Egipto vota la nueva Carta Magna mientras se reprime a los revolucionarios de Tahrir

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Simpatizantes de los Hermanos Musulmanes durante los enfrentamientos del viernes contra el referéndum. / Mosaab Elshamy (Efe)
Simpatizantes de los Hermanos Musulmanes durante las protestas del viernes contra el referéndum. / M. Elshamy (Efe)

Los sondeos indican una mayoría de votos para la nueva constitución egipcia en el referéndum de los días 14 y 15 de enero, pero esta Carta Magna, que sustituye a la elaborada por los Hermanos Musulmanes, tampoco resolverá los graves problemas políticos por los que atraviesa el país del Nilo. Y el primero de ellos es, precisamente, no haber logrado integrar a ese influyente movimiento islamista en el proceso de revisión constitucional, no solo debido al sangriento asalto de los campamentos en apoyo del defenestrado presidente Mursi sino al haberles declarado “organización terrorista”, un error que cierra las puertas a cualquier tipo de reconciliación con el principal partido de Egipto.

No cabe duda de que dentro del amplio espectro social de los Hermanos Musulmanes hay sectores radicales, que seguidores suyos han participado en acciones violentas, como la quema de iglesias e, incluso, habrá quien haya colaborado en la última oleada de atentados, pero extender la acusación de terrorismo al conjunto de la hermandad no hace más que radicalizar sus posiciones.

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La consecuencia de todo ello es que, además de los Hermanos Musulmanes, el resto de los integrantes de la Alianza Nacional por la Legitimidad, es decir los partidos Wasat, Amal y Yamaa al Islamiya, han decidido boicotear la consulta.

La constitución sometida ahora a consulta popular revisa la redactada precipitadamente y aprobada el año 2012 sin el acuerdo de las fuerzas laicas, sindicales y cristianas, de forma especial con la oposición de la comunidad copta que, con casi ocho millones de fieles, es la principal minoría religiosa del país.

El nuevo texto define con más precisión los derechos de esta minoría y también los concernientes a la mujer pero, sobre todo, elimina el polémico artículo 219, que abría las puertas a la islamización generalizada del Estado, ya que, en última instancia, dejaba  la interpretación de las leyes en manos de los clérigos suníes de la universidad teológica de Al Azhar.

La supresión de este artículo era la única objeción que puso a la nueva Carta Magna el partido salafista Al Nur, segunda fuerza islamista de Egipto y antiguo aliado del presidente Mursi. Al Nur retiró su apoyo a los Hermanos Musulmanes acusándoles de querer hegemonizar el poder, se sumó a la campaña para derribar la Presidencia y después formó parte del equipo redactor del nuevo texto constitucional.

Pese a sus objeciones, Al Nur finalmente ha pedido a sus millones de seguidores que voten afirmativamente como única forma de reconducir la grave cirisis política y de evitar una escalada de violencia mayor.

Con menos reservas, también se unen al voto afirmativo los integrantes del Frente de Salvación Nacional y el movimiento Rebelión, impulsores de las multitudinarias manifestaciones que, durante el mes de junio, provocaron la nueva intervención del Ejército. Por su parte, el Partido Constitucional, liderado por Al Baradei, igualmente implicado en la campaña de acoso y derribo a Mursi, ha dado libertad de voto a sus seguidores.

Otros grupos que también apoyaron la destitución de Mursi y la revisión constitucional, como el poderoso partido Egipto Fuerte, del islamista moderado Abdel Monim Abdulfutuh, o el propio Movimiento 6 de Abril, han llamado a votar “No” en protesta por la deriva represiva tras el golpe de estado del 3 de julio.

Estos dos grupos políticos condenaron el violento desmantelamiento de los campamentos levantados por la Hermandad en defensa de Mursi, denunciaron su sangrienta represión y ahora consideran que, con la excusa del terrorismo, se está reconstruyendo un sistema represivo de gobierno. De forma especial, critican la ley aprobada en noviembre prohibiendo cualquiera manifestación pública sin autorización previa de las autoridades.

Por este motivo han sido detenidas ya decenas de personas, muchas de ellas jóvenes que iniciaron las protestas en la Plaza de Tahrir hace tres años. Entre los procesados, se encuentran los conocidos líderes del Movimiento 6 de Abril Ahmed Maher, Mohamed Adel y Ahmed Duma, condenados el pasado mes de diciembre a tres años de prisión, mientras los igualmente activistas Mahinur el Masry y Hasan Mustafa, de la ciudad de Alejandría fueron condenados a otros dos años a comienzos de este mes de enero.

Pero lo que verdaderamente causa consternación es la apertura de una investigación judicial, por iniciativa de la Fiscalía del Estado, sobre el asalto a la sede de la Seguridad del Estado de la capital egipcia en marzo de 2011, un hecho de gran simbolismo ya que supuso  el colapso definitivo del Estado policial que regía con Hosni Mubarak. Para estas dos organizaciones, fuerzas vinculadas al antiguo régimen están aprovechando las actuales circunstancias para volver a ese sistema policial que parecía haber concluido con la Revolución de la emblemática Plaza de Tahrir.

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