El enigma de las cintas del 23-F

Se dice pronto, pero la historia viene de lejos. Les cuento: cuando el diputado de IU Gaspar Llamazares leyó el relato de Javier Cercas sobre la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, se puso ante el teclado del ordenador y redactó una serie de preguntas al Gobierno sobre el paradero de las grabaciones de las conversaciones telefónicas de los golpistas. Concretamente, Llamazares preguntó: “¿Dónde están y quién custodia las grabaciones de las conversaciones telefónicas que tuvieron lugar durante la tarde y noche del 23 y mañana del 24 de febrero de 1981 entre los ocupantes del Congreso de los Diputados y el exterior del edificio?”.

Al margen de que Cercas hubiese escrito un libro para “hacer comprensible” el golpe y que lo entendiera un chino, como él mismo dijo, su relato llevó a Llamazares a considerar que las grabaciones de las conversaciones de los golpistas eran un elemento imprescindible para conocer la dimensión de las tramas golpistas y las implicaciones de algunos personajes que quedaron al margen de la acción de la justicia.

El diputado se reunió con varios investigadores e historiadores especializados en la materia, quienes le trasladaron su preocupación por el paradero de un material fundamental para conocer la historia. Llamazares eliminó cualquier tinte judicial a su pregunta y le imprimió un sesgo meramente académico, completándola con la siguiente interrogación: “¿Tiene el Gobierno la voluntad de hacerlas públicas y ponerlas a disposición de los investigadores?”.

Llamazares no dirigía sus preguntas a un ministro en concreto sino al Gobierno en su conjunto. Las registró el 20 de abril de 2009 y tres meses después no había recibido respuesta. Tras ese periodo reglamentario pasaron otros ocho meses sin respuesta. El diputado daba por hecho que le responderían. “Una pregunta más, otra petición de datos en saco roto”, decía.

Mas hete aquí que el otro día, concretamente el pasado 1 de abril, con el Congreso cerrado por vacaciones de Semana Santa, recibió esta contestación: “En relación con la cuestión interesada por Su Señoría, se señala que el Ministerio de Defensa no tiene constancia de la existencia de las citadas grabaciones y, por lo tanto, ninguna información sobre la situación o localización de este material”.

¿Por qué Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia –antiguo CESID–, se daba por aludido y no Interior? ¿No era, acaso, la policía la encargada de pinchar los teléfonos ante un delito flagrante? ¿Tiene constancia Interior del paradero de esas cintas? ¿Y el Presidente del Gobierno? ¿Y la Dirección General de Archivos?, se sigue preguntando Llamazares tras un año de espera.

Si ya dijo Antonio Machado que toda espera es espera de seguir esperando, en el caso que nos ocupa puede serlo más todavía por efecto de la ley franquista de secretos oficiales de abril de 1968. Las grabaciones fueron clasificadas como secreto de Estado por el Gobierno de Calvo Sotelo. Y los ejecutivos y legisladores democráticamente elegidos, que 29 años después de aquellos hechos invocan la “sociedad del conocimiento”, no han querido desclasificarlas ni elaborar una norma más respetuosa con el derecho de acceso a la información. De este modo, los diálogos de los golpistas visibles e invisibles seguirán velados y vetados al conocimiento propiamente dicho.