¿Qué está pasando en Ecuador? Las claves para entender las protestas y la crisis política

QUITO.- A un kilómetro de distancia del parque aledaño a la Asamblea Nacional de Ecuador, donde están congregadas miles de personas como parte de las protestas contra las medidas antipopulares del gobierno y que han desembocado en la convocatoria de la huelga general este miércoles, se comienza a sentir el picor en los ojos y la nariz, producto del lanzamiento de bombas lacrimógenas por parte de la fuerza pública. El uso de la fuerza como medida de dispersión y represión, tampoco ha evitado reunir en diferentes puntos de la ciudad de Quito centros de acopio ante la llegada de alrededor de 20.000 indígenas, ni ha impedido por el momento la escalada de violencia tras el anuncio del ejecutivo ecuatoriano de las medidas de ajuste económico promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El diálogo está condicionado por ambas partes. Mientras, el Gobierno se encuentra en la ciudad de Guayaquil y las protestas se intensifican en el país.

El paquetazo: origen de las protestas

Octubre arrancó con el anuncio de una serie de medidas de ajuste económico por parte del Presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Estas medidas, también conocidas como el "paquetazo", contemplan, entre otras cuestiones, una reforma laboral y la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel (por primera vez en cuatro décadas). Sobre todo, esto último fue determinante para el inicio de las movilizaciones y las protestas contra el Decreto 883 del gobierno ecuatoriano. Como antesala al "paquetazo", el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, justificó el Decreto 883 como parte del acuerdo alcanzado en febrero con el FMI, organismo multilateral que afirmó que estas medidas económicas “tienen como objetivo mejorar la resiliencia y sostenibilidad de la economía ecuatoriana”. Tarde o temprano, el "paquetazo" se veía venir en el marco de las exigencias del FMI para conceder a Ecuador una línea de crédito de 4.000 millones de euros.

Desde ese momento, Ecuador se ha despertado cada día con aire de incertidumbre. El pasado jueves 3 de octubre, cuando entró en vigor el alza de los precios en el combustible, los transportistas se movilizaron con cortes en las vías, que paralizaron el país durante casi 48 horas. El viernes se anunciaba desde el sector del transporte el final del paro, que parece irá unido al incremento de las tarifas y los pasajes. No obstante, varias organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) o la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) hacían un llamado a la huelga general para ayer, miércoles 9 de octubre, en contra de las medidas económicas del gobierno y ante la precarización laboral y la subida en el costo de la canasta básica.

La crisis política "exilia" al gobierno a Guayaquil

Mientras tanto, el gobierno de Ecuador declaró el estado de excepción, un mecanismo constitucional que le otorga facultad, entre otras cosas, al despliegue de 79.000 miembros de la fuerza pública (incluyendo a las Fuerzas Armadas), a la censura mediática, o al traslado de la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil. Como respuesta, la Conaie emitió un comunicado en el que se declaraba el estado de excepción en los territorios indígenas ante la brutalidad de las fuerzas de seguridad.

A pesar del cerco mediático, miles de imágenes y vídeos con lanzamiento de bombas lacrimógenas y perdigones, tanques en llamas, tomas de gobernaciones, buses militares apedreados, saqueos y toques de queda han copado las redes sociales y los medios de comunicación internacionales. Hoy día esas instantáneas fungen como una suerte de prólogo de la historia política reciente de Ecuador, cuya inestabilidad política era fácilmente deducible: ocho presidentes diferentes de 1996 a 2007.

Toda una serie de acontecimientos que ha ido acrecentando la escalada de la violencia, con lamentables episodios que han dejado varios muertos y cientos de heridos y detenidos, principalmente en la parte andina del país, donde se concentraron las protestas durante el fin de semana. Así, con el gobierno "exiliado" en Guayaquil, según la Conaie llegaron alrededor de 20.000 personas procedentes de diferentes comunidades indígenas a Quito, preparadas a movilizarse contra el "paquetazo" y la acción militar. Más aún después de las dudosas declaraciones en materia de derechos humanos por parte del Ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, quien llegó a decir que las Fuerzas Armadas tienen derecho a la autodefensa. Organizaciones de derechos humanos denuncian abusos y se desconocen las cifras exactas de víctimas mortales y heridos durante la primera semana de protestas. El único dato oficial por parte del Gobierno es el de 570 personas detenidas.

Un escenario impredecible

Si bien representantes del neoliberalismo y la derecha ecuatoriana como Jaime Nebot, Cynthia Viteri o Guillermo Lasso hicieron un llamado a la defensa de la “seguridad democrática” y su denuncia por hechos vandálicos, saqueos y violencia en el país (con discurso de odio incluido), el denominado Colectivo Unitario (conformado por organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles y sociales), que convocó la huelga nacional, rechazó el oportunismo político y la acusación del gobierno de Lenín Moreno.

El presidente ecuatoriano afirmó en cadena nacional que las protestas formaban parte de un golpe ideado por el exmandatario Rafael Correa y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Cada minuto que pasa se agudizan los síntomas de debilidad de Lenín Moreno, cuya popularidad descendió abruptamente en las últimas encuestas. Por ello, pareciera que no le ha temblado el pulso al momento de trasladar la sede de Gobierno a Guayaquil y rodearse de sus nuevos aliados de la derecha ecuatoriana.

Más allá de estas acusaciones y la criminalización de las protestas, se debe tener en cuenta que a partir de ahora, lo que pasará en Ecuador es una incertidumbre y algo realmente impredecible. Sin embargo, sí es cierto que se están repitiendo algunos elementos que traen a la memoria otras crisis políticas que acabaron con el derrocamiento de los gobiernos de Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005. Todos estos gobiernos aplicaron medidas antipopulares posicionándose a favor o siguiendo las recetas del FMI. También enfrentaron el descontento del pueblo con la aplicación del estado de excepción, lo que provocó la movilización indígena, que en las últimas décadas se ha convertido en el bastión fundamental de la lucha popular en el país, en conjunto con la escena de la movilización urbana.

Asimismo, en el artículo 130 de la Constitución de Ecuador existe una figura jurídica denominada “muerte cruzada”, y que establece que la Asamblea Nacional puede destituir al presidente en caso de “grave crisis política y conmoción interna”, siempre y cuando se ratifique con el voto de dos tercios de la Asamblea Nacional. Luego de ello, el Consejo Nacional Electoral debería convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

Por el momento, el Colectivo Unitario continuará con las protestas y anunció que solamente acudirá al diálogo una vez que el gobierno ecuatoriano dé marcha atrás al "paquetazo". La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Universidades y la Iglesia Católica se encuentran mediando para abrir puertas al diálogo y buscar soluciones a esta crisis política en Ecuador.