Marea Granate y 15M Bruselas denuncian las expulsiones de españoles en la UE
BRUSELAS.– Marea Granate denuncia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo las expulsiones de ciudadanos comunitarios en diferentes países de la UE. La demanda pone una atención particular en la legislación belga en materia de extranjería que, amparada por la directiva de Libre Circulación y Residencia de la UE que contempla la posibilidad de retirar el permiso de residencia a quienes supongan “una carga excesiva”, vulnera la igualdad ante la ley y fomenta la discriminación por razones económicas.
Marea Granate nació para defender los derechos de quienes abandonaban España en busca de un futuro mejor en el extranjero. En Brusela, es el todavía activo 15M el que canaliza este tipo de acciones. Aunque la petición fue presentada en abril del pasado año, no será hasta el próximo jueves cuando sea examinada, debido al enorme retrasado de la Comisión de Peticiones del Parlamento y a pesar de la gravedad del asunto. La denuncia la encabezan Sara Lafuente y Marta Mateos Revuelta y surge de la necesidad de denunciar un fenómeno cada vez más frecuente en la Unión Europea: las expulsiones de ciudadanos comunitarios.
"Todo ciudadano de la Unión tiene derecho de residencia en el territorio de otro Estado si" y aquí viene el problema, "dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida”. Esto dice el artículo 7.1 b de la directiva que regula la Libre Circulación y Residencia en la Unión Europea (2004/38). Marea Granate y 15M Bruselas entienden que esta directiva es discriminatoria y vulnera el principio de igualdad ante la ley al condicionar el derecho a la libre circulación y residencia a la situación económica y social del ciudadano. Es por lo que ambas organizaciones piden a la Comisión que suprima toda referencia a ‘ser una carga’ para el Estado a través de esta petición, "de manera que la norma comunitaria garantice el derecho efectivo a la libre circulación y residencia de todas las personas con ciudadanía europea independientemente de su condición económica".
El caso belga: 9000 expulsiones en 6 años
Aunque se trata de una directiva europea y el problema de las expulsiones concierne a otros estados miembros como Alemania, Francia o Reino Unido, el caso de Bélgica es especialmente alarmante. Desde que entrara en vigor la nueva Ley de Extranjería belga en 2008, más de 9000 ciudadanos comunitarios han sido expulsados del país, de los cuales, 948 tenían pasaporte español. El pasado año, los españoles fueron los terceros más expulsados de Bélgica (245) solo superados por los búlgaros (295) y los rumanos (634), según datos del propio servicio de extranjería belga. La mayoría, tal y como reconoce Bruselas, por suponer “una carga excesiva” para el Estado.
En su artículo 14, la directiva 2004/38/CE comprende la posibilidad para el estado de revisar el cumplimiento de las condiciones en las que acordó la residencia a los demandantes. Eso sí, siempre y cuando esta comprobación no se lleve a cabo “sistemáticamente”. No es el caso belga. Marea Granate denuncia que al menos durante el año 2011, el servicio de Extranjería cruzó los datos de los residentes de larga duración con los de aquellos que solicitaron una prestación social en el CPAS (Centro Público de Acción Social). Esto explicaría el creciente número de expulsiones. Según las demandantes, esta práctica no “sólo vulnera la propia directiva, sino también la normativa europea de tratamiento y protección de datos de carácter personal”. Lo alarmante, señalan, es que los expulsados no son solo personas con dificultades para encontrar trabajo o parados de larga duración sino también quienes disfrutan de un empleo, parcialmente financiado con fondos públicos, pero un empleo al fin y al cabo. Esta práctica dificulta enormemente la integración socio-laboral de los inmigrantes.
Cuando un ciudadano es objeto de un proceso de expulsión, no se produce una repatriación forzosa, al menos de momento. Las expulsiones se limitan, como lo definen 15M y Marea Granate Bruselas, a “invitaciones a marcharse”. Los afectados generalmente son avisados en un primer momento de que se les agota el tiempo para estabilizar su situación. Entonces llega el miedo, el estrés, la presión. Y si no logran encontrar una solución a corto plazo, a los tres meses aproximadamente, reciben la carta de expulsión.
Deben personarse en la oficina de extranjería y al hacerlo, se les retira el documento que les identifica como residentes de larga duración en el país. La justificación, generalmente, es que han superado el tiempo máximo otorgado a la búsqueda de empleo o que llevan demasiado tiempo en paro. Algunos llevan meses en el país cuando reciben el primer aviso. Otros llevan años. En cualquier caso, la expulsión supone un duro golpe psicológico. La retirada de la tarjeta de residencia - cuya duración suele ser de cinco años, tras los cuales, se convierte en permanente - se traduce además en una “muerte administrativa”. Toda posibilidad de optar a un trabajo o tener acceso a servicios sociales, desaparece. Esto, denuncia Marta Mateos Revuelta, una de las firmantes, condena a los expulsados a la clandestinidad y los marginaliza. En este sentido y por si la expulsión no fuera suficiente, la ley belga contempla además la prohibición del retorno durante al menos dos años. Algo que está completamente prohibido por la directiva europea (artículo 15.3). Esta práctica criminaliza al inmigrante por su condición económica y social. Eso es precisamente lo que denuncian 15 M y Marea Granate Bruselas y por eso presentan la petición.
Aunque 15M y Marea Granate Bruselas centran su petición en la situación de los ciudadanos comunitarios, no olvidan a otros inmigrantes en situaciones desesperadas. Es por eso que se solidarizan con las decenas de miles de personas que alcanzan Europa dejando todo atrás, huyendo de la guerra y que están sufriendo las consecuencias de lo que definen como el “enfoque neoliberal y xenófobo que caracteriza la política migratoria europea”.
