"Las expulsiones de ciudadanos comunitarios se llevan por delante el proyecto europeo"

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Marta Mateos Revuelta y Sara Lafuente durante su presentación en la Comisión del Peticiones del Parlamento Europeo. / Beatriz Ríos

BRUSELAS.– Marta y Sara esperan a cuartopoder.es en un café situado en la Plaza de Luxemburgo, frente al  Parlamento Europeo. En esta mañana fría y soleada en la capital belga, defienden ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara su demanda de revisión de la directiva sobre Libre Circulación y Asentamiento en la Unión Europea y la aplicación de la misma por parte de Bélgica. Consideran la directiva discriminatoria y su aplicación por parte del gobierno belga, una cadena de violaciones de derechos. Ambas entienden que las expulsiones de comunitarios en la Unión Europea son intolerables pero la Comisión Europea no comparte su visión del asunto.

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Marta Mateos Revuelta (1981, Bilbao) y Sara Lafuente (1985, Madrid) llegaron a Bélgica hace tres años y medio y dos años y medio, respectivamente. Trabajan aquí en Bruselas y en su tiempo libre, colaboran como miembros del 15M en Europe 4 People, una plataforma que se encarga de dar asesoramiento legal y apoyo moral a personas que se encuentran en riesgo de expulsión o han sido ya expulsadas. Además, es una forma de activismo. En este contexto surgió la idea de presentar una petición ante el Parlamento Europeo. Aunque fue una petición propia, gracias al apoyo de distintos grupos políticos y en particular de Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida, se ha acelerado el proceso administrativo que permite defender la petición frente la comisión parlamentaria. Hoy, casi dos años después de la presentación de la petición, defienden su postura.

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El 15M Bruselas, a la base de la denuncia

La iniciativa surge de un debate durante una asamblea del 15M Bruselas a raíz de una noticia en prensa. “Fue todo un escándalo”, explica Sara, “Bélgica había expulsado a una familia de italianos y había también españoles afectados.” A raíz del debate, deciden crear un un grupo de trabajo contra las expulsiones y de este grupo, surge la iniciativa. “Surgió porque estamos aquí en Bruselas, si hubiéramos estado en otro sitio tal vez no se nos hubiera ocurrido”, reconoce Lafuente. El objetivo de la petición, explica Marta, es denunciar la práctica belga así como la directiva europea en la que se basa y que concreta las condiciones de la la libertad de circulación y establecimiento en la Unión Europea.

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Sara Lafuente, peticionaria, durante una entrevista para cuartopoder.es / B. R.

En los dos años que han pasado desde que presentaron la petición, Bélgica ha reaccionado. La presión de la Comisión que abrió un proceso contra el gobierno belga por entender que ley de extranjería belga violaba la directiva 2004/38, ha tenido como consecuencia varios cambios. La Comisión Europea reconoce que tiene constancia del intercambio automático de datos entre la oficina de extranjería y el Centro Público de Asistencia Social y que está tratando este tema con el gobierno. Además, las expulsiones de personas que disfrutan de un contrato de trabajo subvencionado, habrían cesado. En opinión de las peticionarias esto era “una escándalo”. En cualquier caso, consideran que el análisis caso por caso sin especificar las condiciones que permitan la expulsión es una puerta a la arbitrariedad y por tanto a la inseguridad jurídica de los afectados y destacan que habría que ver “hasta qué punto ha habido un cambio en la práctica”, destaca Marta.

En cuanto a la respuesta escrita de la Comisión Europea a su petición consideran que “no entra en el fondo de la cuestión” que es la oposición de la directiva al derecho de libre circulación recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. “Según la jerarquía normativa, la directiva debería respetar esos principios”, defiende Sara. Al primar el cumplimiento de los criterios que la directiva exige para reconocer el derecho de residencia en un estado miembro, se subordina la carta. Y así, “la carta no vale para nada, es papel mojado”, denuncia Lafuente.

La Comisión llega tarde a la cita en el Parlamento

Son las 11 de la mañana. Una sala del Parlamento Europeo apenas llena hasta la mitad acoge la Comisión de Peticiones. La presidenta da la palabra a Sara Lafuente.”Esta situación se va a lleva por delante el proceso europeo y condena a un grupo de ciudadanos a la economía sumergida y la exclusión social”, sentencia durante su exposición. Mientras lo hace, los representantes de la Comisión Europea aún no han llegado la sala.

La Comisión se persona tarde, entrando a trompicones y varios minutos después de la exposición de Sara. En su respuesta, explican que continúan las conversaciones con el gobierno belga. Además, están pendientes de una pregunta al Tribunal de Justicia de la UE que analiza una posible violación en el derecho a una buena asistencia administrativa en el caso de los parados que han trabajado en Bélgica y reciben la carta de expulsión, al negarles el acceso a su informe y la posibilidad de defenderse ante un proceso administrativo como este. Sin embargo, no esperan tener una respuesta al menos hasta 2016.

Izquierda Unida apoya la iniciativa

Ángela Vallina (IU)presente durante la intervención en la Comisión de Peticiones, entiende que la ley de extranjería “viola la directiva”. La europarlamentaria destaca que en el contexto de la crisis, muchos jóvenes dejan su país en busca de una oportunidad “y se les ponen fronteras que impiden ejercer su derecho a buscar un trabajo”.  Vallina denuncia que en esta Unión Europea “el ciudadano se mide por los ceros que tenga la cuenta de su banco”. La Unión Europea, insiste la eurodiputada de Izquierda Unida, “debe mantener los principios fundamentales con los que en teoría se creó”. Además ha anunciado que presentarán una pregunta con resolución en el pleno que exija la comparecencia del comisario Avramopoulos. “No se puede consentir semejante discriminación por razones económicas”, concluye.

Sara se muestra sorprendida y molesta por la ausencia de la Comisión Europea durante su intervención. Además, considera intolerable que haya que esperar aún un año hasta que el Tribunal de Luxemburgo emita su opinión sobre el asunto. “Esta situación afecta a miles de ciudadanos en Europa y también a la imagen de la Unión,” insiste Lafuente que apoya la intención de Ángela Vallina de llevar la cuestión ante el pleno. Otros dos eurodiputados, Edouard Martin, del Partido Socialista francés y Eleonora Evi, del Movimento 5 Stelle italiano, también han expresado su preocupación sobre el asunto.

Al concluir la presentación, la Comisión se ha acercado espontáneamente a las peticionarias a las que ha invitado a tener una reunión personal para tratar el asunto. Ha expresado su preocupación sobre la situación de los afectados pero explica que al carecer de casos concretos con su correspondiente documentación, resulta muy difícil tomar acciones contra el gobierno belga. En cuanto al fondo de la directiva, no ha querido manifestarse.

Marta y Sara seguirán luchando. “Lo único que nos queda es la presión social”. “Esto es una parte del trabajo que hacemos nosotros, una herramienta política pero luego hay más cosas”, explica Marta. Mateos aclara que están trabajando con otros colectivos de inmigrantes en Bélgica y otros países. “Tenemos un enemigo común”, sentencia. Para Sara, esta práctica forma parte “de una política migratoria selectiva económica y nosotros no creemos en esa Europa. Queremos una Europa que no seleccione a las personas por su condición económica y social”.

(*) Beatriz Ríos es periodista.

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