La campaña anticorrupción provoca una caída en cascada de altos cargos en China

El ocaso del economista Liu Tienan comenzó en diciembre de 2012, cuando el periodista Luo Changping, vicedirector de la revista Caijing, denunció en su blog los casos de corrupción y abuso de poder en los que parecía estar involucrado durante una larga década de impunidad. Liu, por entonces responsable de la Administración Nacional de la Energía china, reaccionó airado tachando de “puras calumnias” las acusaciones. Probablemente, este alto cargo de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma –institución con rango de ministerio- no intuía entonces que estaba a punto de convertirse en el primer alto cargo en ser suspendido y expulsado del Partido Comunista Chino, en el contexto de la cruzada anticorrupción lanzada por el presidente Xi Jinping nada más acceder al poder, precisamente ese año.

El pasado septiembre, cuando Liu Tienan compareció ante la corte del condado de Habei acusado de haber recibido unos cinco millones de euros en comisiones de cinco grandes compañías –incluidas las de la industria petroquímica- y de abusar de su poder entre 2002 y 2012, el exalto cargo rompió en lágrimas. Aseguró vivir angustiado por el arrepentimiento y por el daño que había hecho no sólo a su familia, sino también al PCCh. Pero sus lamentos no evitaron que el miércoles el tribunal le condenara a cadena perpetua, en una confirmación más de la determinación del presidente Xi que le está reportando una enorme simpatía social, al ser el primer líder que convierte la lucha contra la vasta corrupción en el PCCh como primer objetivo de su mandato.

La seriedad de la tarea es tal que la Comisión Central de Inspección Disciplinaria, CCDI, se está consagrando como uno de los órganos más poderosos del PCCh: ya ha investigado a 75.000 funcionarios del partido único chino y ha acabado con las carreras de 690 altos cargos, unas cifras que no paran de crecer. El pasado fin de semana, la detención y expulsión del antiguo zar de la Seguridad chino Zhou Yongkang movía los cimientos del Partido: pese a que su nombre llevaba tiempo siendo investigado y su círculo había sido purgado –hasta diez familiares fueron expulsados de distintos cargos de poder-, Xhou, de 71 años y durante años miembro del Comité Permanente del Politburó –irónicamente, a cargo de Justicia-, se convertía en la figura de mayor nivel víctima de la campaña de Xi, y también en el oficial de mayor rango envuelto en un escándalo semejante desde el ascenso del PCCh al poder, en 1949. También se ha ganado el dudoso honor de ser el primer alto cargo incriminado desde 1976.

La noticia de su expulsión y arresto fue, sin embargo, extraña. Se esperaba un anuncio semejante durante la celebración de la conferencia anual del Pleno del PCCh, el pasado octubre, pero la cúpula china se limitó a expulsar de sus filas a cuatro exaltos cargos aliados de Zhou. Hubo que esperar a la medianoche del pasado viernes para que se produjera el anuncio oficial de la caída en desgracia del exresponsable de la Seguridad china, en una decisión que ha suscitado extrañeza dado que infravaloraba la noticia e impedía que fuera comentada hasta el día siguiente. “Si Pekín buscaba sacar rédito político entre sus filas o el aplauso público por el arresto de Zhou, lanzar la noticia de esa manera es una extraña forma de hacerlo”, reflexionaba en las páginas del Wall Street Journal el decano del Centro de Pekín para los Estudios Chinos, Russell Leigh Moses.

Moses interpreta el editorial del pasado sábado del Diario del Pueblo para deducir que, tras la caída en desgracia de Zhou, se esconden más motivos que el mero hecho de hacerle pagar por sus delitos y mejorar así la imagen de corrupción que rodea, a todos los niveles, al Partido Comunista Chino. “Se ha hecho un gran daño a la imagen del Partido”, lamentaba el citado editorial, calificando la corrupción de Zhou de “un cáncer, un veneno y una influencia vil” para el sistema político. “Es necesaria una estricta disciplina de partido para oponerse resueltamente a esas bandas y cualquier forma de actividad no organizada”. Según Moses, “en otras palabras, el caso contra Zouh no sólo se refiere a su avaricia sino también a su intento por construir una organización política alternativa fuera del Partido Comunista, que logró mantener durante años”.

Eso alimentaría la opinión de quienes consideran que, tras la campaña anticorrupción de Xi, se esconden motivos que van más allá de un compromiso sincero con la moral política: una gigantesca operación de relaciones públicas que recupere la confianza social en el PCCh y una forma de deshacerse de sus rivales políticos dentro del partido.