Los Correa del PP
De todas las cargas de profundidad que el presunto líder de la red Gürtel fue soltando durante sus más de once horas de declaración ante el tribunal que le juzga, hay una de ellas, más por lo que esconde y por lo que sugiere, que resulta especialmente lesiva para el PP, sobre todo en un tiempo en el que lo que le toca a la formación conservadora es asegurar, con apoyos y abstenciones externas, la investidura de Mariano Rajoy: “Existen muchos Francisco Correa”.
La afirmación, que el acusado dejó caer en el largo discurso de normalización de la corrupción en el que se convirtió su declaración judicial, abona la tesis de que la Gürtel era una más de las tramas de financiación irregular que nutrían de fondos opacos al PP y que su antiguo tesorero y gerente, Luis Bárcenas, fue anotando cuidadosamente en lo que él mismo llamó “estadillos de tendero”. Eran los tiempos en los que aún se mantenía fuerte por indicación del presidente y renegaba de la contabilidad B que luego admitió haber confeccionado durante más de 20 años.
Según el relato que Correa hizo ante el tribunal, tras aquellos primeros años organizando los mítines en los que Aznar emprendía su viaje al centro, el hombre hecho a sí mismo fue ganando peso en Génova hasta el punto de que la sede acabó convirtiéndose en su “casa” y él, en el socio preferente de Bárcenas. O al menos uno de ellos. Uno conocía a los empresarios dispuestos a pagar comisiones de entre el 2 y el 3 por ciento por cada contrato que les adjudicaran y el otro tenía mano, según su confesión, al menos en los ministerios de Fomento y Medio Ambiente.
El papel de Correa como suministrador de fondos de espaldas a Hacienda y al Tribunal de Cuentas lo acredita, además de sus manifestaciones, la contabilidad manuscrita de Bárcenas, que recogía a su número 2, Pablo Crespo, como uno de los donantes de la formación. Ruz llegó a imputarle junto a otros 18 directivos de grandes constructoras del país pero el 23 de marzo de 2015 archivó la causa contra todos ellos al no poder establecerse “una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes".
La hipótesis de que había muchos Francisco Correa aportando dinero al PP para que acudiera dopado a sus campañas electorales también la sustenta la declaración que Bárcenas hizo ante el juez Ruz el 10 de abril de 2014, cuando llegó a decir que la caja B de la formación se extendía “a todas las provincias y regiones”. La madrileña, supuestamente gestionada por el exgerente Beltrán Gutiérrez, está siendo investigada por el juez Eloy Velasco en una pieza secreta del caso Púnica. El sumario de esta investigación recogía una grabación según la cual un empresario próximo al número tres de Aguirre, Francisco Granados, advertía a un concejal de que el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega -el hombre que, según Correa, descubrió en verdad la trama Gürtel por la recalificación de unas parcelas en el municipio- debía ser defenestrado porque estaba “cortando el conducto del dinero, quedándoselo él, sin que fluyera hacia instancias superiores del partido”.
Con su declaración medida al milímetro, que si no ha pactado con la Fiscalía al menos lo parece, Correa detalla por primera vez ante un tribunal el modus operandi ilegal que se seguía para llevar fondos opacos a Génova aunque, al mismo tiempo, salve a todos los pesos pesados del partido sobre los que podía caer un ápice de sospecha. A Rajoy, que les obligó a emigrar a las más cálidas tierras valencianas por su falta de sintonía. A Aznar, que nunca estuvo, según se encargó de subrayar, en el equipo electoral que le contrataba los mítines. Y a Francisco Álvarez-Cascos, a quien sin que nadie se lo preguntara desvinculó de las iniciales P. A. C., que se atribuyó a sí mismo o a Pablo Crespo, como supuestos receptores de las mordidas recogidas en los documentos del “puto” pen drive, como llamó al dispositivo incautado a su contable que exhibe hasta la impudicia las miserias en B de los acusados.
En el bando de los caídos, Correa fulmina a los exalcaldes Ortega y Sepúlveda y deja muy tocado a Bárcenas, que tendrá que resolver un peliagudo dilema: seguir manteniendo contra toda evidencia que su patrimonio en Suiza (48 millones de euros en su momento de máximo apogeo) proviene de su astucia como emprendedor y no de las comisiones ilegales que le llevaba Correa o volver a liarse la manta a la cabeza, tras haber retirado su acusación contra el PP en el caso de los ordenadores, y mantener que el dinero que éste le llevaba era en realidad para el partido, lo que le supondría abrir de nuevo su frente más peligroso y asumir un buen puñado de delitos que le llevarían irremediablemente a la cárcel.
