Unas nuevas elecciones podrían hacer peligrar temporalmente el aforamiento de Rita Barberá
Íñigo Corral *
Cuando el miércoles María Dolores de Cospedal telefoneó a Rita Barberá para pedirle amablemente que renunciara a su escaño de senadora, a la exalcaldesa de Valencia seguro que le vinieron muchas cosas a la cabeza. Unas tienen que ver con el pasado más reciente y otras con un pasado no muy lejano. El empujón que le dieron a José Manuel Soria obligándole a salir del Gobierno sólo se vio recompensado por el caluroso homenaje hecho por sus correligionarios en Canarias nada más regresar a la isla. La presencia del nombre del exministro en los 'papeles de Panamá' impidió que su forzado gesto se viera recompensado por su amigo Luis de Guindos con un destacado puesto en el Banco Mundial. El poder mediático y político hicieron el resto.
Más alejado en el tiempo, pero más cercano en el plano personal, fue lo que le ocurrió a su amigo Francisco Camps. Abandonó la presidencia de la Generalitat y, tras ser absuelto por el caso de los trajes, el partido le tiene olvidado. Con este panorama y la posibilidad de dejar de percibir unos 7.000 euros de sueldo al mes, Barberá dio un sonoro portazo para seguir viviendo mientras pueda de un sueldo público, es decir, lo mismo que ha hecho en los últimos 33 años. El sueldo de esta mujer que ha militanto en el PP durante 40 años, se podría incrementar aún más si preside algunas de las 26 comisiones que hay en la Cámara Alta a propuesta de su nuevo grupo parlamentario. De momento, la web del Senado la mantiene como vocal de la comisión constitucional en el grupo parlamentario del PP.
El horizonte de unas posibles elecciones pesa como una losa en su futuro judicial. Si alguien logra antes del 31 de octubre conformar una mayoría suficiente para ser investido presidente, el escaño de Barberá, en términos legales, sería suyo. Lo que ocurre es tendría que sentarse junto a sus 16 nuevos compañeros de grupo donde están representadas diez formaciones diferentes entre los que están sus mayores detractores en Valencia (Compromis) o Bildu. La jurisprudencia, no obstante, le da la razón para seguir aferrándose a su escaño. El Tribunal Constitucional ya dejó dicho en 1983: “Una vez elegidos, los representantes no lo son de quienes les votaron sino de todo el cuerpo electoral, y titulares por tanto, de una función pública a la que no pueden poner término decisiones de entidades que no son órganos del Estado, en el sentido del término". Así las cosas la exregidora está facultada para conservar su acta de senadora durante los próximos tres años hasta que las cortes valencianas se disuelvan y puedan designar otros seis nuevos representantes para el Senado.
Consolidado el aforamiento, el siguiente problema que tendrá que afrontar Barberá será el de su más que segura citación como investigada en el Tribunal Supremo. El juez instructor es Cándido Conde Pumpido, ex fiscal general del Estado durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Este hecho podría provocar la abstención en la causa del instructor (poco probable) o ser recusado por la interesada, un derecho que podrá ejercer en cuanto tenga conocimiento de una de las causas previstas en la ley y no dejarlo para más tarde. Esta posibilidad cuenta con procedentes exitosos muy recientes que podrían dar la razón a Barberá y dilatar la investigación de la causa. Se trata del caso de la juez Concepción Espejel cuya recusación para investigar la trama Gurtel fue respaldada por la Audiencia Nacional porque su imparcialidad podía estar comprometida ya que el PP fue quien la propuso cono vocal en el Consejo General del Poder Judicial.
Mientras, todos los partidos políticos de Les Corts, incluido el PP, se han puesto manos a la obra para buscar una argucia que jubile a Barberá de su cargo de senadora antes de que concluya la legislatura en julio de 2019. Un jurista señala que “ninguna ley vincula el escaño de un senador autonómico a la voluntad de la cámara” o, lo que es lo mismo, que ningún parlamento puede cesar de su mandato a un senador que ha elegido y, por lo tanto, puede mantenerse en el mismo durante el tiempo que tenga de vida la legislatura en la que ha sido elegido. La única diferencia sobre designación de senador autonómico entre las distintas comunidades autónomas es que unas vinculan el mandato a la legislatura del Senado y otras a las de su propio parlamento. O sea, o Rita Barberá renuncia de forma voluntaria a su escaño o no existe manera humana de arrebatárselo, al margen de cuestiones que afecten a la salud de la interesada.
Ahora bien, el mismo resquicio legal que en la legislatura más corta de de la democracia empleó el PP para evitar que perdiera perder su aforamiento, puede ahora volverse en su contra si se repiten por tercera vez las elecciones generales. Esto es, si el Grupo Mixto no lo remedia puede quedarse esta vez fuera de la Diputación Permanente por lo que, según algunas interpretaciones, dejaría de estar aforada desde el próximo 1 de noviembre hasta la constitución de las nuevas Cortes, un tema que podría alargarse hasta el mes de febrero.
Quienes cuestionan que siga aforada si se disuelven las Cortes utilizan el siguiente argumento: “El aforamiento es un privilegio que se otorga a los senadores para proteger sus funciones propias de senador. Si esa función sólo la ejercen los miembros elegidos para formar parte de la Diputación Permanente durante el tiempo que está disuelta la Cámara Alta, parece lógico pensar que desde un punto de vista legal cabría interpretar que el resto de senadores han sido desposeídos del aforamiento porque de lo contrario se estaría protegiendo de sus derechos a una persona que no desarrolla una tarea para la que está previsto concedérselo”. Otro aspecto que reforzaría la teoría de esa falta temporal de aforamiento es que cuando se constituyan las nuevas Cortes tendría que volver a jurar su cargo, previa certificación de Les Corts de que es senadora autonómica a propuesta suya.
En ese escenario, el de unas hipotéticas elecciones generales y una pérdida del aforamiento, Rita Barberá podría tener más sorpresas desagradables. No sería descabellado que el instructor del caso Taula, Víctor Gómez, la pudiera llamar a declarar de inmediato dentro de la pieza separada que investiga ingresos anónimos detectados desde 2002 a 2011 por un importe de 317.050 euros, además de las donaciones de mil euros que hicieron 47 concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear ese dinero de supuesta procedencia ilícita. De hecho, en la exposición razonada que envió al Tribunal Supremo para solicitar que fuera investigada señalaba que “Rita Barberá fue una de las personas que reconocidamente efectuaron la aportación de 1.000 euros. Resultaría incoherente la llamada del resto de los aportantes en estas actuaciones como investigados y no llevar a cabo la presente exposición respecto de la persona aforada”.
