La operación “Lava Jato” prueba su propia medicina y Lula podría salir de la cárcel

El 9 de junio Brasil se fue a la cama en colapso. Informaciones explosivas filtradas por una fuente anónima al periódico The Intercept Brasil, evidencian lo que ya muchos suponían, que la operación Lava Jato, la mayor operación anticorrupción de la historia brasileña y la responsable por la prisión de Lula ha sido un gran fraude.

El material filtrado al vehículo dirigido por el premio Pulitzer, Glenn Greenwald, consta de conversaciones realizadas a través del Telegram entre el entonces juez principal de la Lava Jato, el hoy ministro de Justicia del gobierno Bolsonaro, Sergio Moro, y los fiscales encargados de la acusación, principalmente el fiscal Deltan Dallagnol. Estas conversaciones demuestran una cooperación promiscua y política completamente ilegal entre la Fiscalía y el juez Moro dirigida fundamentalmente a frenar el avance del Partido de los Trabajadores y especialmente la candidatura de Lula para las elecciones de 2018.

Moro daba orientaciones, consejos, pistas de investigación, marcaba la estrategia y el ritmo de la Fiscalía. Además, una de las conversaciones muestra que los fiscales estaban inseguros del material acusatorio contra Lula porque “estaría basado en muchas pruebas indirectas, pero no cabría decir eso en la denuncia” Las conversaciones violan varias leyes brasileñas. Según el artículo 254 del Código de Proceso Penal el juez no podrá aconsejar a ninguna de las partes. La Ley Orgánica de la Fiscalía dice que está expresamente prohibido que los fiscales discutan el proceso y las estrategias con el juez encargado del caso, o sea, todo lo que la filtración demuestran que hacían.

Como consecuencia del reportaje, la Orden de los Abogados de Brasil ya ha pedido que los implicados en los casos cedan sus cargos. El Consejo Nacional de la Fiscalía ha abierto una investigación formal contra los fiscales y el Congreso ha afirmado que abrirá una Comisión Parlamentaria de Investigación para depurar las responsabilidades de Sergio Moro. Moro está al borde del precipicio.

Por otro lado, debido a estas irregularidades, la propia Lava Jato está amenazada y ya hay muchas voces que piden su anulación. Anular la Lava Jato significaría que varios de los políticos presos podrían salir de la cárcel. Significaría que Lula podría salir de la cárcel. Las bases petistas contienen el aliento ante esta posibilidad que daría un giro dramático a los acontecimientos. Muchos especulan con un Lula libre y un Moro derrotado, fuera del gobierno. La venganza perfecta del PT. En una nota divulgada después de las revelaciones, uno de los abogados de Lula, Cristiano Zanin, dice que en diversas ocasiones ellos ya habían denunciado “la acción combinada entre los fiscales y el juez Sergio Moro con clara motivación política de procesar, condenar y retirar la libertad del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva”. Zanin continua afirmando que “el reportaje publicado en Intercept revela detalles de esta trama”. El juicio del Habeas Corpus que podría llevar a la libertad de Lula estaba marcado para ayer martes en el Tribunal Supremo. Iba a ser juzgado por los cinco jueces que integran el llamado “segundo grupo” del Supremo. Sin embargo, a la luz de los recientes acontecimientos, estos cinco jueces resolvieron que la decisión del Habeas Corpus debería ser tomada por todos los once integrantes del Tribunal Supremo, por tanto el juicio se ha aplazado hasta fecha indefinida.

La repercusión para el gobierno Bolsonaro puede ser muy grande. El juez Sergio Moro era la gran estrella del gobierno y, además, el presidente ha tenido unos seis primeros meses de gobierno desastrosos. Todas las apuestas del mercado estaban colocadas en la reforma de las pensiones, que se tiene como imprescindible para que Brasil salga del agujero económico en el que está inmerso. La reforma camina a pasos lentísimos por la la falta de articulación del gobierno con el Congreso. La arquitectura política brasileña es la del presidencialismo de coalición. El presidente necesita, invariablemente, tener una base aliada sólida entre los diputados. Dilma Rousseff la perdió y acabó en impeachment. Pero la poderosa máquina del Congreso brasileño no es para principiantes. Son 513 diputados de 30 partidos diferentes, el mayor número de partidos desde la redemocratización brasileña. Negociar con ellos requiere una enorme habilidad política de la que Bolsonaro carece totalmente.

Además del malestar en el Congreso, las calles comienzan a llenarse de insatisfechos. La primera medida del Ministro de Educación, el neoliberal y conservador Abraham Weintraub, fue atacar algunas de las universidades públicas que consideraba “improductivas” y “reducto de la izquierda”, entre ellas la importante Universidad Federal de Bahía, cortando el presupuesto de las mismas en un 30%. Cuando el Ministro fue cuestionado sobre este corte dirigido a universidades específicas, su respuesta fue bloquear el 30% del presupuesto de todas las universidades federales (más de 60 por todo el país) y de todos los institutos federales de formación profesional (más de 40). En paralelo a estos cortes, el Ministerio de Educación aumentó en un 70% la acreditación de centros universitarios privados durante este año. El tsunami de críticas de la comunidad educativa, la oposición y la propia prensa no se hizo esperar. Durante el mes de mayo los brasileños tomaron masivamente las calles en el que fue el mayor movimiento contra Bolsonaro durante estos meses de gestión.

Bolsonaro acumula editoriales negativos inclusive de los periódicos más conservadores del país, como Estado de São Paulo y la revista Veja, que lo apoyaron durante la campaña electoral y son conocidos por sus fuertes discursos antipetistas. La prensa apoya las reformas económicas que no llegan y ve con malos ojos las imposiciones ideológicas del gobierno y contra la educación. El mercado rebaja también sus apuestas y ya reduce la expectativa del crecimiento del PIB para este año a 1,13% (dato divulgado por el Banco Central el 3 de junio) La popularidad de Bolsonaro también se desploma. Según encuesta publicada a principios de abril por el Instituto Datafolha, el 30% de los brasileños consideran su gestión mala o pésima. En febrero era el 22%. La peor valoración de un presidente tras los 100 primeros días de gestión desde la redemocratización, en 1985. En el mismo periodo sólo el 10% desaprobaban a Lula. Si Sergio Moro abandona el Ministerio, o los fiscales de la Lava Jato, otros héroes anticorrupción del país, sufren sanciones severas, Bolsonaro va a notarlo en la propia carne

Los próximos capítulos dirán si las ansias de Moro de aniquilar a Lula acaban volviéndose contra él y contra Bolsonaro. Quién sabe si veremos a los cazadores cazados.