La NSA responsabiliza del espionaje a los «socios extranjeros» de EEUU
NUEVA YORK.– En una intervención ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes el general Keith Alexander, director de la Agencia Nacional de Seguridad de EEUU (NSA, por sus siglas en inglés), negó ayer que su país haya rastreado las llamadas de millones de ciudadanos europeos poniendo la guinda a un debate que ha conseguido levantar ampollas en el viejo continente.
En su declaración, desmintió que la organización interviniera los teléfonos de millones de ciudadanos en Europa, y apuntó directamente a los servicios de inteligencia de los países afectados por el escándalo –en el caso español, el CNI- como los responsables de haberles facilitado millones de datos informáticos como parte de un acuerdo de cooperación entre miembros de la OTAN.
Alexander aseguró que los datos no fueron recogidos solamente por la agencia que dirige, sino que fueron “proporcionados a la NSA por socios extranjeros”.
“Los informes de que la NSA recogió miles de millones de llamadas telefónicas son completamente falsos. Ni los periodistas ni la persona que robó esa información clasificada saben lo que tienen delante” espetó el militar ante una audiencia cada vez más sorprendida.
El pasado lunes, el diario El Mundo publicó documentos del exagente de la NSA Edward Snowden, según los cuales EEUU espió en un solo año hasta 60 millones de llamadas telefónicas en España, algo que el dirigente tachó de completamente falso.
“Para ser perfectamente claro: ésta no es información sobre ciudadanos europeos. Representa información que nosotros y nuestros aliados de la OTAN hemos recogido en defensa de nuestros países y en apoyo de las operaciones militares”, aseguró el militar.
Durante su comparecencia, activistas del grupo CodePink desplegaron pancartas contra el espionaje y profirieron gritos como "mentiras, mentiras y más mentiras", dirigidos a los responsables de la seguridad de EEUU.
La declaración de Alexander, que no quiso aclarar si sus agentes pincharon o no el teléfono de 35 líderes mundiales, como también se ha publicado, conseguía ayer abrir una nueva brecha en la ya complicada relación entre los servicios de espionaje estadounidenses (NSA) y su clase política.
El NSA es una de las agencias de información que más dinero mueve del mundo, con una partida que roza los 15.000 millones de dólares anuales (más de lo que la mayoría de los países gastan en toda su defensa).
Hasta hace muy poco la agencia era también una de las intocables del Congreso de los EEUU, el mismo que no tuvo reparos en aprobar una ley tan intrusiva como el Patriot Act, pero que ahora se escandaliza ante las monstruosidades de su propia creación.
Hartos de vivir en la sombra, los congresistas estadounidenses presentaron ayer un proyecto de ley que pretende meter en cintura a los espías de su país, exigiéndoles más responsabilidades y obligándoles a salir del remanso que leyes como la ley patriota les había proporcionado.
Como la mayoría de las leyes, el Patriot Act es una legislación llena de vaguedades y resquicios por donde suelen colarse los que mandan para justificar su aplicación.
Es en estos agujeros democráticos en los que esconden los agentes del NSA, un cuerpo al que hasta ahora les bastaba con informar vagamente a un Tribunal Federal para poder recolectar las llamadas de millones de personas.
Lo que pretende la nueva ley, que ya se ha presentado en el Senado, es añadir transparencia al proceso exigiendo, por ejemplo, que antes de pinchar un teléfono los agentes deban obtener una orden judicial, aunque sólo si a quien se espía es ciudadano americano.
En EEUU el espionaje a extranjeros está regulado por una orden presidencial secreta, un dato que hace difícil creer que Obama no estuviera al tanto del pinchazo a Merkel.
En los últimos días, el presidente ha repetido hasta la saciedad que piensa revisar sus protocolos de espionaje, aunque no ha dado ni un fecha precisa para esa revisión, ni la más mínima pista sobre qué es exactamente lo que piensa someter a escrutinio.
En las próximas semanas, la administración tiene que enfrentarse además a una decisión dolorosa: ponerse del lado de los agentes que vigilan la seguridad del país o apoyar a un Congreso sin cuyo respaldo la Casa Blanca tiene pocas opciones de prosperar.
