Colombia: el proceso de paz se la juega en las urnas

Mañana se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, una cita clave para el futuro del proceso de paz iniciado hace seis años entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del país. Los acuerdos negociados en La Habana entre 2012 y 2016 fueron el principio del fin del conflicto más largo del mundo, pero su aplicación definitiva dependerá de quién suceda al presidente Juan Manuel Santos. Los favoritos para llegar a la segunda vuelta el próximo 17 de junio son el uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro, antiguo militante de la guerrilla M-19. La elección del primero pondría en peligro el ya frágil proceso de paz, mientras que una victoria de Petro garantizaría la aplicación del acuerdo de paz y supondría un vuelco histórico para Colombia, que nunca ha tenido un presidente de izquierdas.

Duque es ambiguo sobre el acuerdo”, explica Luis Miguel Rivera, politólogo colombiano e investigador en la universidad Sciences Po de París, “no apoya la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)”. Este mecanismo judicial, creado para procesar a antiguos combatientes, ha sido uno de los puntos más problemáticos en las negociaciones entre las FARC y el Gobierno de Santos, que ha sido galardonado con el Nobel de la Paz por su papel en el proceso. El principal bache en el camino hacia el fin del conflicto fue la estrecha victoria del ‘no’ en el referéndum sobre el primer acuerdo (por solo 54.000 votos), firmado en Cartagena de Indias por el presidente Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño (alias ‘Timochenko’). La victoria de los opositores al acuerdo, liderados por el expresidente Álvaro Uribe, obligó a las partes a retomar las negociaciones y reformular el pacto.

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En diciembre de 2016, el Congreso y el Senado refrendaron el acuerdo definitivo, que exime de penas de cárcel a los combatientes que confiesen sus delitos y renuncien a la violencia, excepto a los guerrilleros, paramilitares y agentes del Estado culpables de crímenes contra la humanidad. El enfrentamiento armado ha provocado más de 220.000 muertes y el desplazamiento forzoso de casi 6 millones de personas desde su inicio en los años 60. Según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, los paramilitares son responsables de casi el 40 por ciento de las muertes de civiles en el conflicto, los guerrilleros del 23 por ciento y los agentes del Estado, del 8 por ciento.

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Según Santos, el nuevo acuerdo “es mejor que el que firmamos en Cartagena, porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos”, también parte de los que votaron ‘no’ en el plebiscito. Sin embargo, la implementación no está siendo fácil. En noviembre de 2017, las FARC expresaron su “más encendida alarma” por los incumplimientos del gobierno en la implementación de los acuerdos y reclamaron la intervención de la ONU. Año y medio después de la firma del acuerdo definitivo, la violencia no cesa: en 2016, 282 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en Colombia, según la Defensoría del Pueblo que precisó que la mayoría de las víctimas son campesinos, indígenas y líderes comunales. Por su parte, Amnistía Internacional ha alertado sobre las incursiones de paramilitares en zonas previamente controladas por las FARC.

Por otro lado, miles de guerrilleros de las FARC ya han entregado las armas pero la Jurisdicción Especial de Paz apenas ha empezado a funcionar. “Los jueces ya están nombrados”, explica Rivera, “pero los juicios no han empezado todavía, no empezarán hasta después de las elecciones”. La puesta en marcha de la JEP se ha retrasado por el caso de un miembro de las FARC acusado de narcotráfico cuya extradición reclama Estados Unidos. “La JEP ha dicho que no había pruebas suficientes para la extradición pero la Fiscalía dice que no es competencia de la JEP decidir sobre las extradiciones”, explica Rivera. Las dificultades se acumulan y la victoria en votos del partido Centro Democrático de Uribe en las elecciones legislativas de marzo incrementó el pesimismo sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz.

El resultado de las presidenciales podría aclarar la situación, pero solo en parte. “Incluso si gana Petro, tendrá dificultades para aplicar su programa con un Parlamento dominado por la derecha”, advierte Rivera. Pero ¿puede ganar la izquierda? “Si pasan a la segunda vuelta Duque y Petro, Petro les ha ofrecido ministerios a Sergio Fajardo (un candidato de centroizquierda, tercero según las encuestas) y a Humberto de la Calle, un candidato liberal que defiende mucho los acuerdos de paz porque fue uno de los negociadores en La Habana”, precisa. Además de completar el proceso de paz con las FARC y llegar a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional (ENL), otra guerrilla que sigue activa, Petro defiende un ambicioso programa de transformación social. “Quiere redistribuir la riqueza a través de impuestos, inversión en política social, vivienda, educación e infraestructuras”, desgrana Rivera, “y convocar una Asamblea Constituyente”. “Fajardo no apoya la Constituyente, incide más en la importancia de la educación para luchar contra la corrupción y es un poco más liberal en lo económico, pero los programas de ambos son similares”, explica Rivera.

Colombia tiene muchas peculiaridades pero parece compartir con muchos otros países la dificultad de los partidos progresistas para llegar a acuerdos. “Es una frustración que los candidatos de la izquierda no hayan hecho una coalición”, señala Rivera. Si las encuestas se cumplen y Petro pasa a la segunda vuelta, la izquierda colombiana tendrá una oportunidad para unirse y disputarle la presidencia del país al uribismo. El resultado de las elecciones legislativas de marzo sugiere que el viento sigue soplando hacia la derecha en el país de Gabriel García Márquez, pero la política colombiana ya ha experimentado vuelcos más grandes. ¿Quién habría dicho hace pocos años que se acercaba el final del conflicto más largo del mundo?