El general que amenaza con ‘ejecutar periodistas’ acumula poder en Tailandia

Al general Prayuth, jefe de la Junta Militar que gobierna Tailandia desde el golpe de Estado de mayo de 2014, nunca le gustaron los periodistas. Son legión los vídeos y declaraciones que dan fe del hecho (en uno, rasca la oreja de un reportero arrodillado ante el general –en teoría, para despejar el plano a las cámaras–; en otro tira a los periodistas la cáscara de un plátano) pero su último exabrupto, en el contexto político que vive el país del sureste asiático, ha hecho saltar todas las alarmas.

Sucedió la semana pasada, cuando el Canal 3 de la televisión local emitió un reportaje sobre la esclavitud que alimenta el negocio de la pesca tailandesa. El general Prayuth arremetió contra la periodista de dicho canal en lugar de escandalizarse por la información en sí. “Si dejan de comprar marisco, deben ser culpados del perjuicio económico quienes dan esas noticias. Los medios deben considerar el impacto que tendrán sus noticias en el país. Si pueden causar problemas o afectar la seguridad nacional... Si esa noticia se extiende ampliamente, podría crear problemas”, adelantó el general. “Permítanme que lo deje claro: [la reportera] Thapanee Ietsrichai [autora del reportaje] tendrá que comparecer ante las autoridades”.

Para el dictador que controla Tailandia, la culpa del delito denunciado debe ser del reportero, y no del criminal que lo comete. Al día siguiente, cuando AP publicaba su propia investigación sobre el tráfico de personas obligadas a trabajar en barcos pesqueros, Prayuth suavizaba su tono –incluso agradeciendo a los medios que denuncien ese tipo de delitos–, pero su posición ya había quedado clara. Ahora, cuando se confirma la sustitución de la Ley Marcial en vigor desde el pasado mayo por el Artículo 44 de la Constitución Interina –redactada a medida de los militares–, los temores de que Prayuth se comporte como un depredador de la información libre aumentan.

El artículo 44 le da aún mayores poderes que la Ley Marcial dado que le permite actuar al margen de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, lo que la agencia de Derechos Humanos de la ONU ha definido en un comunicado como la adopción de “poderes potencialmente ilimitados y draconianos”. “Normalmente, daríamos la bienvenida al levantamiento de la Ley Marcial”, escribía el alto comisionado para DDHH, Zeid Ra’ad al Hussein. “Pero me alarma la decisión de reemplazarlo con algo más draconiano, que concede poder ilimitado al actual primer ministro por encima de cualquier supervisión judicial. Deja claramente la puerta abierta a violaciones serias de Derechos Humanos fundamentales”.

Thairath TV (YouTube)

Para el Consejo Nacional para la Paz y el Orden, como se denomina la junta militar, se trata de una forma "constructiva” y “creativa” de proteger la seguridad nacional. En detalle, suena a una continuación ampliada de la Ley Marcial que da amplios poderes al Ejército en todo lo relacionado con la seguridad interna, facilita detenciones sin cargos, registros de viviendas sin órdenes judiciales, cortes marciales para civiles, impide reuniones políticas y permite prohibir la difusión de noticias que afecten a un amplio parámetro de temas siempre que “cuestionen la paz pública y el orden o la seguridad nacional, la monarquía, la economía nacional o la administración de los asuntos del Estado, venga la amenaza desde dentro o desde fuera del Reino”.

El hombre que tendrá esa carta blanca para gobernar a su antojo es el mismo que se pronunció hace días como partidario de 'ejecutar periodistas' que no reporten lo que a su juicio es la verdad, lo cual –pese a las aclaraciones de su equipo de que lo hizo en tono de broma– ha hecho saltar todas las alarmas. Sucedió el 25 de marzo, cuando un grupo de periodistas locales interrogaba a Prayuth sobre las limitaciones a la hora de informar sobre la Junta. “Un poco de crítica es aceptable, pero estáis diciendo que todo [lo que hacemos] es un error. ¿Cómo diablos puede ser eso? El pasado era mucho peor”. Interrogado por un periodista sobre las consecuencias de ir demasiado lejos en las críticas, un hierático Prayuth respondió. "¿Ejecución, quizás? Tu pregunta es estúpida. Deja de hacerlo”.

A pesar de emplear un tono amenazante ya habitual –hace un mes, ya había recordado tener el poder de cerrar medios si así lo deseaba–, sus palabras fueron un revulsivo para una profesión que ya se enfrenta a la autocensura desde la toma del poder a manos de los militares tailandeses. “Puede que tengamos que dejar de retratar los exabruptos de Prayuth como anécdotas divertidas y comenzar a hacerlo como los delirios peligrosamente equivocados de alguien que no sabe cómo ejercer el poder si no es mediante la fuerza bruta y, lo que es más preocupante, en una posición lo bastante poderosa para hacerlo bien”, escribía en las páginas de The Nation el respetado comentarista Saksith Saiyasombut. “La mera mención del general Prayuth de considerar la ejecución contra periodistas críticos –dos veces, nada menos– cruza otra línea después de que demasiadas líneas hayan sido traspasadas. Puede que sea hora de tomarse más en serio la difícil situación de Tailandia bajo la Junta Militar”.

Para las organizaciones locales de prensa, la situación ya es lo suficientemente seria. La Asociación de Periodistas Tailandeses, el Consejo Nacional de Prensa, la Asociación de Periodistas Televisivos de Tailandia y el Consejo de Difusión de Noticias han emitido un comunicado conjunto donde recuerdan que el nuevo poder de prohibir la difusión de noticias viola el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información de forma incluso más flagrante que la Ley Marcial.

Cerrados por "incitar el malestar"

Según las citadas organizaciones, el artículo 44 no especifica claramente qué implica el concepto de "amenaza contra la seguridad nacional", lo cual facilita el camino para que cualquier noticia incómoda para la Junta sea censurada. Además, los precedentes de los últimos diez meses son, de por sí, inquietantes: tras la proclamación de la Ley Marcial, muchos periodistas fueron detenidos, y unos 100 sitios web, 15 cadenas de televisión y numerosas emisoras de radio, bloqueadas con la excusa de “preservar la paz y el orden”. A mediados de 2014, la Junta introdujo las directivas 103 y 97, según las cuales queda prohibida cualquier crítica contra el Consejo Nacional para la Paz y el Orden y las autoridades militares, respectivamente, según la Federación Internacional de Periodistas (IFJ). Hace pocos días el canal Peace TV y TV24 eran cerrados por “incitar el malestar” contra la Junta y “causar la división en el Reino”.

La Junta también ha caracterizado los diez meses de dictadura por impedir la celebración de debates políticos y universitarios. Incluso las obras de teatro críticas suelen ser vigiladas por los uniformados, como ya contamos en Cuarto Poder. El pasado enero, canceló un foro organizado por la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) y también propuso diez nuevas directrices destinadas a controlar el uso de Internet que suponen, según los expertos, una violación del derecho a la privacidad y de la libertad de expresión.

Matichon TV (YouTube)

La directora del IFJ, Jane Worthington, afirmó que “los comentarios realizados por el líder militar tailandés son deplorables y subrayan una completa indiferencia hacia la libertad de expresión. Los periodistas tailandeses han encarado numerosos desafíos en los últimos meses de Ley Marcial y estos comentarios implican otro golpe para su seguridad y libertad”. Por su parte, el alto comisionado para la libertad de expresión de la ONU, David Kaye, ha exigido al Gobierno de Tailandia que tome medidas para garantizar el derecho al debate y a la libertad de expresión. “Condeno categóricamente las declaraciones del general Prayuth. Tras un año de asesinatos y violencia terrible contra los periodistas de todo el mundo, estas declaraciones son simplemente indignantes”.

No menos que la declaración en sí del Artículo 44, con el que la Junta promete poner fin a todos los males de Tailandia, desde los desorbitados precios de los billetes de lotería hasta la industria esclavista que alimenta el sector pesquero, el tráfico humano, la desigualdad social o la quiebra de su compañía aérea nacional. El Artículo 44 aúna componentes de tres leyes de por sí draconianas: la ley marcial –que data de 100 años atrás–, la ley de emergencia y la ley de Seguridad Interna. Una tenebrosa combinación que, como escribía en las páginas de The Nation Pravit Rojanaphruk (arrestado en mayo por la Junta), “significa que Prayuh es la ley. Puede ordenar la detención de cualquiera sin cargos, sin necesidad de juzgarle y por tanto tiempo como desee. Incluso puede ordenar mi ejecución, o su ejecución, como hizo el mariscal de campo Sarit Tharanat con una ley similar en los años 60. Es necesario añadir que el líder de la Junta puede quedarse con el poder absoluto de forma indefinida”.

“La activación de la sección constitucional número 44 marcará un descenso aún más profundo en la dictadura de Tailandia”, resume Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch, quien afirma que, en los últimos 10 meses, unas 700 personas han tenido que comparecer ante cortes militares tailandesas. “Revocar la ley marcial e implantar a cambio la sección 44 es arriesgado porque da al primer ministro autoridad absoluta”, remarcaba por su parte el comisionado para los Derechos Humanos de Tailandia, Nirat Pitakwatchara. Para los militares en el poder, no hay motivos de inquietud. “La buena gente no tiene que preocuparse”, resume el viceprimer ministro, Prawit Wongsuwan.