El juez militar progresista que no amaba a los periodistas
Dos características definen a Arturo Zamarriego Fernández, el juez que ha dejado boquiabierta a media Europa al dictar desde su modesto despacho de los cochambrosos juzgados de la Plaza de Castilla un auto en el que prohíbe la publicación en toda Europa de las informaciones sobre el escándalo Football Leaks: accedió a la judicatura tras 18 años en el Ejército y ha pertenecido a Jueces para la Democracia(JpD), la asociación de magistrados que dentro de la carrera judicial defiende los planteamientos ideológicos más a la izquierda. A estos datos hay que sumar un tercero: al juez Zamarriego no le gustan los periodistas.
El auto de la polémica, que cuenta con el aval de la Fiscalía, acoge la solicitud de la firma de abogados Senn Ferrero y ordena a los 12 medios que conforman el consorcio European Investigative Collaborations (entre ellos, El Mundo, Der Spiegel o Media Part) “la paralización y o prohibición de la publicación, ya sea en edición impresa o digital”, de la información “confidencial de carácter personal, financiera, fiscal y o de índole legal” de los clientes de la entidad, entre los que se encuentran futbolistas como Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Pepe o Coentrao. Como argumento señala que se está investigando si estos datos han podido ser “interceptados o apropiados ilícitamente”, por lo que su divulgación supondría“amparar un presunto hecho delictivo”, cometer “un ataque contra el derecho a la intimidad” de los afectados y “perjudicar el resultado de la investigación”.
El magistrado, que cumplirá 60 años en diciembre del próximo año, accedió a la carrera judicial en 1998 a través del cuarto turno (tras superar una oposición destinada a juristas de reconocida competencia con más de diez años de experiencia profesional), procedente de la jurisdicción militar y tras una carrera de 18 años en el Ejército. Fue seleccionado como alumno de la Escuela Judicial en 1995 y tres años más tarde se le asignó su primer destino, el Juzgado de Instrucción número 9 de Santander.
Quizá como consecuencia de su formación castrense, Zamarriego es , según quienes le conocen, “educado y cortés en las distancias cortas”, pero “extremadamente inquisitivo” –“prepotente”, según algunos abogados– en sus interrogatorios. En una de las declaraciones del denominado ‘caso Nicolay’, en el que se investiga la grabación supuestamente ilegal de una reunión entre agentes de policía y del CNI en la que se habrían acordado escuchas ilegales y seguimientos al 'pequeño Nicolás', llegó a calificar de “tomadura de pelo” que uno de los periodistas imputados se acogiera a su derecho a no responder más que a las preguntas de su abogado o que no quisiera desvelar sus fuentes de información.
Que Zamarriego no ama a los periodistas también lo demuestra el hecho de que siempre evita el trato con ellos y no suele facilitar sus resoluciones judiciales a la prensa ni siquiera por los conductos oficiales establecidos para ello. Un letrado que ha tenido que lidiar con él asegura que la actitud que mantiene hacia los medios de comunicación es de “resentimiento”.
Aunque el dato de su biografía que ha pasado más desapercibido desde que se ha convertido en juez estrella es que Zamarriego ha pertenecido a Jueces para la Democracia, según han confirmado a cuartopoder.es varios magistrados de esta asociación, que señalan que le han visto acudir a varias reuniones del grupo, aunque siempre ha actuado con la mayor discreción y nunca le han visto tomar la palabra ni exponer sus opiniones.
Zamarriego, que ejerció como titular de dos juzgados de Santander hasta 2006, estuvo tres años destinado en Alcalá de Henares y, tras dirigir un juzgado de Violencia sobre la Mujer ya en Madrid, recaló en el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital, en el que se ha hecho famoso al instruir los procedimientos abiertos contra Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'pequeño Nicolás', en los que no ha dejado de chocar con el fiscal del caso, Alfonso San Román. En la enrevesada derivada de la pieza separada del ‘caso Nicolay’, el representante del Ministerio Público ha pedido a Zamarriego hasta en cuatro ocasiones que disuelva la comisión judicial encabezada por el antiguo jefe de Asuntos Internos de la Policía, Marcelino Martín-Blas, que le hizo dirigir sus pesquisas hacia el comisario José Manuel Villarejo, ya jubilado. Y todo con el trasfondo de la supuesta participación de los dos funcionarios de Policía en la denominada ‘operación Cataluña’, dirigida a la confección de dossieres de políticos nacionalistas durante el proceso independentista.
El juez discreto, al que el CGPJ dio en noviembre pasado un permiso para participar en Ecuador en un curso sobre oratoria forense o judicial, también rechazó el último intento del extesorero del PP Luis Bárcenas de imputar por falsedad documental a los responsables de la formación que impidieron su reingreso tras ser despedido, entre los que se encontraban la actual responsable de las finanzas populares, Carmen Navarro, y el asesor jurídico del partido, Alberto Durán. En ese caso apoyó la tesis del fiscal y del abogado del PP y, sin pretender armar ruido, defendió que en las oficinas de Génova no se cometió ningún delito.
