CETA, el controvertido acuerdo entre la UE y Canadá, a examen
BRUSELAS.– En septiembre de 2014, los entonces presidentes de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, y el Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, anunciaron el fin de las negociaciones del Acuerdo Económico y Comercial Global con Canadá, más conocido como CETA por sus siglas en inglés. Dos años después, el texto debe ser aprobado en las próximas semanas por los Estados miembros antes de su paso por la Eurocámara. Con motivo de la celebración la próxima semana de varias jornadas de lucha contra este tratado, cuartopoder.es repasa las claves del acuerdo y recoge las opiniones de los eurodiputados españoles de los principales grupos políticos al respecto.
¿Qué es el CETA?
Tras 7 años de negociaciones, criticadas por su falta de transparencia, el gobierno de Canadá y los representantes europeos han cerrado el CETA: 1.598 páginas que regulan las relaciones comerciales entre la UE y Canadá, un acuerdo que ha sido fuertemente contestado por algunos sectores de la sociedad en los últimos meses. Más de tres millones de firmas han sido recogidas en contra del mismo y decenas de manifestaciones han tenido ya lugar en varias capitales europeas, como Berlín o Bruselas y continuarán en los próximos días, también en España. Pero, ¿qué es y qué implicaciones puede tener este acuerdo?
El CETA, según la Comisión Europea, tiene como objetivo "establecer una relación económica privilegiada y más avanzada con Canadá" mediante un acuerdo que "abrirá nuevas oportunidades comerciales y de inversión para los agentes económicos a ambos lados del Atlántico". Cecilia Malmström, Comisaria Europea, destaca que el tratado "incluye compromisos ambiciosos que beneficiarán a nuestras sociedades y economías y refleja los valores comunes de Canadá y la UE". El CETA se enmarca dentro de la política comercial europea, de la cual la UE tiene competencia exclusiva, incluido lo relativo a inversiones extranjeras desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2008. Tratados como el CETA o el TTIP buscan sustituir los acuerdos bilaterales de ciertos Estados miembros con terceros países por acuerdos europeos, en teoría más beneficiosos para el conjunto de la UE.
Aunque el principal objetivo del acuerdo es precisamente la liberalización del comercio mediante la eliminación de barreras arancelarias o administrativas, entre otras medidas, el acuerdo va mucho más allá. Son precisamente los aspectos relativos a la armonización de la legislación o el tribunal de arbitraje entre empresas y estados los que han suscitado una fuerte oposición al tratado en los últimos meses. Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida, lo resume de la siguiente manera: "El CETA no es un acuerdo comercial sino que es una forma de trastocar todo el modelo económico y social de la UE para ponerlo al servicio de las grandes empresas, terminando con importantes conquistas sociales para generar más y más beneficios para unos pocos".
¿Cuáles son las medidas más importantes que introduce el tratado?
A pesar de que las barreras arancelarias son escasas entre la UE y Canadá, el objetivo del CETA es reducirlas al máximo en algunos casos -productos agrícolas especialmente sensibles- y eliminarlas por completo en otros. Esta medida, entiende la Comisión, facilitará la exportación a las empresas europeas y, especialmente, a las pymes. Algo que Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, rechaza frontalmente ya que "el 97% de ellas [las pymes] vende exclusivamente dentro de la Unión Europea". Al contrario, para Sánchez, un acuerdo como éste solo beneficia a las grandes empresas: "¿Qué se encuentra esa enorme mayoría de PYME cuyo sustento está aquí, en Europa? Que las grandes empresas canadienses y estadounidenses han entrado en su mercado y la competencia es tan dura que llevaría a muchas a la quiebra", denuncia.
Las barreras arancelarias y administrativas, insiste la Comisión, se eliminarán sin perjuicio a las normas que los productos deben satisfacer en el país al que son exportados. Es decir, la UE defiende que los estándares europeos deberán ser respetados en cualquier caso por los productos canadienses. Pablo Zalba, eurodiputado del Partido Popular es tajante en este punto: "La Unión Europea no va a comerciar con ningún producto que no cumpla con esos requisitos". Sin embargo, es la modificación de estos estándares lo que preocupa a quienes se oponen al tratado: "En última instancia el objetivo del CETA, como el del TTIP, es cambiar la legislación europea", insiste Lola Sánchez.
Otra de las iniciativas incluidas en el tratado es la unificación de procedimientos administrativos, por ejemplo, en las pruebas de determinados productos en los que la Unión y Canadá tengan estándares muy parecidos. De este modo, la misma agencia encargada de realizar los tests a los bienes que vayan a comercializarse en Europa podrá hacer lo propio con los que sean exportados a Canadá, reduciendo así el proceso y los costes. De nuevo, los temores hacia un posible descenso de los estándares son la mayor reticencia.
La liberalización de los servicios públicos también es un apartado destacado del acuerdo. Este capítulo es especialmente polémico desde el punto de vista político. Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada del PSOE, insiste en que exigirán una declaración para que quede excluida "cualquier facilidad a la privatización de un servicio público". Sin embargo, aunque en ningún momento el tratado habla de obligar o promover la privatización, sí que dificulta las nacionalizaciones en determinados casos, por ejemplo, en los que un servicio se haya privatizado con anterioridad.
¿Cuáles son los puntos más polémicos?
Probablemente los puntos que más polémica han suscitado en lo que concierne a este tratado son el trabajo por la armonización de las legislaciones en diferentes ámbitos entre ambas entidades y el establecimiento de un tribunal de arbitraje para litigios entre empresas y estados.
En lo que se refiere a la armonización y aunque el CETA simplemente establece un Foro de Cooperación Reguladora, los críticos entienden que abre la puerta al descenso de los estándares de la UE en materias como la seguridad alimentaria o las políticas medioambientales. Los transgénicos, por ejemplo, permitidos en Canadá pero prohibidos en la Unión, son una de las principales preocupaciones. En este sentido Ernest Urtasun, representante de Iniciativa per Catalunya Verds en el Parlamento Europeo, cree que "se crea una presión a la baja de los estándares porque la única forma que tienes de mejorar el comercio es eliminando barreras y, en este caso, las barreras europeas en materia alimentaria son superiores".
El segundo aspecto más polémico es el Tribunal de Arbitraje. En un principio, el acuerdo con Canadá incluía un Sistema de Arbitraje Inversor-Estado, (ISDS, por sus siglas en inglés), muy similar al del TTIP, el tratado de libre comercio con Estados Unidos, que aún sigue siendo negociado. Sin embargo, tras una revisión jurídica forzada por la presión social contra este punto, las partes acordaron incluir otro sistema, "maquillado", denuncia Urtasun. Una presión, entiende Pablo Zalba (PP), cuyos fundamentos son meramente políticos, ya que "nadie cuestionó el sistema hasta que éste fue incluido en el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos". Aunque reconoce que ha sido precisamente esta circunstancia la que ha permitido incluir en el CETA un tribunal "mucho más acorde con lo que demandan los ciudadanos europeos y canadienses".
Finalmente, el CETA contará con un Tribunal de Arbitraje que será constituido por el comité conjunto de la UE y Canadá y que incluirá a nacionales de ambas partes y un tercer estado que podrán ser jueces o letrados con experiencia en la materia, un aspecto que sigue suscitando críticas. También se incluye un Tribunal de Apelación, que no existía en la propuesta anterior.
Pero, ¿para qué se establece este tribunal? En su artículo 8.9, el tratado protege el derecho de los Estados a legislar "para lograr objetivos legítimos de política, tales como la protección de la salud pública, la seguridad, el medio ambiente o la moral pública, social o la promoción y protección de la diversidad cultural", incluso cuando afecte a los beneficios o las expectativas de los inversores. Eso sí, siempre y cuando estas decisiones no sean aleatorias. Pero lo cierto es que la existencia del Tribunal de Arbitraje deja en manos de él decidir cuándo se dan o no estas circunstancias. Lo mismo ocurre con los casos de discriminación - el tratado también incluye la obligación de un "trato justo y equitativo" a los inversores de ambas partes- o de nacionalización.
Si bien es cierto que el nuevo proceso incluye un límite a los supuestos en los que se puede presentar una demanda, un informe del Corporate Europe Observatory denuncia que sigue mermando la capacidad de los Estados para legislar, por miedo a una denuncia y una posible multa. Para Ernest Urtasun, además, respetar la autonomía del derecho europeo no está reñido con salvaguardar las inversiones: "Evidentemente hay que proteger la inversión, no estamos en contra de eso, pero creemos que los tribunales americanos, canadienses o europeos dan todas las garantías jurídicas para que diriman ellos el litigio", insiste. Florent Marcellesi, representante de Equo en la Eurocámara, va un paso más allá: "Un sistema paralelo a nuestro sistema judicial no es democrático", denuncia.
¿Están incluidos los derechos sociales y las políticas medioambientales en el acuerdo?
Sí, lo están, pero es una de las principales reservas que la mayor parte de los grupos políticos tienen al respecto por entender que no están convenientemente protegidos.
Desde el Partido Socialista, declara la eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero, exigirán que se asegure el respeto a los estándares en materia de derechos laborales como condición para apoyar el CETA: "Queremos ver compromisos más contundentes en esta materia", insiste. También la Confederación Europea de Sindicatos muestra su preocupación al respecto. Liina Carr, secretaria de la organización, destaca en declaraciones a cuartopoder.es su descontento por la ausencia de mecanismos de aplicación. Es decir, no existe un mecanismo de denuncia en caso de que los derechos laborales no sean respetados. Los inversores y las inversiones están más protegidos en el tratado que los derechos sociales y laborales o las políticas medioambientales.
Precisamente en política medioambiental, tanto Marina Albiol como Ernest Urtasun subrayan su preocupación respecto al sector energético. Canadá, uno de los países con mayor presencia de multinacionales del ámbito de la energía, es especialmente permisivo con prácticas muy contaminantes y prohibidas en algunos países de la UE, como el fracking en la extracción de gas o las minas a cielo abierto, que podrían acabar siendo exportadas.
¿Cómo, cuándo y quién tiene que ratificar el CETA?
El Consejo Europeo se reúne los próximos 20 y 21 de octubre y el futuro de la política comercial de la UE está en la agenda. Se espera que en esta cumbre se firme el acuerdo de libre comercio con Canadá, aunque algunos países como Bélgica, Francia o Austria han mostrado ciertas reticencias en los últimos meses.
Mientras los parlamentos nacionales ratifican el CETA, que ha sido declarado mixto, a pesar de que la UE tiene competencias exclusivas en política comercial, la Comisión ha propuesto la aplicación provisional del tratado a partir del próximo año. Otra medida polémica que ha sido duramente criticada.
Además, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2008, la Eurocámara tiene que dar su consentimiento al tratado. Algunas delegaciones no se han manifestado aún abiertamente sobre su posición frente al CETA, que cuenta al menos con el apoyo del Partido Popular Europeo, el Grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa y los Reformistas y Conservadores. En contra se sitúan los Verdes y la Izquierda Unitaria Europea. Toda Europa mira al grupo de los Socialistas y Demócratas que podría inclinar la balanza y en el que las delegaciones belga y francesa votarán en contra, frente a la alemana que anunció hace unas semanas su apoyo al tratado.
Después, el acuerdo tendría que ser aprobado por los parlamentos nacionales. En el caso de España, tanto el Partido Popular como Ciudadanos se han manifestado rotundamente a favor del CETA. En el lado opuesto, Podemos o Izquierda Unida lo rechazan. De nuevo, la aprobación del tratado dependería de la posición del PSOE que aún está estudiando el texto. Sin embargo, dada la compleja situación política española tras casi un año sin gobierno, una enorme crisis en el seno del Partido Socialista y unas posibles terceras elecciones en el horizonte, nadie se aventura a vaticinar el resultado de una votación sobre el CETA en España.
¿Se puede parar el CETA?
El CETA podría no lograr ser aprobado por los Estados miembros o ser rechazado por el Parlamento Europeo, aunque parece poco probable.
Una de las opciones que se baraja es enviar el capítulo sobre las inversiones, el que incluye el Tribunal de Arbitraje, al Tribunal de la Unión Europea en Luxemburgo para que examine si esta parte del tratado es acorde a derecho europeo. Ernest Urtasun explica a este medio que se está llevando a cabo una campaña para sacar adelante esta iniciativa antes de la votación en pleno del CETA: "Esto podría permitirnos, primero, ralentizar la votación y, segundo, si hay una opinión de la corte de que este capítulo es ilegal, sería un torpedo a la línea de flotación del CETA".
Así y todo, Urtasun insiste en que es importante que la ciudadanía mantenga la presión sobre los eurodiputados de cara a la votación del tratado. Una opinión que comparte Marina Albiol para quien "una fuerte movilización en las calles es la única forma de ejercer una presión efectiva sobre quienes negocian y aprueban este tratado".
¿Cómo afecta esto al TTIP?
Marina Albiol (IU) lo tiene claro: "Estos acuerdos no pueden aislarse los unos de los otros y lo que pase con uno determinará lo que ocurra con el resto y los términos en los que se planteen". Las críticas de la ciudadanía tanto al CETA como al TTIP, las reticencias de algunos Estados miembros de la talla de Alemania o Francia, además de la incertidumbre política en Estados Unidos previa a las elecciones de noviembre, e incluso el brexit, mantiene el TTIP en standby. Aunque la Comisión insiste en que las negociaciones no están muertas, su continuidad está en tela de juicio.
Además, para Florent Marcellesi,"el CETA es el caballo de Troya del TTIP". Y es que una posible aprobación del CETA abriría la puerta a todas las empresas estadounidenses establecidas en el vecino del norte al mercado europeo.
Quienes apoyan el CETA, como el eurodiputado popular Pablo Zalba, entienden que "poner trabas a este acuerdo es poner trabas a la recuperación económica y a la creación de empleo". Quienes lo enfrentan, como Marcellesi, insisten en que el problema no es el comercio sino "anteponer éste al bienestar de la ciudadanía y del planeta". El debate político, no sólo en el seno del Parlamento sino también en el del Consejo, pone en tela de juicio la política comercial de la UE en pleno punto de inflexión en el proceso de integración europeo.
