Bolivia: ¿la libertad de expresión y los derechos humanos en cuarentena?

  • Las personas obligadas a permanecer en el campamento de Pisiga durante 14 días han denunciado mala alimentación, higiene, maltrato y discriminación
  • AI ha mostrado su preocupación por la detención de 67 personas (37 ya condenadas con penas de cárcel) por "desestabilizacion" en las redes sociales

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Cochabamba (BOLIVIA).- En las últimas semanas diversos organismos internacionales, como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI), han alzado la voz por la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Bolivia con motivo de la aprobación de distintos decretos supremos por parte del gobierno de transición.

El pasado 25 de marzo el Gobierno encabezado por la presidenta Jeanine Añez aprobó el Decreto Supremo 4200, que ampliaba las medidas y restricciones de la nación suramericana en la lucha para frenar la propagación de la Covid-19. Entre otras disposiciones, esta medida supuso el cierre de todas las fronteras terrestres y aéreas con los países limítrofes.

Apátridas en su país

La medida, que entró en vigor con carácter inmediato, contradecía lo determinado el 17 de marzo por el Decreto Supremo 4196, el de la Declaratoria de la Emergencia Sanitaria Nacional y la Cuarentena, que permitía el regreso de bolivianos/as y residentes en el país siguiendo los protocolos y procedimientos determinados por el Ministerio de Salud.

El cierre total del país, sin planificación ni coordinación previas, generó que a partir del 26 de marzo decenas de personas quedaran varadas en distintos puntos fronterizos. La situación más dramática se produjo en Colchane (Chile), donde para principios de abril ya había más de 400 personas, entre ellas, mujeres embarazadas, ancianos y niños, tratando de acceder a Bolivia por Pisiga y que, durante varios días, tuvieron que dormir a la intemperie a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

Tal situación provocó que, por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiera "el desplazamiento inmediato de estas personas a localidades de Bolivia para su recepción y acogida" y que, la alta comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, tuviera que recordar al conjunto de los países latinoamericanos que "los gobiernos están obligados a recibir a sus migrantes y a velar por su acceso a la atención sanitaria y a otros derechos".

La difícil situación humanitaria en la frontera chileno-boliviana terminó provocando que, unas 400 personas fueran instaladas en un campamento transitorio en Pisiga (Bolivia) para que pudieran hacer allí la cuarentena obligatoria de dos semanas, mientras tras varios días de incertidumbre otros 1.000 ciudadanos, por las gestiones del Gobierno de Santiago ante la inacción de las autoridades bolivianas para con sus connacionales, fueron devueltos a Iquique, la capital de esa región de Chile, e instalados en escuelas a la espera de poder retornar a su país.

Las personas que han estado obligadas a permanecer en el campamento 'Tata Santiago' de Pisiga durante 14 días han denunciado no solo la falta de alimentación y otras condiciones básicas de higiene sino, además, maltrato y discriminación debido a que su precaria situación coincidió con el permiso dado por parte del Gobierno b el pasado 7 de abril para que 36 compatriotas que se encontraban en Chile pudieran regresar a Bolivia en avión aludiendo, según declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que los gastos "fueron financiados completamente por los pasajeros" y que la medida "fue tomada por razones humanitarias debido al estado de salud" de los mismos. Esta distinción en el trato dado hacia unos y otros generó malestar en diversas instituciones de Bolivia, como el Comité Cívico de Oruro o la Defensoría del Pueblo.

Tensión en las fronteras

El mismo martes 7 de abril, el malestar generalizado entre alrededor de 300 bolivianos varados en Colchane provocó que intentaran acceder por la fuerza a Bolivia a través del punto fronterizo entre ambos países, algo que devino en un enfrentamiento directo con los militares, los cuales, al ser atacados con piedras, botellas y otros objetos, se tuvieron que defender con el uso de gases lacrimógenos, según fuentes oficiales. Afortunadamente, no hubo heridos de consideración.

Ante esta situación, varias autoridades gubernamentales bolivianas como el director general de Migración, Marcel Rivas, responsabilizaron de los enfrentamientos al Movimiento al Socialismo (partido del expresidente Evo Morales) aludiendo que, entre esas 300 personas, habían "muchos militantes y simpatizantes del MAS", algo desmentido por la Dirección Nacional de esta organización política en un comunicado oficial. Solo un día después de estos hechos, el mismo Rivas anunció la detención de, al menos, 35 personas, dos de las cuales fueron condenadas casi de inmediato a tres años de cárcel en un juicio rápido, según anunció la autoridad.

Por su parte, el alcalde chileno de Colchane, Javier García, anunció que iba a acudir a la CIDH y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para denunciar "la vulneración de derechos elementales" que se estaban produciendo en su comuna y que, para ello, estaba recabando indicios de abusos hacia los bolivianos por parte de su gobierno que "cierra la puerta y abandona a la intemperie a sus propios compatriotas".

¿Y la libertad de expresión?

El Decreto Supremo 4200 del pasado 25 de marzo ha tenido como consecuencia no sólo el cierre de fronteras sino, además, multitud de restricciones en el país como la libre circulación de personas, el transporte público y privado, la actividad económica, etc. Entre las distintas disposiciones del decreto, una de las que más repercusiones ha tenido ha sido la del artículo 13.II, el cual, establece que "las personas que desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública".

Ante el mismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó el 11 de abril "una grave preocupación" ya que "sancionar con prisión por desinformar o incitar delitos contra la salud pública es una figura amplia y vaga", que amenaza directamente "la crítica de las políticas o la información periodística, no cumple con el principio de legalidad y no se ajusta al interés imperioso de proteger la salud". Reiteraó, además, que es "desproporcionado el uso del derecho penal para criminalizar expresiones de interés público".

Días antes, José Miguel Vivancos, director para las Américas de HRW, ya habló de "un grave atentado contra la libertad de expresión", recomendó al gobierno boliviano "derogar de inmediato esta disposición del decreto" y exhortó a "senadores, diputados, Defensoría del Pueblo y autoridades de las entidades territoriales autónomas, interponer un recurso de inconstitucionalidad".

Por su parte, la Procuraduría General del Estado (PGE) se pronunció aludiendo que el decreto es "plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho" y que "la libertad de expresión se mantiene incólume en Bolivia".

67 activistas detenidos por 'hacer guerra virtual'

El miércoles 15 de abril el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunciaba en conferencia de prensa que a través de lo que él calificaba como "patrullaje virtual" se habían detenido a 67 personas por promover "movimientos de desestabilización y desinformación en las redes" y que, a 37 de ellos, ya se les había condenado por "atentar contra la salud" con penas de cárcel de dos a diez años.

Dos días después de este anuncio, Amnistía Internacional expresó su preocupación ante el anuncio de Murillo y solicitó que "se clarifique públicamente si los procesos penales en contra de esas 67 personas tienen como base legal el artículo 13.II del Decreto Supremo 4200; los hechos y tipos penales que se atribuye a las personas procesadas y las circunstancias de las detenciones". Hasta la fecha, no existe información oficial sobre las personas detenidas ni procesadas, y ningún gremio periodístico se ha manifestado en contra de esta violación a la libertad de expresión.

AI considera, además, que "dados los antecedentes de amenazas públicas emitidas por autoridades del Gobierno actual contra líderes políticos acusados de 'desinformar' y contra periodistas acusados de sedición'; el lenguaje utilizado por el ministro de Gobierno podría limitar de manera indebida la libertad de expresión en el país al generar censura hacia líderes políticos, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluidos los trabajadores de la salud´.

Con el país y la economía prácticamente en pausa por la situación de emergencia sanitaria que, según datos oficiales, está bastante controlada hasta el momento y el aplazamiento de las elecciones nacionales que debían llevarse a cabo el próximo 3 de mayo, Bolivia parece vivir hoy días difíciles, también en lo que respecta a los derechos humanos y la libertad de expresión.


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