Inflación de desatinos políticos

FUNDAMENTOS AGUIRRE.—Se definió como el “verso suelto” y el martes lo quiso demostrar contradiciendo la histórica afirmación de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de son “el partido de los trabajadores”. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, anunció en el debate del estado de la región que va a reducir los “liberados sindicales”. Fue la propuesta estelar de su intervención. Unas horas antes, su aparato de propaganda había hecho saber que en la administración y las empresas autonómicas hay dos mil liberados. Y con perdón de Lafargue, esos son muchísimos. Al desenfoque de Aguirre le faltó un detalle semántico: no hay liberados sino un número de “horas sindicales” en función de la cuantía de las plantillas para que los miembros de los comités y de las secciones sindicales puedan realizar sus funciones de representación, intermediación y negociación. Y un dato también menor: ni los presidentes ni las asambleas autonómicas pueden limitar los derechos sindicales; eso corresponde a las Cortes Generales mediante la modificación de las leyes orgánicas, la de Libertad Sindical y el Estatuto de los Trabajadores en su caso. Como dijo Cándido Méndez, la insolvencia unida a la provocación acaba siendo propaganda barata.

RASTREO DE LIBERADOS.—Antes de que Esperanza Aguirre prodigara su afecto a los sindicatos, la empresaria y diputada del PP Celinda Sánchez García se puso a rastrear la “masa de liberados” en las empresas y entidades públicas dependientes de la Dirección General del Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda) y se llevó una tremenda alegría al comprobar que en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no hay liberados a tiempo parcial ni total, en la Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE), tampoco; en la Sociedad Estatal de Exposiciones Internacionales (SEEI) –la que ha montado el pabellón con el niño de Shanghái--, tampoco; en la sociedad pública Inmobiliaria de Promociones y Arriendos (IMPROASA), tampoco; en la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), tampoco… Menos mal que en los talleres de Burgos y de Madrid de la Fábrica de Moneda y Timbre los 20 operarios que forman parte de los comités se reparten 60 horas mensuales para actividades sindicales si no cualquiera diría que Salgado se había anticipado a Aguirre.

EL CONCEPTO DE PARADO.—El presidente José Luis Rodríguez Zapatero avanzó el lunes en Oslo que debemos modificar el concepto de “parado”. Un parado es un semoviente. Si va a un cursillo del Inem no está parado, según Zapatero. El problema radica en que el Inem y eso que llaman “servicios públicos de empleo” no son capaces de ofrecer cursillos ni a una cuarta parte de los desempleados. Si esa es la realidad, ¿cómo se las ingeniará Zapatero para descontar parados en formación? Si esas son las limitaciones de las estructuras burocráticas que padecemos, ¿por qué la reforma laboral las ha ignorado estableciendo la obligación de los servicios de desempleo de ofrecer formación a los trabajadores a los 30 días, como máximo, de quedar en paro? Zapatero dijo el martes en el Senado que quiere negociar la reforma de los “servicios activos de empleo” inmediatamente después de la huelga del 29-S. ¿Con qué ministro, con el experimentado Chaves, Octavio Granado, Ramón Jáuregui..? Habrá que esperar al resultado de Trini para saberlo, dicen en su entorno.

RAJOY A LA QUE SALTA.—El líder del PP va a pedir amparo a ese Tribunal Constitucional que su partido se niega a renovar contra la negativa del Congreso a que se debata la congelación de las pensiones para el año que viene. Es de suponer que el alto Tribunal, por muy caduco que esté, pida las actas parlamentarias y encuentre el debate y la votación de esa materia en la sesión plenaria del 27 de mayo del corriente, en la que intervino Cristobal Montoro en nombre del PP, que votó en contra y perdió. Con razón decían los críticos de Rajoy en el PP que algo había fallado en en la última campaña electoral, cuyo lema fue Con cabeza y corazón.

SOLUCIONES GONZÁLEZ.—El ex presidente Felipe González acudió el lunes a la embajada de México a celebrar el bicentenario de la independencia del gran país hermano que se desangra por Ciudad Juárez y otros lugares a causa de la corrupción y el narcotráfico. Y ahí abogó por la legalización de la droga para, como ocurrió en su día en Estados Unidos con la derogación de la ley seca, acabar con el tráfico ilícito de cocaina. Cierto es que para dar un paso de ese alcance es menester un acuerdo global. González pudo empezar a caminar en esa dirección en los años ochenta del siglo pasado, cuando concurrían a las elecciones generales candidaturas antiprohibicionistas encabezadas por el inspector de policía José Manuel Sánchez García, pero no quiso. Entonces tenía otras ocupaciones y ahora no.