La banda del 3%
Aunque las estadísticas apunten que las carreras con más salidas profesionales son Administración de Empresas y Finanzas, Ingeniería Informática, y Comercio y Marketing, lo cierto es que en los últimos treinta años no ha habido profesión más ventajosa en España, en términos de esfuerzo realizado e ingresos obtenidos, que la de conseguidor de contratos públicos, siempre en dura pugna, o a veces aparejada, a la de tesorero de un partido político.
Los principales sumarios de corrupción, que se encuentran en algunos casos ya en la fase de juicio oral, demuestran que la banda del 3 por ciento ha campado a sus anchas en territorios gobernados por administraciones de todo signo político, siempre con el trasfondo de un urbanismo desbocado por la burbuja inmobiliaria y la financiación más que oscura de los partidos políticos.
El 3 por ciento era el porcentaje que Francisco Correa le llevaba al tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas a la sede de Génova cuando éste conseguía una adjudicación de obra pública de ministerios como Fomento o Medio Ambiente, según declaró él mismo durante el juicio de la Gürtel, cuando su colaboración con la Fiscalía parecía tan real que esas palabras permitieron reabrir la causa sobre la caja B de la formación presidida por Mariano Rajoy. El jueves pasado, sin embargo, prefirió guardar silencio ante el juez De la Mata, dejando de nuevo en vía muerta este procedimiento, que de momento sólo juzgará los delitos fiscales que los extesoreros del PP habrían cometido por no declarar correctamente las donaciones al partido y pagar con dinero negro una parte de las obras de reforma de su sede.
También el exsecretario general de los populares madrileños, Francisco Granados, merece un lugar de privilegio en esta banda que actuaba a porcentaje. Según el sumario del caso Púnica, su meteórica ascensión de alcalde de Valdemoro a 'número tres' de Esperanza Aguirre en el partido y en el Gobierno regional vino acompañada de las aportaciones a la formación que, siempre al margen del Tribunal de Cuentas, le hicieron llegar empresarios como Javier López Madrid, Arturo Fernández o el arrepentido David Marjaliza, que ayudó a descodificar la agenda en la que, según el juez Eloy Velasco, Granados apuntaba las mordidas. El exdirigente popular y su jefe de gabinete, Ignacio Palacios, hacían “gala”, según la Guardia Civil, de cumplir el refrán castellano de que “quien parte y reparte se queda la mejor parte”, de forma que se embolsaban “una parte del dinero recaudado para el partido”.
En la misma tesitura se encuentran Jordi Pujol Ferrusola y sus seis hermanos, investigados junto a sus padres por el origen de la fortuna familiar, que el juez sospecha que proviene, no de la herencia del abuelo Florenci, como sostiene la que fue la familia más poderosa de Cataluña durante dos décadas, sino del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos públicos. El pasado 9 de febrero dos testigos del caso Pujol, los intermediarios Josep y Piere Duró, declararon que la constructora Isolux les obligó a facturar sus trabajos de asesoría para que la compañía construyera el tendido eléctrico en Gabón a través de las empresas de Jordi Junior, que sólo apareció en tres reuniones. Por esa operación el mayor del clan Pujol cobró 650.000 euros. En el sumario se investigan pagos de 15,2 millones de euros a Jordi Pujol Ferrusola que habrían sido realizados por Isolux, la empresa de Luis Delso, al que los cabecillas de la Gürtel identifican con el 'Luis el cabrón', que recibió 72.000 euros de su caja B. En el denominado caso del 3 por ciento, que se investiga en un juzgado de El Vendrell, Jordi y Oriol Pujol también aparecen en los informes policiales como supuestos conseguidores de contratos para las empresas investigadas.
En el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra la red de corrupción Pretoria, que actuó en varios ayuntamientos de Barcelona, el exconsejero convergente Macià Alavedra reconoció haberse embolsado comisiones del 4 por ciento por mediar en la venta de dos solares públicos en Badalona y Sant Andreu de Llavaneres, el pago “habitual en este tipo de casos”, según dijo. Esas ganancias supuestamente se las repartió con el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y con el presunto cerebro de la red, el exdiputado socialista Luis García, ‘Luigi’.
En otro juicio, el que se sigue por el saqueo del Palau de la Música de Barcelona, el expresidente de la institución Félix Millet admitió que la constructora Ferrovial utilizó la entidad para pagar comisiones ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cambio de la adjudicación de obra pública. Las mordidas, que se habrían abonado a través del extesorero del partido Carles Torrent, ya fallecido, y su sucesor, Daniel Osàcar, se repartían del siguiente modo, según Millet: un 2,5 por ciento para CDC, un 1 por ciento para él y un 0,5 por ciento para su mano derecha, Jordi Montull. Este último aseguró durante su declaración que las comisiones se tuvieron que incrementar del 3 al 4 por ciento porque “CDC quería más”.
En el caso de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía, el exsindicalista de UGT Juan Lanzas obtenía presuntamente ayudas socio-laborales para empresas en crisis, que eran otorgadas de forma arbitraria, gracias a sus relaciones con altos cargos de la Administración andaluza como el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. A cambio de sus labores como conseguidor, según el sumario, Lanzas se apropió de 13 millones de euros entre 1990 y 2013 e incorporó al cobro de prejubilaciones a una decena de intrusos, incluido él mismo, que nunca habían trabajado en las empresas subvencionadas.
Son sólo algunos ejemplos de las actividades perpetradas por la banda del 3 por ciento, la que se ha enriquecido en las últimas décadas expoliando los recursos de las administraciones públicas y ha hecho cierta la frase que se interceptó al exsecretario general del PP valenciano Vicente Sanz y se atribuyó erróneamente durante años a Eduardo Zaplana: “Yo estoy en política para forrarme”.
