Franklin Castañeda: "Aunque gane el 'sí' en Colombia, seguiremos en conflicto armado"

Patricia Simón *

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Franklin Castañeda Villacob, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en Colombia. / Patricia Simón

Franklin Castañeda Villacop pertenece a tres de los colectivos más azotados y hostigados por el paramilitarismo y los crímenes de Estado en Colombia. Presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una organización que acompaña y asiste jurídicamente a las personas privadas de libertad por motivos políticos y a las comunidades que sufren vulneraciones de sus derechos fundamentales, así como a víctimas de tortura, desplazamiento y desaparición forzada. Portavoz del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), cuyos miembros fueron espiados y amenazados por la agencia de seguridad DAS del Gobierno colombiano, incluso cuando se exiliaban en países como España hace apenas una década. Miembro de la Ejecutiva del partido político Polo Democrático, nacido de la confluencia de varias formaciones de izquierda en 2005 y que ha recabado importantes resultados electorales.

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Con sólo 24 años, Castañeda ya sufrió en carne propia las consecuencias de defender los Derechos Humanos en su país: un atentado y un intento de desaparición contra su vida le obligaron a desplazarse de su Barranquilla natal a Bogotá. Una década después, ha representado a las víctimas en las negociaciones de La Habana, donde ha sido nombrado miembro del Consejo Nacional de Garantías de Seguridad, el primer organismo estatal creado a raíz de los Acuerdos de Paz para la erradicación del paramilitarismo.

— ¿Qué resultado cree que va a salir del plebiscito del 2 de octubre sobre los Acuerdos de Paz?

— Espero que gane el sí a los acuerdos, pero va a ser una campaña con muchas dificultades. Por primera vez la élite dominante, incluido Juan Manuel Santos y su gente, necesita que la población vote de manera contraria a lo que históricamente se les ha dicho. Por eso, para muchos sectores no es comprensible que las FARC haya sido el gran enemigo del Estado y que ahora haya que perdonarle, abrirle las puertas de las instituciones y que se hable de reconciliación, cuando era un enemigo que había que aplastar, cuyas vidas no valían absolutamente nada y lo viable era asesinarles.

También hay una oposición sistemática al proceso, muy poderosa, cuya cara visible es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que representa a grandes sectores económicos. Y desgraciadamente lo que nos dicen las encuestas puede ser cierto, que la diferencia entre los que refrendarán el proceso y los que se opongan estará entre 4 o 5 puntos.

Y eso es muy grave porque los pueblos suelen votar movidos por el corazón y éste se decanta según los últimos acontecimientos. Y en Colombia seguimos en conflicto armado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Si éste realiza acciones militares durante estas semanas, mucha gente no lo va a entender porque no diferencian entre una u otra guerrilla. Y es posible que el ELN las lleve a cabo porque tiene su propia agenda y ha de jugarse sus escenarios de confrontación militar, en los que el Ejército ya lo tiene como único y principal objetivo. Como consecuencia, lo que vamos a ver es un recrudecimiento de la acción armada y eso puede provocar una desconfianza en el fin del conflicto armado. Por otra parte, la criminalidad del Estado y el paramilitarismo continúa: casi 40 personas asesinadas este año. Así que hay mucha desazón.

— Y si no gana el "sí" a los Acuerdos de Paz, ¿en qué escenario nos encontraríamos?

"En Colombia seguimos en conflicto armado con el ELN (...)
Por otra parte,
la criminalidad
del Estado y el paramilitarismo continúan"

— En el peor de los mundos. Algunos especulan con que las FARC no regresarían al monte. Puede ser cierto. Pero el Gobierno nacional ya no tendría respaldo político ni facultades legales para impulsar el acuerdo. Eso nos llevaría a una contradicción porque son acuerdos humanitarios de carácter internacional, que ya están en el Consejo Federal Suizo -depositario de la Convención de Ginebra-, pero el presidente perdería unas facultades que hoy tiene. Sin embargo, como el Gobierno y las FARC quisieron este proceso de refrendación, es el pueblo el que tiene la decisión. Y si gana el "no", estando a un año y medio de una nueva carrera presidencial en la que Santos ya no puede concurrir, lo que ganaría es el discurso ultraderechista que quiere renegociar los acuerdos. Si eso ocurre, quedamos en un limbo porque si las FARC no retoman las armas, se quedaría todo este tiempo sin poder avanzar, lo que supondría perder mando en la tropa, porque no la puedes tener sin hacer nada. Además, en algún momento FARC y militares se encontrarían en el terreno, con lo que se caería el cese bilateral del fuego y volveríamos a una guerra que puede ser larguísima porque se tendría que volver a llegar a unas mejores condiciones en cuanto a correlación de fuerzas para restablecer la negociación.

Dudo mucho que las FARC vayan a tomar el poder por las armas, pero también que el Gobierno pueda vencerlas militarmente. Así que esto, tarde o temprano, va a acabar en una mesa de negociaciones. Es ridículo no aprovechar esta oportunidad. Pero hay intereses políticos y económicos que le están apostando mucho a esto.

— ¿Qué ganan los poderes económicos con la perpetuación de la guerra con las FARC?

— Muchos de los integrantes de los poderes económicos que respaldan a Álvaro Uribe Vélez están relacionados con el despojo de tierras y con la financiación del paramilitarismo: ganaderos, monocultivadores y grandes terratenientes que fueron parte activa no sólo del conflicto armado, sino también de las estrategias criminales del Estado para hacer ricos a unos pocos. Y de cumplirse los acuerdos, pueden tener dificultades con la justicia, verse obligados a devolver tierras y perder poder político regional si las reformas pactadas se llevan a la práctica.

No son unas reformas tan ambiciosas como alguna gente esperaba, pero sí que incluyen elementos importantísimos para mejorar la participación política de los movimientos sociales y de las víctimas, para dotar de tierras al campesinado y devolverle las que les fueron robadas a los desplazados. Una cosa es lo firmado y otra llevarlo a la práctica, pero ésa va a ser la agenda de lucha para los próximos años.

También están los militares que además de ser aliados en algunos casos de esos intereses, tienen los suyos propios. En Colombia, al menos 23 millones de pesos (más de 7.000 millones de euros) se nos van en el sostenimiento de las fuerzas militares: contratos multimillonarios para la ropa, las armas, los salarios, las edificaciones, las pensiones… Son muchos los intereses que hay detrás de mantener una fuerza de medio millón de soldados, un Ejército que es tres veces el de Brasil cuando Colombia tiene una quinta parte de su extensión. Por supuesto, si el conflicto armado se acaba, tiene que reducirse.

Y finalmente un conflicto armado es la mejor excusa para que sus gobernantes oculten problemas reales como el acceso al agua, que hayan muerto 4.000 niños wayuu en la última década o que sólo en este año hayan fallecido 50 niños por hambre. Aquí sólo importa la existencia de las FARC. Si ese enemigo desaparece, se van a inventar otro. Pero mientras lo hacen, van a salir a flote muchas cuestiones.

"Sólo en este año han fallecido 50 niños por hambre. Pero aquí sólo importa la existencia de
las FARC. Si
ese enemigo desaparece, se inventarán otro"

— ¿Y cómo se explica que el presidente Santos, que fue ministro de Defensa en el gobierno de Uribe, y responsable último de los falsos positivos -asesinatos de civiles por parte del Ejército para presentarlos como bajas en combate de la guerrilla-, haya apostado tan fuerte a la paz?

— Contrariamente a Uribe, Santos pertenece a la burguesía histórica. De abuelo presidente, ha sido ministro toda su vida y sólo le faltaba algo en su ambición personal: pasar a la Historia. Y lo está garantizando: Santos va a pasar a la Historia como el presidente que ayudó a poner fin a la guerrilla más visible que existe en Colombia. Pero también hay intereses económicos. El modelo económico que impulsa Santos privilegia la inversión extranjera, que atiende más a las apariencias que a la economía nacional de terratenientes promovida por Uribe.

Esta inversión internacional que cotiza en la Bolsa puede perder recursos por noticias que perjudiquen su marca y, por tanto, requiere de mayor estabilidad. Con Uribe, que capitaneó el periodo de mayor guerra en Colombia, quedó demostrado que por esa vía no se conseguía la pacificación de lo rural -donde se encuentran los recursos que quiere ese capital extranjero: oro, petróleo, grandes extensiones de tierra y agua–. Santos ha firmado 33 tratados comerciales y Uribe sólo firmó uno porque era una patata caliente con la que nadie quería juntarse. Santos ha hecho las paces con Venezuela y Ecuador, nuestros principales socios comerciales después de Estados Unidos. Y ha logrado inversiones récord en Colombia.

Así que lo que vamos a tener a partir de ahora es una confrontación muy fuerte entre ese modelo económico y lo pactado en los Acuerdos de Paz en favor de los campesinos. Una lucha que tendremos que dar a partir de ahora.

— ¿Cuáles han sido las mayores dificultades en el proceso de negociación y cómo se ha conseguido el respaldo de las víctimas para negociar con un Estado que ha cometido crímenes contra la población civil?

— El proceso han tenido una participación muy importante de las víctimas: al menos 60 han participado directamente y se han celebrado cinco foros en los que miles de personas llevaron sus propuestas. Se ha alcanzado un acuerdo importante sobre justicia que tiene varios pilares. El primero es un acuerdo de búsqueda de desaparecidos, más de 30.000 según los registros más conservadores.

También se recogen medidas de reparación y, por primera vez, vamos a tener una Comisión de la Verdad. El punto más duro es el acuerdo de justicia. Tenemos un país con más de 6,6 millones de personas inscritas y reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado, 490.000 mujeres supervivientes de agresiones sexuales, más de 220.000 muertos por la violencia sociopolítica… ¿Qué hacer en un país tan impune como Colombia para resolver todas estas situaciones? En el caso de los falsos positivos, 5.800 registrados -la ONU estima que un 30% de los muertos en combate en la etapa de Uribe pertenece a esta categoría- la justicia sólo ha resuelto el 3% de los casos. Y desde que se destapó hace ocho años, las organizaciones de Derechos Humanos hemos hecho un trabajo arduo, con un fuerte respaldo internacional, así como de algunos jueces y miembros de la Fiscalía. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos a esta velocidad para solucionar todos los casos? ¿Sesenta años? La única forma de llevar justicia, verdad y reparación a millones de víctimas es con un mecanismo flexible. Y este acuerdo es una oportunidad para al menos encontrar la verdad de los crímenes e imponer sanciones, aunque no necesariamente sean de cárcel: que el militar deje de ser militar, que se quiten los recursos a empresas que hayan financiado paramilitarismo…Va a quedar mucha gente en libertad, nos va a tocar comernos algún sapo en aras de resolver el fin de la guerra, pero al menos que se pare esta fábrica de víctimas y dar solución a los derechos de las víctimas.

"El acuerdo (...) es una oportunidad para avanzar.
Las víctimas queremos justicia, no venganza"

— Estos son los sapos que critica Human Rights Watch, que considera que los Acuerdos de Paz pueden garantizar la impunidad de los autores de determinados crímenes.

— HRW critica dos elementos fundamentales: la sanción fuera de la prisión y que al perseguir a los máximos responsables, muchos de los autores van a quedar impunes. Y otro asunto es que en el caso de los crímenes de Estado no hay mucha motivación. En el caso de la insurgencia, el gobierno tiene como mínimo 56.000 investigaciones abiertas contra las FARC, una guerrilla de unos 8.000 miembros. Es decir, buena parte de sus integrantes están investigados por crímenes graves y, por tanto, se van a presentar a declarar porque saben que tienen información sobre ellos. Pero como contra los agentes del Estado no hay apenas investigaciones, ¿por qué van a ir a declarar sus crímenes? La motivación es cero. Pero en el acuerdo se recoge que las organizaciones de Derechos Humanos podemos presentar informes para que se abran investigaciones contra estas personas, así que es una oportunidad para avanzar. Las víctimas queremos justicia, no venganza.

— ¿Resuelve la reforma agraria recogida en este acuerdo el conflicto que hay entre determinadas comunidades indígenas, de campesinos y afrodescendientes por el uso y propiedad de la tierra?

— Los acuerdos reconocen las reservas de los campesinos, los territorios de los indígenas y afrodescendientes. Se habla de medidas de desarrollo rural, pero no van a solucionar estos conflictos sociales que se dan en zonas como el Cauca, donde se superpone la presencia de estos grupos en un mismo territorio o, incluso, en una misma parcela.

En este sentido, la enseñanza que dejan los acuerdos es que las comunidades deben resolver este tipo de situaciones sin el uso de la violencia y, ojalá, con el acompañamiento de los gobiernos. Se reconoce que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado, pero se establece una serie de límites para que cesen sus abusos contra las comunidades. Tenemos que solucionarlo la sociedad colombiana.

— En el caso de la participación de las mujeres en las negociaciones de paz, empezó siendo nula pero se ha desarrollado a lo largo de estos cuatro años ampliamente. ¿Cómo recogen los acuerdos sus problemáticas específicas y las forma diferenciada en que tienen que ser reparadas?

— En este acuerdo pasó algo fundamental que hay que reconocer y es que las mujeres de los movimientos sociales y las guerrilleras dieron una batalla muy fuerte que logró la apertura de la subcomisión de género –integrada por hombres y mujeres de las FARC y del Gobierno– y reformaron todos los acuerdos para incluir la perspectiva de género. En el caso de las FARC además, fueron unas guerrilleras muy jóvenes, sin formación y campesinas las que dieron una pelea muy berraca y dejando un estándar importante para la humanidad. Los futuros procesos de paz secundados por las Naciones Unidas tendrán que estudiar el colombiano para ver cómo se incorporan unos estándares específicos de la perspectiva de género, para la comunidad LGTB, de la mujer campesina, de las niñas… Quiebra la historia en dos.

— En el plebiscito se recoge que podrá participar la diáspora colombiana. ¿Qué obstáculos van a encontrar?

— Sí, hay una crítica que ya no se va a solucionar y es que no va a haber registro de cédula (carnet de identidad). Los que han salido recientemente y no están inscritos en sus consulados o embajadas, no van a poder hacerlo. Pero es que en el caso concreto de las exiliadas, son personas en su mayoría de izquierda y con una desconfianza muy fuerte en la política de Colombia. Y por eso, esta elección que les toca directamente, como nunca han ido a votar a las embajadas y no tienen su cédula inscrita, no van a poder hacerlo tampoco esta vez.

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Franklin Castañeda, en otra imagen. / P. S.

— ¿Y cómo se va a garantizar que las personas que tuvieron que exiliarse por la persecución política vayan a gozar de los mismos derechos a la reparación, la justicia y la verdad que los que se quedaron en Colombia? 

— La Ley de víctimas y la reforma que se anunció de ésta, sí reconoce derechos a la población en el exilio. Pero son insuficientes. Elementos básicos como llegar a acuerdos con sus Estados de acogida para el traslado de sus pensiones, o el ajuste del valor adquisitivo de la moneda colombiana a la de los terceros países…. Porque el fondo de ayuda a una víctima en Colombia da para casi nada, pero en Suiza olvídalo, porque no es más que el salario de un mes del trabajo doméstico. Nada de esto se tuvo en cuenta a pesar de que se reclamó. La oportunidad es la reforma de la Ley de víctimas. Por eso, el momento de hacer incidencia política es ahora.

— ¿Por qué el ELN no ha iniciado aún el proceso de negociación? ¿Se quedó demasiado debilitado por el protagonismo de las FARC?

— Lastimosamente no va a haber en el corto plazo un proceso de paz tan importante mediáticamente y con tanto respaldo internacional como éste. Por eso va a necesitar ser mucho más rodeado por la sociedad, porque va a ser más frágil. De hecho, el proceso con las FARC ha pasado por momentos de crisis en los que si no se rompió, fue por la presión social y de la comunidad internacional.

En el caso del ELN hay problemas de estrategia y de concepción políticas. Estratégicamente, para el Gobierno es mucho más fácil negociar con el ELN después del plebiscito. Tener dos mesas abiertas a la vez, con guerrillas con visiones en algunos casos diferentes, pero en otras complementarias, que habrían podido coordinarse para ganar peso en las negociaciones, habría supuesto una merma en la correlación de fuerzas para el Gobierno.Y no hay que olvidar que el mayor peso del Gobierno ha pesado mucho en las negociaciones. Además, si el "sí" gana en el plebiscito, el Gobierno exigirá al ELN que acepte lo acordado porque serán leyes de la República. Y además el Gobierno considera al ELN una guerrilla menos pragmática que las FARC, menos avezada en aterrizar sus discursos en políticas concretas. El ELN quiere llevar a cabo la negociación desde el terreno filosófico y con una amplia participación política ciudadana, para después aterrizarlo en políticas concretas. Pero si uno mira los Acuerdos de La Habana, son grandes temas que luego habrá que desarrollar en nuevas políticas. Así que el Gobierno apostó por salir de una para después presionar a la otra.

— ¿Y cómo ha gestionado el ELN ese ninguneo del Gobierno para iniciar una negociación?

— En la actualidad, el ELN está realizando muchas más acciones armadas que anteriormente. Está en clara expansión militar, llegando a territorios donde ya no estaba. Están preparándose para la continuidad de la guerra en caso de que la negociación con el Gobierno fracase o para mejorar la correlación de fuerzas.  Si se iniciase el proceso de diálogo formalmente con éste, hay quien apunta que debería iniciarse con el cese del fuego armado y de seguridad, para asegurar el fin del conflicto armado. Pero va a ser muy difícil porque la prioridad de Santos, en este año y medio que le queda, es la implementación de los Acuerdos de La Habana.

La concepción política del ELN es muy diferente de las FARC, que planteaban que si por la vía armada -que no es un fin, sino un medio– no se consiguió, se van a la participación política. En cambio, el ELN parte de que para que abandonen las armas necesitan que se implanten las reformas por las que se alzaron. Y entonces, estudiarán si se integran en las instituciones. Y esto va a ser muy difícil porque el Gobierno no está dispuesto a negociar los factores esenciales de su poder.

— Una de las lecciones que podemos extraer de este proceso de paz es que siempre ha estado protagonizado por los actores colombianos. ¿Ha percibido intentos de injerencia por parte de algún actor internacional?

— No, pero es que el Gobierno de Santos es una burguesía real, lo suficientemente fuerte para ser autónoma. Y las FARC una guerrilla de 52 años de historia, que tenía en La Habana a sus mejores hombres y mujeres.

Además hay que reconocer que el Gobierno llevó a la mesa a representantes del poder real como la Policía y el Ejército. Allí estaban representados por los  generales Naranjo y Mora Rangel, dos personajes a los que les podemos criticar mucho, pero cuya presencia resultó determinante para que los actores armados tuvieran que poner freno y trabajar con voluntad en el proceso de diálogo. Recordemos que en Colombia muchos procesos de paz fracasaron por el saboteo del Ejército. Claro que creemos que las fuerzas militares tienen que estar supeditadas al poder civil, pero en un país donde eso no se da, lo mejor era ponerles a jugar de tú a tú.

— Pone mucho énfasis en que es fundamental llegar a un acuerdo con el ELN para alcanzar una verdadera paz. Pero tampoco se lograría mientras siga habiendo paramilitares actuando en el país.

"Por primera vez, el Gobierno colombiano muestra voluntad de erradicar a los grupos herederos del paramilitarismo a través de este acuerdo"

 — Por primera vez el Gobierno manifiesta una voluntad de erradicar a los ahora llamados grupos herederos del paramilitarismo, a través de una serie de medidas recogidas en el acuerdo. Entre otras, la creación de una instancia importante, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, integrada por el presidente, tres ministros, el fiscal general de la nación, el comandante de las Fuerzas Militares y el de la Policía, el Defensor del Pueblo, dos delegados de las FARC cuando se reincorporen –y, mientras tanto, Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista–, Camilo González Pozo, uno de los grandes estudiosos del paramilitarismo, y dos delegados de las organizaciones de paz y derechos humanos, Gustavo Gayón, presidente de la Comisión colombiana de juristas y mi persona. Nuestra responsabilidad es trazar una política pública para el desmantelamiento de estos grupos a través de reformas de las fuerzas públicas, revisión de la acción de la Policía, la facultad de obtener información del Estado, así como de hacerle seguimiento al mismo y rendir cuentas a la ciudadanía. Se incluye un sistema de alertas tempranas para seguir los movimientos de los paramilitares en territorios y anunciar a tiempo lo que pueda suceder. Se crea una unidad de élite de la Policía de al menos 5.000 miembros para combatir al paramilitarismo, algo que sólo se había hecho para el narcotráfico y la insurgencia. Se funda una unidad de la Fiscalía especializada en la investigación de los paramilitares y, sobre todo, la "paraeconomía", los financiadores. Y han puesto al frente, ni más ni menos, que a la magistrada que mandó investigar, entre otros, al expresidente Uribe. Una mujer que administró justicia tocando a todo el que tenía que tocar.

— Una de las cuestiones pendientes es abordar el tema de los menores, también los reclutados por el paramilitarismo. Pasar de concebirlos como desalmados incorregibles a menores soldado, además de atender sus derechos, favorecería la reconciliación.

— Esto va a pasar no sólo con los paramilitares, sino también el demonio que representa para muchos los miembros de las guerrillas y las organizaciones de izquierda. Creo que no somos aún conscientes de hasta dónde nos toca cambiar en aras de la reconciliación. Y, sobre todo, cómo poder ser cada cual opositor de lo que quiera sin el uso de la violencia, de la macartización, sin el deseo de aniquilamiento del otro por ser diferente, y sobre todo, sin su aniquilamiento. Lo más importante está en el terreno cultural y en que todos se desarmen. Si no, va a seguir habiendo una justificación pública del paramilitarismo como respuesta a la guerrilla. Y los que militamos en la izquierda vamos a seguir siendo señalados como parte de la insurgencia. El paramilitarismo acaba de matarnos a tres campesinos.

— El panorama mediático en Colombia ha contribuido a la crispación social y a la criminalización de la sociedad civil comprometida con la defensa de los derechos. ¿Cuán necesaria es para este proceso de reconciliación la democratización de los medios de comunicación?

— Lastimosamente el Gobierno no concedió un tercer canal de televisión en la negociación, ni facilitó los espacios mediáticos que las FARC solicitaban, no para ellos sino para toda la sociedad. Y quizás ése sea uno de los puntos más débiles para la reconciliación nacional. La concentración mediática es absoluta. Y con este manejo de la información va a ser muy difícil aspirar a la reconciliación y a la participación política de la gente. Ahora hay algunos medios que parecen aliados nuestros porque defienden el "sí" al plebiscito, pero cuando el tema de interés sea devolver los millones de hectáreas del fondo de tierras al campesinado y los desplazados –que está en los acuerdos pero que no responde a los intereses de los grupos económicos– entonces volverán a su oposición habitual.

El Gobierno puso unas líneas rojas sobre lo que no iba a negociar: política de seguridad, modelo económico y acceso real a los medios de comunicación masivos, porque estaría abriendo la puerta para que se modifiquen los factores esenciales del poder. Y éstos se ganan en elecciones o en revoluciones, pero no se negocian.

(*) Patricia Simón es periodista.