Guatemala, un país que necesita justicia para acabar con la condena del pasado

1

Ofelia de Pablo y Javier Zurita (Texto y fotos ©)

Guatemala_Derechos_Humanos
María Toj (izda.), víctima del genocidio, su nieta y la abogada de derechos humanos Patricia Yoj en una reunión de CONAVIGUA (Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala), donde se tratan los casos recientes de torturas a mujeres.

Ana, 12 años, tiene miedo de ir al colegio. No quiere volver a subir al autobús de línea donde hace unos meses violaron a sus compañeras de clase. Los atacantes entraron en el vehículo, robaron a todos los presentes a punta de pistola y luego pasaron a la gente hacia delante y allí mismo agredieron sexualmente a varias niñas.

“La violación es algo con lo que se convive día a día en Guatemala” señala María Eugenia Solís, delegada por Guatemala de la Asamblea de Mujeres por la Justicia de Género ante la Corte Penal Internacional. Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), 403 mujeres han sido asesinadas en Guatemala en los seis primeros meses del año y 3.332 personas han sido violadas, “y estas últimas cifras hablan solo de las personas que se atreven a denunciar aun sabiendo que en tan solo un 1% de los casos se hará justicia”, señala María Eugenia.

Un estudio del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), publicado en enero de 2013, revela que en Guatemala se registra una violación cada hora. El país centroamericano ya ha desbancado a Ciudad Juárez en el triste título de ‘Capital de los feminicidios” de Centro América.

En una ciudad donde se producen 99,5 asesinatos semanales y el 60% de la población está armada no solo los guatemaltecos están aterrados. Ayer se abrió el juicio por el caso de unos estudiantes norteamericanos que viajaban en un autobús y fueron atracados por un grupo de guatemaltecos a punta de pistola. Les robaron a todos y a cuatro de las jóvenes que viajaban las violaron.

“Esta violencia del presente es el reflejo de la impunidad de los crímenes del pasado” añade María Eugenia. Durante el conflicto armado que asoló Guatemala durante 36 años unos 200.000 indígenas mayas fueron asesinados y unas 100.000 mujeres fueron violadas. María Eugenia afirma que a los militares se les entrenaba con prostitutas para ser capaces de violar al mayor numero de mujeres posible en los ataques a las aldeas del Quiché. Estos crímenes contra la humanidad fueron juzgados el pasado mes de mayo en el llamado “Juicio del Siglo” contra el ex presidente guatemalteco, el general Efraín Ríos Montt, al que se condenó a 80 años de cárcel por genocidio. La sentencia, que podría haber significado el principio del fin de la violencia, según los abogados del caso, fue anulada días después por defecto de forma.

El mensaje de impunidad lanzado por el Gobierno al suspender el juicio en el que ya se había dictado sentencia por genocidio ha reabierto el terror en Guatemala. Decenas de mujeres de la etnia maya acudieron a declarar, a pesar de estar amenazadas de muerte, para acusar por primera vez a las milicias de haberlas violado. Hoy, al ver anulada la sentencia hasta nuevo juicio, temen por su seguridad. El Estado planea reanudar el juicio en abril de 2014 y se obligará de nuevo a todas las víctimas a volver a pasar por el horror de declarar lo sucedido.

En opinión de María Eugenia Solís, al finalizar la guerra, las maras y el crimen organizado han sustituido al Ejército como agentes de terror, empleando las mismas tácticas que conciben a los cuerpos de las mujeres como botines de guerra. “Ahora se utiliza a las mujeres para marcar territorio, para decir “estas son mis mujeres y aquí mando yo”. Violar a cierto número de mujeres muchas veces es un requisito para entrar en la mara”, afirma la abogada. Pero aún peor, señala, es la actitud social que continua justificando las violaciones por parte de los familiares o amigos. Y también se dan casos como el de Yolanda Alonso Ramos que el martes pasado fue ingresada en prisión por vender a dos de sus hijas de doce y trece años como esclavas sexuales. La mayor de las menores fue comprada por un policía nacional de Guatemala, quien la explotaba sexualmente, la torturaba, e incluso le provocó un aborto a golpes.

“Vivimos en una sociedad enferma que necesita justicia para acabar con la condena que arrastra del pasado –afirma la defensora de los derechos humanos–. Si no hay castigo por los crímenes el mensaje que le llega a la sociedad es: adelante violen, torturen y maten que aquí les sale gratis”

Leave A Reply