ENTREVISTA

Fernando Casado: “Correa y sus partidarios están sufriendo una limpieza política por parte de Lenin Moreno”

  • Entrevista a Fernando Casado, miembro de la Red Internacional que ha llevado a la ONU las denuncias contra el gobierno de Ecuador

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El español Fernando Casado llegó a Ecuador tras 8 años trabajando en Venezuela de docente en la Universidad Bolivariana, entre otras actividades, y se incorporó a la  cancillería (ministerio de Relaciones Exteriores) en 2014 como asesor jurídico y de comunicación para la campaña sobre la Demanda de Ecuador y damnificados contra la petrolera Chevron después de la tragedia medioambiental que tuvo lugar tras un derramamiento de crudo. Después se quedó de profesor en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, una universidad pública de posgrado.

El presidente Lenin Moreno, procedente de las filas del partido de Rafael Correa, de cuyo gobierno fue vicepresidente, llega al poder en mayo de 2017 gracias a la popularidad de Correa que es quien lo designa su sucesor. Al poco de llegar Moreno se desmarca de la línea política de su partido y comienza un programa de acercamiento a los líderes opositores neoliberales y a las políticas de austeridad económica. Entre las críticas que recibe se encuentra la de Fernando Casado, lo que acaba provocando su despido de la Universidad, tras lo que se generó una polémica consecuencia de esa persecución por razones políticas.

Hoy Casado trabaja en la Universidad Técnica de Manabí, que está en provincias. Investiga sobre “persecución política” y el lawfare (guerra judicial) a los partidarios de Correa, los denominados correístas, que son calificados por el presidente como delincuentes.

El pasado 13 de febrero, Casado se reunió en Ginebra, en representación de diversas organizaciones civiles, con varios relatores de las Naciones Unidas. Concretamente con el relator de la libertad de expresión, el de defensores de derechos humanos, el de ejecuciones sumarias y el de salud. Además de una representación del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Hablamos con él en esta entrevista para cuartopoder.

-¿Cómo se puede poner en marcha desde un gobierno ese sistema de persecución que, en teoría, debe aplicarlo el poder judicial?

-Empieza con el referéndum constitucional de febrero de 2018. El presidente Lenin Moreno lo convocó sin esperar al dictamen de la Corte Constitucional, temeroso de que los jueces declaren inconstitucional las preguntas del referéndum.

Durante el período en el que se hace público y se explica el contenido de esa consulta se dan fondos a las organizaciones que apoyan el Sí a su propuesta y se le niega a las que apoyan el No. En concreto, recibieron subvención 37 organizaciones que apoyaron el Sí y a 1 que apoyó el No. La propia OEA, a petición de los correístas, se pronuncia y dice que no se ajustaba a derecho ni era transparente. Eso sí, lo dice un día después del referéndum.

-¿Y qué se aprueba en ese referéndum que permite, en vuestra opinión, esa persecución judicial o lawfare contra Rafael Correa y los opositores?

-El sistema político ecuatoriano, además de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) tiene un poder Electoral y otro de denominado de Transparencia y Control Social, que ejerce el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese consejo se elegía mediante un concurso público de oposición y méritos, organizado por el Consejo Nacional Electoral, entre diferentes candidatos propuestos por las organizaciones sociales y la ciudadanía.

Entre las preguntas de ese referéndum promovido por Lenin Moreno se encuentra la propuesta de que ahora esos consejeros aumentan sus competencias y son propuestos por el gobierno. Se establece que ese Consejo, controlado por el gobierno, se dedique a nombrar a todas las autoridades de control: Los cinco jueces de la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura (nuestro CGPJ), que a su vez nombra a los jueces de la Corte Nacional de Justicia (el máximo órgano judicial del país), los jueces de la Corte Constitucional, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, el Controla General, homólogo en parte del Tribunal de Cuentas. Y a partir de ahí, con todos esos poderes controlados, empieza la limpieza. En total, veintinueve funcionarios de alta responsabilidad de distintas ramas de los poderes públicos fueron removidos arbitrariamente de sus cargos y reemplazados por funcionarios “provisionales”, a los cuales siguieron funcionarios definitivos nombrados sin seguir procedimientos legalmente establecidos, por ejemplo disponer del dictamen previo de la Corte Constitucional. Estos nuevos funcionarios transitorios y definitivos se sumaron a la persecución judicial y política en contra de los líderes de la oposición.

-¿Cómo se ejecuta esa persecución judicial en el caso concreto del expresidente Rafael Correa y su entorno?

"Para los medios de comunicación privados Correa era un problema, eliminarlo, por tanto, es una solución"

.-Se inician procesos judiciales con varias arbitrariedades. Y se abusa y se normaliza la prisión preventiva. Todo ello se acompaña de una campaña en medios de comunicación para destruirle. Para los medios de comunicación privados Correa era un problema, eliminarlo, por tanto, es una solución.

Correa tiene más de quince procesos abiertos, que van desde considerarlo culpable de un golpe de Estado en su contra a responsabilidades en secuestros o sobornos, todo ello sin base alguna. Es por ello que todas estas acusaciones se acompañaron de la solicitud de una notificación roja para la Interpol. Una notificación roja la realiza un gobierno sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena, mediante ella se solicita a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar. Pues bien, la realidad es que la propia Interpol ha desechado las notificaciones rojas del gobierno ecuatoriano contra Correa. La razón es que la Interpol no da curso a una notificación roja si detrás de ella encuentra una violación de los derechos humanos, es decir, no está dando legitimidad a las demandas de persecución del gobierno ecuatoriano. Y eso no lo están contando los medios de comunicación.

Tiene más fundamento la denuncia que hay en España en la fiscalía anticorrupción contra Lenin Moreno por haber adquirido a través de paraísos fiscales y con dinero negro apartamentos turísticos.

Lo cierto es que en Ecuador, a día de hoy, se abren procesos e investigaciones que terminan en persecuciones. Intentamos visibilizar eso en instituciones internacionales. Hoy ser correísta en Ecuador podría ser sinónimo de ser judío, negro u homosexual en los tiempos y países en que esos colectivos eran perseguidos; de hecho hay más de 60 líderes correístas perseguidos. Se trata de una auténtica limpieza política.

-¿Y tu caso? ¿Cómo fueron esas represalias contra ti?

"El objetivo con mi cese era lanzar un mensaje ejemplarizante a toda la academia"

.-Yo, la verdad, tampoco me había distinguido por mucho protagonismo político, pero un día, en un programa de televisión me posicioné al lado de Rafael Correa y critiqué al gobierno de Lenin Moreno. Es entonces cuando deciden ir a por mí y lo presentan como una reestructuración universitaria. Quitan una maestría y se excusan en ello para cesarme a mí, solo a mí. Ya una semana antes de que se formalizara mis despido los partidarios del nuevo gobierno anunciaban mi cese por chavista y correísta. El objetivo era lanzar un mensaje ejemplarizante a toda la academia.

-¿Cuál es vuestro balance de las protestas de octubre de 2019?

-El gobierno reprimió duramente las protestas de octubre, una protesta mayoritariamente de indígenas no solo de partidarios de Correa, que se movilizaron contra una subida del precio de los combustibles de un 130% para el diesel y un 30% para la gasolina, además de reformas laborales y tributarias que afectaban a la clase trabajadora. El gobierno se enfrentó a todo el pueblo con su estado de excepción, su toque de queda y su represión policial que acaba con once muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos con cargos en tan solo once días. Después de esos once días se sienta a negociar y retira el decreto. Ya no es lawfare, son crímenes de Estado a la vieja usanza y las organizaciones internacional prestan atención.

-¿Y en qué ha consistido vuestra visita a las Naciones Unidas en Ginebra?

-Fuimos seis representantes de la Red Internacional de la Sociedad Civil Ecuatoriana, nuestra red la integran 185 organizaciones de 14 países. El objetivo era presentar ante las Naciones Unidas y sus relatores la documentación con la que denunciamos la persecución política que sufren en Ecuador líderes de la oposición, periodistas y dirigentes sociales, incluido las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, agresiones y criminalización de la población civil durante las protestas de octubre de 2018. También la forma en que el gobierno ha tomado el control de las instituciones tras el referéndum del 2018, tal y como he detallado anteriormente. Diferentes organismos internacionales de derechos humanos ya han pedido explicaciones al gobierno y no han recibido respuesta, tampoco el gobierno hace caso de sus recomendaciones. Esperamos que los organismos dicten resoluciones contra el Estado ecuatoriano y recomendaciones encaminadas a asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en el Ecuador. También que se inste al Estado ecuatoriano a recibir las visitas de los relatores con el objetivo de que se investiguen nuestras denuncias.

"Diferentes organismos internacionales de DDHH ya han pedido explicaciones al gobierno y no han recibido respuesta"

,En la actualidad, también hay miles de despedidos por razones políticas. Los despidos han sido masivos en Ecuador, más de 230.000 funcionarios se han ido a la calle y han utilizado esos despidos para limpiar la administración de opositores al gobierno. Entre los casos más sangrantes de encarcelamientos está el de el ex vicepresidente Jorge Glas, que lleva dos años y medio en prisión por asociación ilícita (un delito ambiguo porque no se sabe cuál es esa asociación), tras aplicarle un código penal que ya estaba derogado en el momento de su detención pero que les interesaba más porque incluía más años de prisión. O el diputado Yofre Poma, con casi cinco meses en prisión por un delito de “paralización de un servicio público”.

-¿Y cuál crees que es la estrategia de Correa o las opciones que tiene para enfrentarse a esa persecución?

-Probablemente la más interesante sea presentarse como vicepresidente para las elecciones de 2021. Legalmente no puede ser candidato a presidente, pero sí a vicepresidente y figurar así en la papeleta.

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