Entrevista inédita a Berta Cáceres: "Somos muy vulnerables. No podemos confiar ni en la policía"

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Osmán López *

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La activista indígena hondureña Berta Cáceres en una foto de archivo. / Goldman Environmental Prize

HONDURAS.– La presente entrevista con Berta Cáceres fue realizada el 24 de julio de 2012, mediante una conversación vía Skype que ella me concedió atendiendo mi solicitud, como parte del  trabajo de investigación de una tesis doctoral sobre los derechos humanos en Honduras. En esta entrevista inédita deja constancia de su pensamiento, sus convicciones y su lucha por la defensa de los derechos humanos, de los recursos naturales, de su pueblo Lenca, del pueblo hondureño y de toda la humanidad. ¨Nosotros –manifestó- consideramos que somos defensores de los derechos humanos, pues eso es lo que hacemos, y queremos vincular un proceso emancipatorio, por eso es que estamos en riesgo, pues hemos tocado intereses fuertes¨.

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Las violaciones a los derechos humanos en Honduras, nos dice Berta, en el presente están ligadas a la profundización de los procesos de transnacionalización de la economía que amenazan con la destrucción de los recursos naturales, en particular de los territorios de los pueblos indígenas. En estas condiciones, la lucha por la defensa de los derechos humanos, no es un asunto de elección sino de  necesidad y convicción. Su coherencia práctica en la defensa de estos principios la llevó a ofrendar su vida, que fue arrebatada de forma vil y cobarde por quienes ordenaron y ejecutaron su asesinato.

Acabaron con su vida, no con sus ideas, con su coraje y su lucha ejemplar. Berta esta viva en su legado y en esta entrevista se recoge parte de este legado.

— Comencemos por examinar el contexto de riesgo en que trabajan los defensores de derechos humanos y su valoración de las condiciones en que trabajan estos defensores.

"Tenemos muchos compañeros asesinados por defender el agua
y el bosque"

— La represión hacia defensores y defensoras de derechos humanos no es a partir del golpe de Estado de 2009, sino que anteriormente se han venido sufriendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en el caso de los pueblos indígenas, tanto individuales como colectivos, y eso a partir del sostenimiento de una resistencia persistente en contra del proyecto de coloniaje. El proyecto transnacionalización cada vez es más agresivo contra los pueblos indígenas, negros y  contra quienes luchamos para defender esos derechos territoriales, culturales, espirituales y, bueno, derechos económicos y políticos. Esto, sabemos que no se va a detener mientras nosotros no cambiamos toda la situación profunda de injusticia, los poderes oligárquicos saben eso, por eso es difícil separar el contexto. Vemos que se violan los derechos humanos de manera particular con toda esta lucha de moral que se libra por la defensa de la vida, por los bienes de la naturaleza como el agua, los bosques, los territorios, la cultura, en contra de la explotación minera, en contra de la privatización. Es allí donde la gente, tal vez no por elección sino por necesidad, tiene que optar a desarrollar un trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos que está también vinculado a su lucha política y social. Entonces son luchadores y luchadores también.

Yo creo que el nivel de vulnerabilidad es grandísimo, cada vez más, a partir, también, de que el proyecto de nación se acompaña del proyecto de militarización y represión y, es por lo que nosotros no podemos de dejar de vincular todo un proyecto de dominación económica con el proyecto hegemónico que se impone en el continente. En cuanto a la militarización como, por ejemplo, la Cuarta Flota estadounidense que pasa por los mares de este continente, el proyecto de Plan Mérida, el Plan Colombia, el Plan para la seguridad de Centroamérica, con la justificación del narcotráfico y la lucha antiterrorista. Nosotros sabemos que en el fondo esa ocupación militar, por ejemplo, la que impone Estados Unidos en Honduras, es, precisamente, saquear los bienes de la naturaleza, todo el recurso hídrico, el minero. Hoy las transnacionales están fuertemente presionando para entrar de manera impune, aún más de lo que han estado por casi 500 años.  Es un proyecto de colonización que no ha terminado y vemos que si comenzamos siendo un enclave minero se va a fortalecer el enclave minero, incluso no solo por la explotación de oro y plata, de lo que conocemos más públicamente, sino por petróleo, que es algo que en Honduras no se ha escuchado. Hay estudios de explotación petrolera, incluso de lo que llaman tierras raras, componentes químicos que están en la naturaleza, y las grandes transnacionales andan encima, así como del oro y del petróleo. Esto de las tierras raras lo usan para la última tecnología, para el gran comercio mundial y, principalmente, para los eólicos, porque no pueden funcionar una gran mayoría sin estas tierras raras.

Honduras, está siendo proyecto piloto de estos megaproyectos como son, también, las Regiones Especiales de Desarrollo o “ciudades modelo”. También estamos siendo objeto de la imposición del mercado de servicios ambientales que promueven las transnacionales a través de proyectos conocidos como “REDD” (reducción de emisiones de la deforestación y la degradación). El pueblo Lenca y el pueblo Misquito, están como objetivo de estos megaproyectos, que significa la privatización de los bosques y la pérdida de autonomía y desplazamiento. Esto impacta en la vida de los pueblos y es una violación de los derechos humanos colectiva, de todos los pueblos. Estamos en un límite de seguir existiendo o no.

El nivel de impunidad es increíble por parte de los sectores poderosos. En el caso del COPINH (Consejo Cívico Popular Indígena de Honduras), nosotros tenemos muchos compañeros asesinados por defender el agua y el bosque, y siguen casos de hostigamiento psicológico y amenazas por parte de los empresarios que han sido beneficiados por decretos legislativos que privatizan los ríos de las comunidades. En Intibucá, Lempira y la Paz, se han privatizado todos los ríos y nosotros vemos que los que se benefician son los mismos que se beneficiaron con la energía térmica, con el golpe de Estado, y los Tratados de Libre Comercio. Han amenazado compañeras y compañeros, amenazas de muerte, han detenido a muchos. Han amenazado a los jóvenes que operan las radios, que igualmente sufren de hostigamiento. Incluso casos de asesinato como el compañero Santos Rodríguez Domínguez, el primero de mayo. Hasta los ataques a nuestras páginas web, intentos de sabotaje a los vehículos en que nos transportan. También atentados criminales, disparos cuando el vehículo del COPINH va en marcha, desalojos violentos como en Las Cuchillas. Tenemos alrededor de 15 compañeros amenazados por los proyectos hidroeléctricos. Y, bueno, dos de nosotros del equipo a tiempo completo del COPINH hemos sido beneficiados por medidas cautelares con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH, y eso no le importa al Estado de Honduras. Por ejemplo, yo fui detenida y golpeada por oficiales de la Policía. Digo esto, como un ejemplo de hasta donde llega el nivel de impunidad, pese a las múltiples denuncias en el Gobierno. El año pasado con la movilización hicimos acuerdos, entre el COPINH y el Gobierno. De lo que podría decir, hay un montón de situaciones pero, básicamente, toda la amenaza. Nosotros consideramos que somos defensores de los derechos humanos, pues eso es lo que hacemos, y queremos vincular un proceso emancipatorio, por eso es que estamos en riesgo, pues hemos tocado intereses fuertes. Aquí hay hidroeléctricas que se lamentan no estar ganando 2500 millones de lempiras de primera entrada.

— Usted no desvincula el contexto de medidas económicas que, de una u otra manera, propician la entrada de capitales a sus territorios y, consecuentemente, eso genera condiciones de vulnerabilidad para las poblaciones y los derechos humanos, pero también, para los defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es decir, ¿este contexto de medidas económicas constituiría uno de los factores que más amenaza y pone en riesgo los derechos de las poblaciones y también de los defensores?

"Hay un vínculo estrechísimo entre el avance del capitalismo y la represión de los movimientos sociales"

— Así es, no lo desvinculamos. Más bien, siempre como COPINH lo manifestamos en el Segundo Encuentro Hemisférico contra la Desmilitarización, en La Esperanza, durante el año 2008. Entiendo la militarización en su concepto más amplio que, si bien es cierto, sobre todo a partir del golpe de Estado, ha crecido, no solo con el fortalecimiento de la policía y el ejercito para reprimir, sino que también ha crecido la ocupación militar de los Estados Unidos. No solo con la base de Palmerola, sino que también con cuatro bases más, tres en la Mosquitia y una en Islas de la Bahía. También ha crecido el financiamiento, los Estados Unidos han aprobado un financiamiento de más de mil millones de dólares, no sólo para el ejército de Honduras, sino que para el ejército de Estados Unidos y sus plataformas marítimas en nuestro país. Nosotros hemos venido denunciando esto: hay un vínculo estrechísimo, que no se puede diferenciar, entre el avance de un modelo económico capitalista y de un proyecto de militarización, represión y criminalización de los movimientos sociales. Es mayor la impunidad con la que operan estos grupos de poder económico-político-militar y por eso nos sentimos cada vez más en indefensión.

— ¿Usted, en los últimos años, ha visto cambios significativos de la defensa que realizan en el presente, respecto a épocas pasadas? Porque, recuerdo que a partir de los años noventa hubo una reactivación de la causa indígena, no solamente en Honduras sino en todo el continente. ¿Hay diferencia en el contexto actual con las luchas anteriores que han tenido los movimientos indígenas en el país?

"Con nuestra lucha logramos cosas, pero se violenta aún más nuestros derechos"

— Por un lado, en Centroamérica después de la dispersión que se da producto del fin de los conflictos armados y la firma de los Acuerdos de Paz, favorece el resurgimiento de nuevos movimientos sociales y particularmente indígenas. Digo resurgen porque siempre estuvimos ahí. También se da en el contexto de la campaña de conmemoración de los 500 años de resistencia indígena y negra, mestiza y popular que también abona a fortalecer ese resurgimiento. El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a una mujer indígena, Rigoberta Menchú, y posteriormente en el año 1994 el surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, son cosas que están en la coyuntura cuando resurge con más fuerza el movimiento indígena y negro de Honduras. Y ahí es donde COPINH y otras organizaciones hacemos una articulación y desarrollamos las primeras acciones en 1993 y después con las grandes movilizaciones en el noventa y cuatro. Entonces, cuando nosotros elevamos nuestro nivel de lucha y de capacidad para echar atrás megaproyectos como el de la represa hidroeléctrica El Tigre, un proyecto enorme, binacional; además de frenar más de 30 industrias explotadoras de madera de esta zona de occidente, que impactaron al pueblo, surge la reacción agresiva de los grandes poderes internacionales contra el COPINH.

Primero, queremos que esta sociedad hondureña recuerde que los indígenas no estamos para ser piezas de exhibición, o que nos encontramos solamente en Copán, sino que estamos apostando al desarrollo y poseemos inteligencia y propuestas visionarias. Ésta no es una lucha superficial en pro del folklorismo, sino que exigimos cosas profundas, por ejemplo, el respeto a la territorialidad, de la cultura, a la espiritualidad, y desafiamos la autoridad de la Iglesia que sataniza las costumbres espirituales del pueblo Lenca y los demás pueblos indígenas. Logramos, incluso, que en la institucionalidad del país se reconociera eso. Con esas peregrinaciones se instituyó la Fiscalía Especial de Etnia y Patrimonio Cultural, que no existía. En el Ministerio de Salud se abrió un Departamento especial de atención para los pueblos indígenas, en el Ministerio de Educación se abrió también un departamento especial intercultural y bilingüe para los pueblos negros e indígenas. Así como en el Instituto Nacional Agrario se abrió un departamento de atención para todos estos pueblos. Entonces, logramos, por supuesto, la ratificación del convenio 169 en 1994, después de que tomamos once días y once noches el Congreso Nacional. Logramos, durante el Gobierno del presidente Carlos Roberto Reina, hacer cosas que no son regalos sino algo que nos ha costado mucho sacrificio. Y ahora vemos que ese nivel de institucionalidad que logramos, está, a casi veinte años, muy marginado. Se ha politizado todo en estas instituciones, en el caso de la Fiscalía Especial de Etnia hay un abandono del mismo Ministerio Publico, es la Fiscalía más marginada en términos de financiamiento, la que recibe menos, no cuenta con logística propia ni Fiscales especializados en temas indígenas, sino que cualquier Fiscal que tuvo amonestaciones en otra Fiscalía es enviada a la nuestra. Y a esa Fiscalía le toca atender los casos de los nueve pueblos indígenas y negros del país. Entonces, ahí vemos que el racismo se ha institucionalizado, y no es cosa nueva.

Nosotros hemos visto que con nuestra lucha logramos cosas, pero se violenta aún más nuestros derechos pues el capitalismo ha sido más feroz. Si antes llegaban a las grandes ciudades, ahora están llegando los empresarios a las comunidades por el tema de los recursos. Están encima de eso porque, por ejemplo, en Intibucá, hicieron estudios de prospección petrolera y eso era una amenaza que no teníamos antes. Se están amenazando los municipios de Jesús de Otoro y de San Miguelito. En Intibucá no hay un río que se haya salvado de la concesión de esos vendepatria del Congreso. Ahora tenemos que lidiar con una situación de más tensión y conflictividad. Aquí se está pensando poner dos grandes proyectos eólicos de 500 torres, casi el triple de lo que está en Santa Ana, esa es otra situación que antes no conocíamos. Otra, son estos proyectos REDD, tanto que impulsa el Banco Mundial como las Naciones Unidas, uno se llama UNREDD y la otra REDDPlus, están propiciando la privatización de zonas boscosas y prácticamente la mercantilización de la naturaleza: poniéndole precio a la capacidad de absorción de bióxido de carbono que tienen los bosques. Ha crecido más bien esa agresión colonialista contra los pueblos indígenas.

— A sabiendas de este contexto de alto riesgo que enfrentan, ustedes siguen realizando su trabajo, ¿cómo lo hacen para seguir adelante con su trabajo en la defensa de los derechos indígenas?

"Han llegado al extremo de enviar amenaza a los hijos e hijas de dirigentes del COPINH"

— Nosotros hemos tenido muchísimos compañeros asesinados desde el inicio de la lucha del COPINH, y al medio de lidiar con nuestros propios procesos de propuestas de vida, la propuesta refundacional, el COPINH la planteó antes del golpe de Estado. Convocamos al primer encuentro para la refundación aquí, no es algo nuevo, ya lo hemos venido luchando. Desde nuestros conceptos de la participación plena de la diversidad, pero no solo una diversidad acéfala, sino bajo un objetivo fuerte que es la refundación, en busca de un proceso de liberación y soberanía política de la nación, y soberanía del cuerpo de las personas, de la mujer. Es decir, un planteamiento anticapitalista, antirracista y antipatriarcal. Sin embargo, hemos logrado continuar por nuestros principios patriótico-revolucionarios, y con el acompañamiento internacional, con la observación de los derechos humanos en nuestras comunidades.

Hemos desarrollado capacitaciones de defensa comunitaria, con mucho énfasis en la construcción de redes comunitarias; hemos fortalecido mucho las denuncias en nuestras tres radios comunitarias que se han vuelto una herramienta importantísima en la defensa de la vida. El trabajo comunicacional del COPINH es fundamental para defender, pues hemos comprobado que muchas veces, la denuncia publica es mas efectiva que las denuncias formales, que también las hacemos, en instancias legales mayores. El problema es que hay muchos Fiscales que están ligados a los poderes represores y sus intereses. Aun así, acudimos siempre a la Fiscalía de Derechos Indígenas, en instituciones de los derechos humanos como el Cofadeh, y otras organizaciones hermanas que tienen abogados que nos dan acompañamiento e información en procesos de litigio, como el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Y por supuesto hacemos trabajo de articulación con otras organizaciones. Eso nos ayuda a cuidarnos, realmente hemos tenido que tomar medida que nunca creímos necesitar.

Nosotros vivimos aquí muy duro la época de los 80, de la guerra fría, porque somos frontera con El Salvador. Los gringos tenían dos bases militares y había más de veinte mil refugiados salvadoreños. Después del golpe de Estado, hemos tenido que tomar muchas medidas de seguridad, pero sabemos que somos muy vulnerables, en nuestras casas y en cualquier casa. Ellos han llegado al extremo de enviar amenaza a los hijos e hijas de dirigentes del COPINH, ahí también hemos tenido que tomar medidas con nuestras propias familias. No se puede confiar ni en la policía, además de la utilización del sicariato y los paramilitares, cosas que nunca se había dado en muchas comunidades indígenas.

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Multitudinario adiós a Berta Cáceres, activista indígena hondureña asesinada la pasada semana. / Efe

— ¿Cómo ha sido la respuesta de las instituciones del Estado de proteger los derechos de los defensores?

"El racismo contra la población lenca se expresa en las instituciones del Estado"

— Aquí, en estas regiones, hemos llegado a tener respuesta de la Fiscalía Especial de Etnia, pero de allí, lo demás, está ausente. No contamos con nada, más bien ni siquiera podemos acudir, cuando hay violaciones sexuales de niñas indígenas, a la policía o médicos forenses pues luego vuelven a ser agredidas. Es terrible el desprecio y el racismo contra la población lenca, y eso se expresa claramente en las instituciones del Estado. Habrá personas que a nivel personal intentan hacer algo, pero como cuerpo institucional no hay una respuesta.

¿O sea que la institucionalidad que habían conquistado en los años noventa en la práctica no funcionó ni existe en la zona?

— Salvo algunos esfuerzos que realiza la Fiscalía de Etnia, no hay nada. Porque ellos sí han ido a varios lugares en casos de denuncias graves, pero de allí, nada. El  problema es que está el convenio 169 pero es violentado, y las instituciones politizadas llenas de personas ineptas que no entienden las realidades indígenas, sus cosmovisiones, ni nada. Entonces, nosotros sentimos que allí hay un vacio terrible, emparejado con el racismo terrible de los medios de comunicación.

— Usted dijo que tiene medidas cautelares, ¿las tiene usted pero no el COPINH a nivel de organización?

— Nosotros hemos solicitado medidas cautelares para el COPINH y para las radios, pero no hemos tenido la respuesta. Lo hicimos a nivel del Cofadeh. Además tenemos limitaciones, por ejemplo en el COPINH no contamos con un profesional del Derecho, sólo así con acompañamientos solidarios de otros compañeros, y es bien difícil encontrar un profesional del derecho que entienda estas luchas indígenas y la aplicación de justicia desde el derecho consuetudinario. No conocen el convenio 169 siquiera.

— Hay un marco jurídico de garantía a los derechos de los indígenas, pero su funcionamiento no es efectivo, y luego quienes son los encargados de administrar estas normas no tienen los conocimientos del derecho indígena. ¿Puede ampliar sobre esta situación?

Y tampoco tienen la voluntad política, ni el deseo de cumplir funciones a las que están obligadas. Siempre hay una discriminación. Por ejemplo cuando vamos al Juzgado, dicen “ahí vienen esos copinhes revoltosos y  guerrilleros”. Incluso, en casos como el asesinato del compañero Rodríguez Domínguez, probando nosotros con testigos y todas las pruebas científicas y técnicas, la juez primera de letras de aquí de Intibucá, lo que hizo fue dictarle medidas sustitutivas al policía que mató al compañero. Entonces, hay una gran discriminación de parte de los operadores de justicia y de autoridades mayores.

— En estas instituciones del Estado, dentro del personal que trabaja, ¿hay indígenas empleados?

"No entienden que el pueblo Lenca ha sido rebelde ante la colonización y la opresión"

En los puestos clave, como funcionarios, jueces o directores de policía, por supuesto que no. Todos son ladinos o incluso personas que vienen de otro lado. Y el problema es que si hay alguien que sea indígena, no necesariamente tiene la conciencia ni la autodeterminación de su identidad. Pero no hay ningún compañero o compañera indígena. Por ejemplo, los oficiales de la policía de la Esperanza, no son de aquí, los traen de otro lado, sin conocer la zona ni las costumbres. Nosotros tuvimos acceso a una entrevista que hizo un dizque historiador y antropólogo de las Fuerzas Armadas, diciendo que los Lencas llevamos en el ADN el instinto de ser militar. Eso es una cosa que, además de estúpida, refleja el nivel de pensamiento sobre nosotros. Por eso dicen que somos buenos para el ejército y hay que reclutarnos. Ellos no entienden que el pueblo Lenca ha sido rebelde ante la colonización y la opresión, que ha sido un pueblo de grandes guerreros pero no militaristas. A los policías que son de aquí, y que tienen familiares con el COPINH, cuando hay que reprimir no los mandan, y en ocasiones ellos mismos se han negado y por eso reciben sanciones. Ahora por eso traen policías de otros lados, del Aguan, para que según ellos, “vengan a descansar aquí”.

— ¿Desde su punto de vista cuáles considera que serían los grandes desafíos institucionales para enfrentar la efectiva garantía de los derechos indígenas y la protección de los defensores de estos derechos?

Todo eso, en primera instancia, pasa por refundar este país. Yo pienso que es imposible lograr un Estado de derecho y respeto a los derechos humanos si no pasa por un proceso de transformación profunda. Porque no es solo un problema institucional o de leyes, es un problema de causas estructurales, económicas, políticas y culturales. Y debe pasar un proceso de construcción de otros conceptos donde la legitimidad de la causa indígena prevalezca sobre una legalidad que está hecha para servir a los intereses de grandes capitales. Nosotros pensamos que si eso se logra, es un paso fundamental.

Es importante la despolitización, porque eso es grave aquí. También que haya un profundo proceso de formación de los operadores de justicia respecto a los derechos humanos e indígenas. No que vayan a salir como Ramón Custodio López (anterior Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras) que dijo que el convenio 169 “era un privilegio para estos sectores”, cuando al contrario, es un reconocimiento por vivir 500 años de marginación, coloniaje y saqueo. Otra situación es que no puede haber funcionarios públicos si no tienen ética política, entiendo esto no como intereses partidarios, sino ejerciendo sus funciones a favor de derechos humanos sin frontera, sin politizar. Que además se fortalezca nuestra Fiscalía Especial de Etnia, que maneje denuncias contra Miguel Facusse, Fredy Nassar, Rosenthal Oliva y los máximos opresores de los intereses del Estado.

— ¿Y ahí habría un reto especial en las regiones indígenas, es decir que los operadores de justicia y el sistema institucional, las personas responsables además de tener un conocimiento sobre derechos humanos conozca los derechos indígenas, para tener un trato más coherente respecto al trato de los derechos humanos en general?

— Por eso nosotros decimos que eso debe pasar por un proceso refundacional, pues debe desmontarse el racismo, pero a nivel de declaración, pues no creemos que la refundación se hace solo teniendo una buena constitución, sino en la práctica, desmontando la opresión cultural. En el año 1994  planteamos que todos los jueces y la Corte Suprema debían capacitarse y conocer el convenio 169, pero casi a 18 años de eso, haga una valoración de cuántos jueces conocen este convenio, es una minoría. Claro que debe haber un conocimiento con pertinencia en derechos indígenas, pero también debe haber la creación de instituciones y financiamientos para echar andar el desarrollo de los pueblos indígenas.

— En esta parte, hay un largo camino que recorrer, pero en ese tránsito que ustedes continúan con su lucha, siguen en un contexto de riesgo y peligro. ¿Qué mecanismos apropiados deben aplicarse para garantizar la efectiva protección de los defensores de los derechos indígenas?

"Mientras exista la opresión del ejército, sigue latente el riesgo de violación de los derechos humanos"

— Primero, la planificación y el desarrollo profundo y permanente de procesos de formación de derechos humanos. Otro es que, mientras exista la opresión del ejército como la tenemos hoy, sigue latente el riesgo de violación de los derechos humanos, entonces debe desaparecer la policía y el ejército. Lo otro es que, operadores de justicia e investigadores como la Dirección de Investigación Criminal DIC, que en su gran mayoría sus miembros salieron de escuadrones de la muerte entrenados para torturar y violar estos derechos, tengan una depuración y cambio profundo. Lo otro es el tema comunicacional, empoderar a la población y a los defensores todo lo que compete a los derechos humanos a través de estos medios con campañas y difusión sobre esto. De ahí, instituciones como el Ministerio de Justicia tiene una labor monumental encima. Y también la relación del avance de un modelo político-económico injusto. Es necesario tener en la lectura de estos contexto, políticas encaminadas a impedir la ascensión e impunidad de esos poderes políticos transnacionales. Es realmente un proceso no de maquillaje, sino tocar las causas estructurales y fundar garantías que cambie la realidad de que el 80% de la población viva en miseria total y 25 familias mandando.

— ¿Qué experiencias de trabajo exitoso podríamos tomar como referencia ante contextos de riesgo y peligrosidad, que podrían servir como base para la protección de los defensores de los derechos humanos?

— A nosotros, la denuncia pública nos ha funcionado de manera inmediata. Y también tuvimos muchas experiencias con las cortes populares de mujeres, donde no solo desnudamos al opresor directo sino a los operadores de justicia cómplices de esa impunidad, a través de procesos pedagógicos con nuestras radios comunitarias. La capacitación en defensoría comunitaria y enseñarle a la gente a prevenir, con redes comunitarias, colectivizar el trabajo de la defensoría de los derechos humanos. La lucha contra la militarización que hacemos a diario, auditando la actividad de la policía, el ejercito y los operadores de justicia y hacerlo publico. Y además la presencia internacional nos ha ayudado muchísimo.

(*) Osmán López es profesor de sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH.

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