10 claves de la política migratoria europea tras un año del acuerdo con Turquía

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Un grupo de refugiados hacen cola para recibir comida en la isla griega de Lesbos. / Efe

BRUSELAS.– El próximo 9 de marzo se cumple un año del cierre de la ruta de los Balcanes, el 18, del acuerdo con Turquía. Un año marcado por el récord de muertes en el Mediterráneo, el desmantelamiento de Idomeni y ‘la Jungla’ de Calais, las miles de personas varadas en Italia, Grecia, Serbia o Hungría y los acuerdos con Afganistán, Mali, Níger, Etiopía, Senegal o Nigería. Un año que acaba con la extrema derecha a la cabeza de la intención de voto en varios países y el acuerdo con una Libia en descomposición en el horizonte. cuartopoder.es analiza los últimos doce meses de gestión de la llamada ‘crisis de los refugiados’ con representantes de ONGs y organizaciones internacionales.

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1. La inseguridad jurídica del acuerdo EU-Turquía

El pasado miércoles, el Tribunal de Justicia de la UE declaró no tener competencia para instruir la causa de tres demandantes de asilo que habían denunciado el acuerdo entre la UE y Turquía. No puede hacerlo porque el acuerdo, para el derecho europeo, virtualmente no existe. Para el Tribunal, se trata de una declaración entre los Estados miembros de la UE y el Primer Ministro turco Ahmet Davutoğlu pero no entre en el ordenamiento jurídico europeo, con toda la inseguridad jurídica que esto conlleva.

Eugenio Ambrosi (OIM): "Evitar
la violación
de derechos fundamentales
es una responsabilidad donde quiera que ocurra la violación"

Pero aunque el acuerdo no exista, sí tiene consecuencias. La Comisión celebra su utilidad aludiendo al descenso de las llegadas a través del Egeo en un 98%. Para Eugenio Ambrosi, director regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la UE, “este es un buen resultado si la única consideración que se hace para medir el éxito de la política migratoria son los números”, pero se debe tener en cuenta además si se está cumpliendo con la obligación legal y moral de asegurar la protección de esas personas. Y esto, cuando se considera Turquía, que ni siquiera respeta los derechos de sus propios ciudadanos, que ha establecido limitaciones a la Convención de Ginebra para los Refugiados y solo ofrece protección temporal y que a día de hoy tiene graves problemas políticos y de seguridad, un “país seguro”, resulta difícilmente justificable. De hecho, en una carta filtrada al diario europeo Euractive, ACNUR reconocía estar teniendo muchas dificultades para acceder a los campos de refugiados en territorio turco y asegurar el respeto a los derechos humanos en ellos.  Por eso, insiste Ambrosi, debe ser la protección de las personas y no el freno a los flujos migratorios lo que debe estar en el centro de la política de la UE en colaboración con los países de origen y tránsito: “Evitar la violación de derechos fundamentales es una responsabilidad donde quiera que ocurra la violación”. Para ACNUR, además, el cierre de fronteras no hace sino aumentar los riesgos a los que se enfrentan las personas que tratan de llegar a Europa en busca de asilo.

Desde que se puso en marcha la declaración, 849 personas han sido devueltas desde Grecia, 159 sirios incluidos. Sumados al acuerdo bilateral entre el gobierno heleno y el turco, hacen un total de 1.487 personas. Solo una de estas personas de nacionalidad diferente a la siria recibió asilo. Además, en total, 3.565 sirios han sido reasentados desde Turquía a Europa en el marco del acuerdo. La Comisión lamenta, sin embargo, la lentitud de las devoluciones desde Grecia que no permite “aliviar la tensión en las islas”.

Hasta ahora, en términos económicos, la UE ha asignado 2.200 millones a Turquía en ayuda humanitaria y no humanitaria. Las negociaciones continúan para liberalizar los visados a ciudadanos turcos como parte del acuerdo.

2. El Mediterráneo, el mayor cementerio de Europa

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Cruz Roja rescata a un grupo de personas que viajaban a Europa en una balsa en el Mediterráneo. / Efe

En 2016 se alcanzó una cifra record de personas que murieron tratando de alcanzar Europa por el Mediterráneo, más de 5.000 perdieron la vida en el intento. En lo que va de año, ya son 487. La Unión Europea sigue sin establecer una operación de rescate en la zona a pesar de las constantes demandas de la sociedad civil. La única de este tipo en el Mediterráneo en los últimos años fue Mare Nostrum, una iniciativa del Gobierno italiano. Las operaciones Triton y Sophia de la UE tienen un mandato de control de la frontera marítima de la UE y de lucha contra el tráfico de personas, no de búsqueda y rescate. A pesar de ello, más de 520.000 personas han sido rescatadas por navíos europeos desde 2015, según la Comisión.

Oscar Camps (Proactiva): "No puede ser que tengamos que ponernos en manos de mafias para poder llegar a Europa y pedir refugio"

Pero no es suficiente. Son principalmente las ONGs como Médicos Sin Fronteras o Save the Children, e incluso algunos particulares quienes coordinan operaciones en la zona. Oscar Camps es fundador de Proactiva Open Arms, una organización de rescate en mar que comenzó a trabajar en el Egeo en 2015 y ha trasladado ahora su barco al Mediterráneo Central al incrementarse el flujo migratorio en la zona. Para Camps, hacer frente a esta situación es una cuestión de voluntad política. El problema, entiende, sigue siendo la falta de vías seguras: “No puede ser que tengamos que ponernos en manos de mafias para poder llegar a Europa y pedir refugio”, sentencia. Alessandro Siclari es asesor de Comunicación para las Migraciones en Médicos sin Fronteras (MSF). Siclari coincide en el diagnóstico: “Para MSF la única forma de rescatar a estas personas y reducir su sufrimiento es crear canales seguros y legales para que puedan tener acceso a protección”. Mientras, la única forma de salvar vidas, insiste el asesor de MSF, es un sistema proactivo de búsqueda y rescate. Así y todo, mientras no haya una respuesta europea, Camps defiende que Proactiva seguirá haciendo su trabajo: “El derecho básico, el derecho fundamental, el derecho que da sentido a todo es el derecho a la vida. Y eso es lo que hacemos, preservar ese derecho en medio del mar”.

A día de hoy, la única vía llegada a Europa es el programa de reasentamiento desde países como Jordania o Líbano. Esto supone, acuerdo con Turquía aparte, 22.504 plazas. Según la Comisión, 14.422 personas se han beneficiado del sistema. Por ponerlo en contexto, según ACNUR, en 2015 había 65.300.000 desplazados forzosos, 21 de los cuales eran refugiados. Etiopía, el segundo país más poblado de África y entre los más pobres, acoge a más de 700,000 personas desplazadas; Turquía, a 2,5 millones; Pakistán, 1,6  millones, y Líbano, poco más de un millón. A toda Europa, apenas han llegado dos millones en los últimos años: “No son números de una crisis para un espacio político y económico como la Unión Europea”, corrobora Eugenio Ambrosi (OIM).

3. El negocio de la migración a ambos lados del mar

En junio de 2015, la UE lanzó la Operación Sophia en el Mediterráneo para luchar contra el tráfico de personas, destruyendo el modelo de negocio de los traficantes. El plan incluye la detención de estos criminales y la destrucción de los barcos usados para los traslados. Hasta la fecha, 2.100 sospechosos han sido detenidos y 387 barcos eliminados.

Eugenio Ambrosi: "Hay un montón de actores económicos europeos que explotan la migración irregular en su propio beneficio"

Oscar Camps (Proactiva) denuncia que, en más de una ocasión, oficiales de FRONTEX les han pedido identificar al guía de la barca que acababan de rescatar. De hacerlo, explica, esas personas eran detenidas y acusadas de tráfico. “Y la barca la lleva un refugiado más, no la lleva ningún traficante”, insiste. Este testimonio pone en tela de juicio las cifras que la Comisión presenta en términos de lucha contra el tráfico de personas.

También para el director regional de la OIM para la UE, la mayor causa de la inmigración irregular a Europa es precisamente la falta de alternativas legales y, por tanto, la lucha contra el tráfico de personas que lleva a cabo la UE en el Mediterráneo con medidas exclusivamente represivas es insuficiente para solventar el problema.

En este sentido, Ambrosi entiende que para acabar con el negocio hay que poner fin al nicho de mercado primero: “el hecho de que los traficantes son la única posibilidad de llegada a Europa”, y segundo, entender que no solo se lucran los traficantes en Libia sino que “hay un montón de actores económicos europeos que explotan la migración irregular en su propio beneficio”. Esto, insiste, también hay que atacarlo. “Si nos quedamos solamente con los aspectos de represión, lo único que vamos a hacer es crear más mercado, con precios más altos y con riesgos más altos para los migrantes”, sentencia.

4. El infierno libio

En la cumbre en Valeta del pasado mes de febrero, los Estados miembros acordaron incrementar los esfuerzos diplomáticos con Libia para poner freno también a la ruta del Mediterráneo Central. De hecho, Italia estableció un acuerdo bilateral con parte de las autoridades libias. "Se presumía que iba a pasar lo mismo que en Turquía, que iban a salir muy pocos", explica Oscar Camps. Pero no ha sido así. Libia no es Turquía. Se trata de un país sumido en una guerra civil desde la caída de Muamar Gadafi en 2011, marcado por las luchas entre clanes, con el Estado Islámico acechando y en el que los migrantes acaban en centros de detención inmundos donde son sometidos a todo tipo de violaciones de derechos humanos.

Alessandro Siclari (MSF): "Si son enviados de vuelta a Libia ¿A dónde se devolvería a esa gente? ¿A al mismo sufrimiento del que escapan?"

Para Eugenio Ambrosi (OIM) la opción de formar a guardacostas libios que se encarguen del control y el rescate en aguas nacionales, tal y como propone la UE, es positiva. De hecho, tanto la OIM como ACNUR participarán en la formación en derechos humanos y trata de personas de estos oficiales. Sin embargo, reconoce Ambrosi, queda mucho por hacer en el terreno para asegurar “que las condiciones en las cuales se encuentran los migrantes traídos de vuelta sean aceptables”.

Alessandro Siclari (MSF) considera que la sola idea de establecer un acuerdo con Libia demuestra la total falta de conocimiento de la UE de la situación en el país, donde migrantes y refugiados están expuestos a todo tipo de violencia. “¿A dónde se devolvería a esa gente? ¿Al mismo sufrimiento del que escapan?”, critica el asesor de MSF. Camps coincide: “Volver a Libia ellos ni se lo plantean, prefieren morir”. La mayoría de las personas que toman la ruta del Mediterráneo Central son subsaharianas. La posibilidad de retornar a través del desierto de vuelta a casa, si es que hubiera casa alguna a la que volver, es inviable. Por eso pasan meses en Libia, trabajando como esclavos "hasta que pueden volver a pagar a las mafias para dar el último salto”. Un salto que en muchos casos, demasiados, es al vacío. Por eso, explica el director de Proactiva, “se apuntan el número de su madre en el pantalón, porque es la última prenda que se pierde cuando te ahogas”. Porque saben que tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir pero, a veces, esa oportunidad es la última.

5. El sistema de reubicación, estancado

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Un refugiado afgano trata de calentarse en una estación abandonada de Belgrado. / Efe

La falta de voluntad política de los Estados miembros de la UE para compartir la responsabilidad de esta llamada 'crisis de los refugiados' es patente. Durante meses, los países de la frontera sur y este se vieron desbordados por la intensificación de los flujos migratorios, derivada del empeoramiento de los conflictos en Oriente Medio y el África Subsahariana. Para evitar la circulación libre de estas personas por el territorio europeo, se cerró la ruta de los Balcanes a principios de marzo de 2016. El día 18 de ese mismo mes se estableció el acuerdo con Turquía.

Como consecuencia, explica Ester Asin, directora de Save the Children para la UE, “unas 60.000 personas se han visto atrapadas en Grecia y unas 15.000 en las islas, en centros de recepción que son casi de retención, que superan la capacidad máxima y con unas condiciones de higiene y de infraestructuras bastante malas”. También Italia, tradicionalmente un país de llegada para migrantes y demandantes de asilo, se vio desbordada para hacer frente a la situación.

Para hacer frente a la saturación de los puntos de entrada, la Comisión propuso un sistema de reubicación por cuotas según el cual, 98.255 personas objeto de protección internacional en Italia y Grecia debían ser reubicadas por los Estados. Los países que más personas han reubicado han sido, por orden, Francia, Alemania y Países Bajos. Por el contrario, Hungría, Austria y Polonia se niegan a participar en el programa. La Comisión reconoce los esfuerzos de Bélgica, Alemania y España por acelerar el proceso pero critica al gobierno español por no cumplir con las promesas mensuales. El programa debía cumplirse en septiembre. A esta fecha, solo 13.546 personas se han beneficiado del programa.

La falta de voluntad de los países europeos de aplicar las cuotas ha llevado a situaciones extremas en Grecia e Italia, donde migrantes y refugiados se hacinan en campos que han superado ampliamente su capacidad. Estas personas, denuncia Alessandro Siclari, “están atrapadas en prisiones al aire libre en las islas griegas o viven en condiciones infrahumanas en lugares como Belgrado. Es como una manera de castigar a los que llegan para disuadir a otros de intentarlo”.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha advertido en una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que si los Estados miembros no cumplen con sus obligaciones de aquí a septiembre, la Comisión no dudará en usar su poder. En este sentido, la institución contempla abrir expedientes sancionadores a esos países que a día de hoy son todos.

6. Los menores, la enésima asignatura pendiente

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Un grupo de niños espera en una tienda de campaña entre Austria y Alemania a cruzar la frontera. / Efe

Un tercio de las personas que han demandado asilo en Europa en los últimos meses son menores, acompañados o no. Sin embargo, la infancia es "una nota a pie de página" en la Agenda para la Migración de la Comisión, denuncia Ester Asin, responsable de Save the Children para la UE.

Ester Asin (Save the Children): "Las primeras 24 o 48 horas son en las que más riesgo hay de que esos los niños refugiados desaparezcan
o sean víctimas
de tráfico"

Los niños representan uno de los colectivos más vulnerables de la ruta migratoria y muchos de ellos, especialmente los que llegan por la ruta del Mediterráneo Central, lo hacen solos. El problema es que no existen protocolos de acogida específicos y esto aumenta los riesgos. “Las primeras 24 o 48 horas son en las que más riesgo hay de que esos niños desaparezcan, sean víctimas de tráfico… Asegurar que haya un sistema de acogida apropiado es bastante importante”, explica Asin. La precariedad de estos sistemas de acogida es en parte la causa de que más de 10.000 niños hayan desaparecido en la ruta migratoria, según las estimaciones de Europol.

Save the Children trabaja tanto en los países de llegada como en los de destino para hacer la ruta migratoria algo menos difícil para los pequeños pero no siempre es suficiente. Asin denuncia que en Grecia se han multiplicado los casos de estrés post-traumático en niños debido al confinamiento en los campos. La responsable de Save The Children insiste en la necesidad de crear espacios de acogida alternativos para los pequeños.

7. El retorno como prioridad: los acuerdos africanos y con Afganistán

En junio de 2016, mientras todo el mundo miraba a Reino Unido, el Consejo Europeo acordó un marco de cooperación con países del norte de África y el África Subsahariana para promover el desarrollo de estos países, a cambio de un incremento del control migratorio y la implementación de acuerdos de retorno. Estos acuerdos prevén el incremento de los fondos para apoyar a estos países que rondarían los 726 mil millones de euros, entre 2016 y 2020. Según la Comisión y el Consejo tienen por objetivo trabajar en origen para acabar con las causas de la migración irregular hacia Europa. Sin embargo, el marco ha despertado suspicacias entre las organizaciones humanitarias por entender que vincula la cooperación al desarrollo con el control de los flujos de migración. Esto, explica Eugenio Ambrosi, contraviene los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados el pasado año. Para Alessandro Siclari, MSF como organización humanitaria no puede aceptar que “la ayuda se utilice para aplicar un programa de control fronterizo”.

Alessandro Siclari (MSF): "Como organización humanitaria no podemos aceptar que la ayuda se utilice para aplicar un programa de control fronterizo"

Considera Ambrosi sin embargo que es necesario trabajar para atajar “las causas de la emigración involuntaria” que viene determinada "por la imposibilidad de las personas de encontrar una alternativa en su casa". La OIM apoya la necesidad de resolver algunas de las causas de subdesarrollo que hay en los países de origen, "para llegar a un punto en el cual la migración sea una elección voluntaria que correspondan a una elección personal y no en una necesidad, a la imposibilidad de sobrevivir en tu propio país o comunidad de origen”, explica el director de la organización para la UE.

En octubre, la Unión presentó un acuerdo para acelerar los retornos a Afganistán, un país lastrado por años de guerra y violencia, de nacionales que hayan visto rechazada su demanda de asilo. Esto, considera Ambrosi, es peligroso. “Tenemos que tener mucho más cuidado antes de definir un país de origen como seguro simplemente porque tenemos que reducir las demandas de refugio”, advierte el director regional de la OIM, que insiste, además, en que la aceptación de demandas de asilo de afganos es extremadamente baja considerando la situación actual del país.

8. La politización del estatus de refugiado

Una de las mayores preocupaciones de ONGse y organizaciones internacionales en los últimos meses, derivada de algunas de las políticas de la UE, es la politización del concepto de asilo, al vincularlo necesariamente con la nacionalidad. Esta valoración, de hecho, va en contra de las normas de derecho internacional. El asilo, advierte  Alessandro Sinclari (MSF), debe evaluarse individualmente: “Ningún país puede ser declarado seguro para todos sus ciudadanos y cada solicitante de asilo debe tener la oportunidad de que sus reclamaciones sean escuchadas”, insiste. Las devoluciones en caliente registradas en aguas griegas, libias o en fronteras como la de Melilla ponen en tela de juicio que esto sea respetado.

Oscar Camps (Proactiva): "Para nosotros esto no es una crisis, no es un drama, es un crimen"

Oscar Camps (Proactiva), que ha visto, por ejemplo, huir a niñas con toda su familia de la ablación en su país de origen, pide no generalizar: “Son personas que huyen, con historias, y habría que estudiar caso a caso”. E insiste en que esto viola la legislación internacional: "Para nosotros esto no es una crisis, no es un drama, es un crimen". La protección internacional, cabe recordarlo, no se aplica tan solo a personas que huyen de un país en conflicto (protección subsidiaria) sino también a quienes son perseguidos por razones políticas, raciales, sociales, religiosas, de nacionalidad o de orientación sexual. Por lo tanto, el país de origen no puede ser determinante en la valoración de la solicitud.

Con este contexto de fondo, la Comisión presentó el pasado jueves un plan para incrementar la eficacia de los sistemas de retorno y readmisión de inmigrantes irregulares, incluidos aquellos cuya solicitud de asilo haya sido rechazada. Esta propuesta incluye la promoción de la detención, por hasta un máximo de 18 meses, para asegurar el funcionamiento del sistema. Una medida que afecta también a los menores no acompañados, algo fuertemente criticado por organizaciones en defensa de la infancia como Save the Children.

9. España, espejo de la política migratoria europea

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Un grupo de refugiados sirios llega a España en el marco de reubicación de la UE. / Efe

En 2016, 7.490 personas migrantes llegaron a España, según ACNUR. En lo que va de año, ya son 1.000 y, hasta hace unos días, la frontera sur de España se había convertido en la más letal de 2017, con 38 muertos. La presión migratoria no es una novedad para España, tampoco la política de contención que parece haberse convertido en modelo de referencia en Europa. La valla de Melilla tiene casi dos décadas de historia. La húngara o la macedonia, apenas unos meses.

Paloma Favieres (CEAR): "El número de demandas de
asilo es muy bajo porque desde
la propia administración
se desincentiva"

La mayor parte de las personas que llegan a Ceuta proceden del África Subsahariana. En esta ciudad, explica Paloma Favieres, Responsable del Servicio Jurídico de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado), “el número de demandas de asilo es muy bajo porque desde la propia administración se desincentiva”. Según esta abogada, de solicitar la protección internacional en Ceuta, estas personas son obligadas a permanecer en la ciudad durante mucho tiempo. Además, explica, España suele tardar en resolver las solicitudes de asilo, algo por lo que ha sido condenada, precisamente para desalentar a estas personas.

La situación es bien distinta en Melilla, donde la mayor parte de las solicitudes son de sirios. De nuevo, la nacionalidad es determinante en el acceso al procedimiento. “Para estas personas los trámites de salida del CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) de Melilla se han agilizado muchísimo”, algo que Favieres alaba. Sin embargo, advierte, “no se puede discriminar en función de la nacionalidad”.

Hasta el momento, España solo ha reubicado a 707 personas desde Grecia y 144 desde Italia, un 9% del total comprometido, además de 289 en el marco del reasentamiento, procedentes de Líbano y Turquía. Paloma Favieres (CEAR) reconoce que España tiene un sistema garantista y una vez que acceden al procedimiento de asilo sus derechos son respetados. Sin embargo, insiste de nuevo, “hay que huir de poner el foco en refugiados de primera y refugiados de segunda”. El Estado, insiste Favieres, “tiene obligaciones que cumplir con todos los solicitantes de asilo y refugiados”, independientemente de su nacionalidad o de cómo hayan accedido al sistema.

10. Un horizonte político peligroso

En las próximas semanas, la Unión Europea se enfrenta a dos procesos electorales que pueden marcar el rumbo de la Unión y sin duda, su política migratoria y de asilo. Geert Wilders y Marine Le Pen, representantes de partidos de extrema derecha con programas abiertamente racistas, lideran las encuestas de cara a las elecciones en Países Bajos y Francia respectivamente. Éste es sin duda uno de los grandes retos de los próximos meses y según Eugenio Ambrosi (OIM), un fracaso de Europa: “Ya dijimos nunca más, varias veces, por varias situaciones, y se repitieron” insiste, “hay que dar a estos fenómenos la importancia que merecen”. Denuncia además Ambrosi la importancia de desmontar los mitos sobre la inmigración, “primero que no hay invasión; segundo que no es verdad que todo el mundo quiere venir a Europa” y que “sin duda los migrantes no vienen a robarnos empleo sino a generarlo”.

Para MSF, la prioridad es un cambio de políticas en la UE “que se basen en las necesidades de las personas y abandonar la política de los muros y la disuasión a cualquier precio”. Una postura que apoya Save the Children para quien el fin de la externalización de fronteras y la apertura de vías seguras de llegada a Europa, son clave. Recomendaciones que Comisión, Consejo y Parlamento deben tener en cuenta, en plena negociación de la renovación de la política de asilo de la UE.

(*) Beatriz Ríos es periodista.

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