Australia confronta acusaciones de violaciones en sus centros para inmigrantes
Las chicas se sentían espiadas por los guardianes mientras estaban en el interior de sus tiendas, a veces en ropa interior en un intento de combatir el desesperante calor tropical. A una de ellas se le aproximó un guardián “borracho y drogado” que la tomó del brazo. “Eres tan sexy y tan bonita”, le susurró. Otra inmigrante denunció cómo otro guardián le permitió dos minutos extra en los baños, donde se duchaba con su hijo, a cambio de observarla mientras se aseaba
Al menos dos violaciones de mujeres, el asalto sexual de una menor de edad y la sospecha de otros muchos casos no denunciados por miedo conmocionan en estos días a parte de la sociedad australiana después de que el Informe Moss, encargado por el Gobierno de Canberra en octubre, haya confirmado agresiones y una red de tráfico de drogas a cambio de favores sexuales gestionada por empleados de la compañía privada a cargo del centro de detención de inmigrantes de Nauru, una isla país situada en la Micronesia que recibe ayudas económicas de Australia a cambio de albergar a sus demandantes de asilo.
El demoledor informe –el segundo en dos meses en denunciar los abusos en centros de detención de inmigrantes en Australia tras The Forgotten Children, publicado por la Comisión Australiana de Derechos Humanos el pasado febrero- fue originado por una cadena de acontecimientos extremos y presiones políticas y no por las denuncias de Naciones Unidas u ONG que, como Save The Children, mantienen una presencia constante en la isla de Nauru y que lleva años denunciando las terribles condiciones de las instalaciones donde se hacinan unos 900 demandantes de asilo, entre ellos 186 niños.
El Gobierno de Australia mantiene una política muy restringida hacia la inmigración -detiene a los inmigrantes en alta mar y les deporta a terceros países como las islas Nauru o Manus para que tramiten desde allí sus peticiones de asilo- que, según Naciones Unidas, contraviene en algunos aspectos las convenciones internacionales contra la tortura. El primer ministro Tony Abbott se ha mostrado "cansado de los sermones" de la ONU en respuesta a dichas acusaciones.
Para comprender qué llevó a la Administración a encargar un informe sobre el maltrato de los inmigrantes localizados en alta mar y desviados a la mencionada isla del Pacífico hay que remontarse al 25 de septiembre, cuando el entonces ministro de Inmigración decidió grabarse un discurso de apenas tres minutos y medio que sería emitido a los demandantes de asilo concentrados en Nauru. “Puede que hayáis oído que se va a reintroducir la visa de protección temporal en Australia. Esa política no se aplicará a los que estáis en Nauru. El asentamiento en Australia nunca será una opción para aquellos que ya han sido transferidos a centros de procesamiento. No habrá excepciones. Os quedaréis [en Nauru] hasta que regreséis a vuestros país o busquéis otro país que no sea Australia”.
La angustia tornó en desesperación entre muchas personas perseguidas en sus países de origen. Esas palabras detonaron una situación sin precedentes: en apenas 48 horas se registraron 10 casos de auto mutilación o intento de suicidio entre los inmigrantes, una cifra superior al total de casos registrados en los 12 meses previos. Algunos se cosieron los labios, otros se cortaron las muñecas, otros tragaron detergente... Alarmada por las noticias y por las sospechas de agresiones sexuales dentro de las instalaciones una senadora, Sarah Hansen-Young, pidió más información al Ministerio de Inmigración sobre las condiciones de vida y, una vez más, la reacción de las autoridades fue inexplicable: expulsar a 10 trabajadores de Save The Children –ONG que denuncia incansable la situación en el interior del abarrotado centro- acusándoles de ‘entrenar’ y ‘animar’ a la auto agresión para poner en evidencia a la Administración de Tony Abbott.
Pero la denuncia de la senadora ya había abierto la vía a una investigación oficial que se materializó la semana pasada con los resultados del informe Moss, según el cual las inmigrantes hacinadas en Nauru viven en permanente miedo y en su mayoría rechazan denunciar las agresiones por miedo a que eso afecte a sus peticiones de asilo. Los autores de las agresiones serían los guardianes empleados por las compañías Wilson Security y Transfield Services, a quienes las víctimas acusan de “embriaguez y lujuria”. Hasta ahora, 12 empleados han sido despedidos por mal comportamiento.
El informe elaborado por el ex comisario para Integración Phill Moss, de 86 páginas, también se hace eco de la fuerte posibilidad de que se estén “produciendo favores sexuales a cambio de marihuana”, matizando así un informe de Wilson Security, elaborado en 2014, donde se sugería la existencia de “prostitución organizada en relación con tráfico de productos de contrabando”. Otro informe, esta vez de Transfield, culpaba a las víctimas asegurando que “hay un número de refugiadas que proveen favores sexuales a cambio de favores personales”. Una fuente de Nauru citada por la prensa australiana resaltaba cómo esa afirmación “demuestra su completa falta de comprensión sobre qué es un asalto sexual, qué es coacción y qué es consentimiento. Ignora el hecho de que esas mujeres están detenidas”.
La reacción de las autoridades está marcada por los claroscuros. Si bien la Administración acepta las 19 recomendaciones elaboradas por Phill Moss y su equipo, Tony Abbott ha realizado declaraciones más que controvertidas. “A veces ocurren cosas”, justificó añadiendo que “lo más piadoso que podemos hacer es parar esos barcos”, si bien ha declarado que “no hay lugar para este tipo de conductas en instituciones australianas”. Sin embargo, a la hora de presentar disculpas hacia el equipo de Save The Children, eximido por el Informe Moss –que de hecho recomienda al Gobierno revertir la expulsión de los trabajadores- Abbott reaccionó con altivez y rechazó pedir disculpas a la ONG por haber realizado acusaciones falsas. “Mire, aceptamos el Informe Moss y aceptamos todas las recomendaciones”, señaló.
Para la ONG afectada, el informe viene a confirmar denuncias que lleva realizando desde hace años. “Nunca hubo necesidad de fabricar o exagerar los hechos por parte del equipo de Save The Children, las pruebas son claras”, afirma el presidente de la ONG Paul Ronalds en un comunicado online. "La confirmación de las denuncias de asaltos físicos y sexuales en Nauru es profundamente preocupante. Estamos igualmente preocupados por el hecho de que el Informe Moss concluya que no se están denunciando muchas de las agresiones", añadió. Sobre los trabajadores expulsados, Ronalds destacó que “estamos orgullosos de nuestro dedicado equipo en Nauru, que trabajan con algunos de los niños más vulnerables en las circunstancias más duras. La idea de que puedan hacer algo que les dañe es absurda. Lo hemos dicho desde el principio. El Informe Moss muestra más allá de toda duda que no había base para tales acusaciones”.
La frialdad de la reacción de la Administración Abbott ha generado una fuerte reacción política. El portavoz de Inmigración del Partido Laborista (en la oposición) Richard Marles ha calificado las conclusiones de “bastante chocantes” y ha considerado que el Gobierno está más preocupado por el potencial de posibles protestas entre la población detenida de las Nauru que “por el asalto sexual a menores”. “Este Gobierno ha perdido la brújula moral”, aseguró Marles. El también laborista Tony Burke, ex ministro de Inmigración, se definió “alarmado”. “Dada la gravedad de los hechos, debemos admitir que [en el informe] hay mensajes para todos nosotros, debemos leerlo cuidadosamente y asegurarnos de que, pese al apremiante deseo de evitar que esa gente se ahogue en el mar, debemos asegurarnos de que la gente bajo nuestro cuidado, directo o indirecto, esté protegida de ese tipo de abusos”.
Tanto Save The Children como la Comisión Australiana para los Derechos Humanos han aprovechado la publicación del informe para pedir a las autoridades que acaben con la práctica de las detenciones prolongadas de refugiados. La Comisión de DDHH , en su citado informe, estima que en los últimos 24 meses unos 167 niños han nacido en estos centros de detención de inmigrantes y resalta que “la detención obligatoria y prolongada de demandantes de asilo menores tiene un impacto significativo en su salud física y mental y en su desarrollo educativo”.
