‘Los 8 de Airbus’ denuncian la persecución contra los sindicatos en la Eurocámara

BRUSELAS.– Cuatro representantes de 'los 8 de Airbus' han acudido hoy al Parlamento Europeo para denunciar su caso. La fiscalía pide para ellos 8 años y tres meses de prisión por supuestos delitos de coacción y lesiones durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010. Sin embargo, los sindicalistas consideran que el proceso no es más una estrategia de criminalización del movimiento sindical.

Son alrededor de las 7 de la mañana del 29 de septiembre de 2010, día de huelga general. En la entonces puerta de atrás de la sede de Airbus en Getafe, unos 500 ó 600 trabajadores se concentran. Dos dotaciones de antidisturbios se encuentran en la fábrica, conocida por su gran movilización sindical. Para José Alcázar, máximo responsable de CCOO de la empresa por aquel entonces, la presencia policial en sí misma suponía una provocación. Los sindicatos mantienen en esa entrada trasera un piquete. Un compañero trata de acceder a su puesto de trabajo. Alcázar le pide que espere. La tensión aumenta y las dos dotaciones de antidisturbios que se encuentran en la zona acceden al edificio y cargan. El piquete repele la carga y cierra la puerta quedando tres policías atrapados. Uno de ellos dispara su arma al aire. Lo hace hasta siete veces según los sindicalistas. La puerta vuelve a abrirse y los agentes abandonan el recinto. No se producen ni identificaciones, ni detenciones. Y el resto de la huelga se desarrolla con total normalidad. Sin embargo, al día siguiente, 14 trabajadores reciben notificaciones y deben presentarse ante el juez.

Los acusados son aquellos que acudieron a la enfermería de la fábrica con lesiones, pues, entienden los investigadores, se enfrentaron a la policía ergo son sospechosos de agresiones. El resto, dirigentes sindicales. Alcázar achaca su imputación a su identificación voluntaria ante la policía previa a los hechos. De esos 14 acusados, solo ocho fueron imputados por coacción y lesiones. Todos ellos, sindicalistas. 'Los 8 de Airbus', como se les conoce, denuncian que esto no es casualidad, sino que responde a una estrategia de criminalización que trata de amedrentar a quienes defienden los derechos de los trabajadores y así lo han denunciado en el Parlamento Europeo.

La fiscalía, explican, les ha ofrecido hasta en tres ocasiones una reducción de condena - se pide 8 años y tres meses de prisión para cada uno - que les permitiría evitar la cárcel. En tres ocasiones, los '8 de Airbus' se han negado. No solo se declaran inocentes de todos los cargos y niegan que haya pruebas contra ellos, sino que además, exigen la derogación del artículo del Código Penal que se les aplica: el 315. Este artículo, defienden, atenta contra la libertad sindical y pone en riesgo el derecho a la huelga.

Desde aquel 29 de septiembre de 2010, durante cinco años, han estado luchando. Se han mantenido firmes en su postura en la negociación con la fiscalía porque creen que están siendo utilizados como escarmiento para quienes trabajan por los derechos sociales y laborales. A partir de 2012, explican, casos como el suyo se multiplicaron. La crisis, que ha derivado en una movilización social importante frente a los recortes, también ha motivado los ataques a los derechos sociales, especialmente los ligados a las protestas. No solo en España sino en toda Europa. Gracias a la mediación de la Eurodiputada de IU Paloma López,  'los 8 de Airbus' se han reunido con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que les ha brindado su total apoyo. También con el Grupo de la Izquierda Europea y la Izquierda Verde Nórdica al que pertenecen, entre otros, Izquierda Unida o Podemos. Todos advierten una amenaza creciente en distintos puntos de Europa, aunque especialmente en Reino Unido, contra los sindicatos en general y el derecho a huelga en particular. La suya, por tanto, es una lucha global.

Este encuentro ha servido también para promover un manifiesto de apoyo a estos ocho sindicalistas a nivel europeo y a todos los que se enfrentan a procesos similares. Incluso el Partido Socialista, en el gobierno cuando se produjo el incidente, ha firmado el manifiesto y se ha comprometido a trabajar por la derogación del artículo 315 del Código Penal.

Estos cinco años, reconocen emocionados, han sido extremadamente duros. Rodolfo Malo, delegado de prevención de CCOO aquella mañana de septiembre, llegó incluso a ocultar la situación a sus familiares para "evitarles el mal trago". Al hacerlo público, sin embargo, se encontró con un gran apoyo. "Ha compensado todo el dolor y la incertidumbre darte cuenta de que no estás solo," confiesa. Para Armando Barco, sindicalista, el apoyo que han recibido desde organizaciones sociales, políticas, ayuntamientos, otros sindicatos y hasta de la propia empresa, ha sido indispensable. Sin él, el proceso habría sido mucho más duro y les ha permitido mantener la fortaleza. "Será poco lo que agradezcamos esos apoyos," relata Barco emocionado.  Para Tomás García - entonces presidente del Comité de Empresa de Airbus en Getafe- nada compensa lo que están pasando, aunque el cariño y el amparo ayudan a soportarlo. Nadie puede devolverles estos cinco años. Aunque algunos se han jubilado, los que siguen trabajando mantienen su activismo sindical a pesar de las circunstancias: va un poco en el ADN".

En poco menos de un mes, y tras cinco años de lucha, 'los 8 de Airbus' tendrán que sentarse en el banquillo. José Alcazar se mantiene optimista aunque, reconoce, ve imposible una absolución. Europa observa expectante la resolución de este caso por el impacto que la sentencia podría tener en la situación de miles de personas en todo el continente. Para la dirigente de CCOO Madrid, Pilar García, "el delito es ser representante sindical".

(*) Beatriz Ríos es periodista.