb, gran imam de Al Hazar y por lo tanto máxima autoridad religiosa musulmana, el “papa” copto Tawadros II, el líder opositor Al Baradei y un representante de Al Nur, el principal partido salafista, también da ciertas garantías de que los militares egipcios están al lado del pueblo y no contra su voluntad, como ocurrió en Argelia hace 22 años.