La impunidad desangra Filipinas
Si la cultura de la impunidad siempre ha sido un problema en Filipinas, el súbito aumento de los asesinatos de periodistas en las últimas semanas ha despertado la alarma entre las organizaciones de defensa de Derechos Humanos y de libertad de expresión, dentro y fuera del archipiélago asiático.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha sido la última institución en denunciar y exigir responsabilidades sobre los crímenes de Cosme Maestrado, locutor de una emisora asociada a Radio Mindanao, del también periodista radiofónico Teodoro Escanilla y del columnista Gregorio Ibañez, editor de prensa: los tres fueron acribillados a tiros por hombres a bordo de motocicletas en tres incidentes distintos sucedidos en el transcurso de las dos últimas semanas.
“Los asesinatos demuestran la ausencia de progresos a la hora de acabar con la impunidad y envalentona a aquellos empeñados en silenciar a la prensa en Filipinas”, lamentaba el responsable del CPJ para el Sureste Asiáico, Shawn Crispin, en un comunicado. “Pedimos al presidente Benigno Aquino que dé la máxima prioridad a la pronta resolución de estos atroces casos. Hasta que Aquino no demuestre la resolución de su Gobierno para poner fin a estos ataques, los asesinatos continuarán inevitablemente”, prosiguió Crispin.
Resulta irónico que Benigno Aquino llegase al poder aupado por sus promesas de poner fin a los asesinatos políticos de activistas, informadores y jueces que marcaron el mandato de su antecesora en el cargo, Gloria Macapagal Arroyo, acusada de amparar la impunidad de los crímenes: casi 80 periodistas fueron asesinados en los nueve años que duró su mandato, contando con los 38 informadores ejecutados sumariamente cuando cubrían un acto político en Maguindanao en 2009, en una masacre considerada por el CPJ como la peor que nunca ha padecido el sector profesional de la información. En total, en la emboscada acontecida aquel aciago día perecieron 58 personas: los autores de la masacre, un centenar de matones, aún no han sido condenados.
Durante la Administración de Aquino, la situación en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión no ha sufrido notables mejoras respecto a Administraciones anteriores: sólo en lo que llevamos de año, seis periodistas han sido asesinados y 29 han padecido la misma suerte desde que el hijo de Corazón Aquino accediera a su cargo en junio de 2010. En la Lista de la Impunidad elaborada por el CPJ, Filipinas se encuentra en tercera posición mundial como país más peligroso para la prensa sólo después de Irak y Siria. Se calcula que el 90% de los citados crímenes queda impune. Eso explica que sean muchos los informadores que trabajan armados y que acuden a prácticas de tiro como parte de su formación. “No saber devolver un disparo puede matarte”, explicaba un reportero superviviente de varios ataques al diario The Guardian. “Por desgracia, tenemos una cultura política muy violenta. Cualquier cosa publicada en los medios es vista como algo personal”.
Eso explicaría las muertes que han sacudido al sector en las dos últimas semanas de agosto. A Cosme Maestrado, de 46 años, conocido por denunciar la corrupción y los abusos del poder, le asesinaron el día 28 cuatro pistoleros cuando salía de un mercado de la ciudad de Ozamiz: diez balas alcanzaron su cuerpo, disparadas por matones a bordo de dos motocicletas que no han sido arrestados.
Ocho días antes, le había tocado la misma suerte a Teodoro Escanilla, de 59 años, periodista y portavoz de la ONG Karapatan: dos asaltantes le abatieron a la entrada de su casa, en la provincia de Sorsogon. El día 18 de agosto, Gregorio Ybañez, de 65, falleció exactamente en el mismo trance: cuatro hombres armados a bordo de dos motocicletas que salvaron las vidas de los acompañantes del periodista para centrar el fuego de sus armas en el presidente del grupo editorial Davao del Norte.
El director de la emisora radiofónica donde trabajaba el primero de ellos recordaba a su empleado por sus incisivos comentarios contra la corrupción. "Era un buen hombre, de buen corazón, que ayudaba a la gente. Su muerte es un grito para el cambio", lamentaba Remegio Bonustro citado por la prensa local. Según su testimonio, Maestrado llevaba tatuada la palabra 'corrupción' en uno de sus brazos como permanente recordatorio de su lucha.
El director de la Unión Nacional de Periodistas de Filipinas, Sonny Fernandez, recuerda que, de los 168 asesinatos de informadores documentados desde la restauración de la democracia, en 1986, sólo 13 sospechosos han sido condenados y enviados a prisión. "El Gobierno ha fallado a la hora de prevenir los asesinatos. Debe haber condenas, es la única manera de probar que son serios a este respecto", denunciaba en declaraciones a AFP.
Algo que también critican organizaciones como HRW. "Aunque los Derechos Humanos fueron clave en la agenda de Aquino cuando llegó al poder en 2010, ha fallado a la hora de cumplir la mayoría de sus compromisos, principalmente en lo que respecta a poner fin a los asesinatos de activistas y periodistas y llevar a los responsables ante la Justicia", lamentaba el Informe Mundial de Human Rights Watch de este año. "La Administración se comprometió en 2012 a acelerar la investigación de los crímenes de periodistas mediante la creación de una instancia superior, pero se han hecho escasos progresos. La instancia superior sólo se ha ocupado de cuatro casos en el momento de elaborar este informe, lo que ha resultado en las condenas de cinco personas, pero los presuntos organizadores que planearon y financiaron los crímenes siguen en libertad".
Por su parte, el portavoz del Gobierno, Herminio Coloma, tachó de "inapropiado" culpar a la impunidad vigente en la nación de los asesinatos. "El Gobierno está tomando todas las acciones pertinentes para identificar y arrestar a los sospechosos y llevarles ante los tribunales", aseguró.
