Los militares saldrán a la calle por el compañero preso que denunció dispendios

El militar Jorge Bravo ha sido encarcelado por hablar. No es que Bravo, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la de mayor número de afiliados (3.587) en las Fuerzas Armadas, según el registro de asociaciones, sea un gran orador, como lo fue aquel ministro de Guerra (Indalecio Prieto) que hablaba en libro, pero la claridad de sus planteamientos contra el boato, el dispendio y los gastos superfluos, en contraste con los recortes salariales, pusieron de los nervios al alto mando y le han mandado un mes al calabozo del cuartel San Pedro en Colmenar Viejo (Madrid). La sanción ha indignado a los afiliados, que han convocado una manifestación para el sábado, 27 del corriente, frente al Ministerio de Defensa. La marea caqui reivindica así el derecho a la libertad de expresión y se suma a las protestas sociales contra los recortes y la corrupción.

Según la resolución del Cuartel General del Ejército, el subteniente y presidente de la AUME, Bravo, incurrió en una “falta grave” por decir el 16 de julio de 2012 en Abc-Punto Radio y EsRadio que la asociación que preside es partidaria de recortar los gastos superfluos (festejos, aniversarios, actos públicos, juras de bandera con población civil, coches oficiales, vinos, entregas de premios, etcétera) en vez de los sueldos de los militares. Según un portavoz de la AUME, la sanción es injusta y desproporcionada. El secretario general de la Asociación, Mariano Casado, dijo que la van a recurrir y anunció “otras iniciativas que se desarrollarán en la calle para revindicar la dignidad de Jorge Bravo y la supresión de la privación de libertad por sanción administrativa”.

El cabo Gago, que también fue sancionado por un motivo similar, dijo que Bravo “está siendo represaliado, como lo fui yo, por criticar a Mariano Rajoy el neoliberal, por criticar sus recortes neoliberales al personal de las Fuerzas Armadas, a los cuales se les quita la paga extra mientras se gasta el dinero en cenas y banquetes, coches oficiales y demás parafernalias inservibles del estamento militar, simples bobadas llenas de hipocresía”. Gago denuncia el “oscurantismo” al que están sometidos los militares con la amenaza de una ley disciplinaria que considera falta grave “hacer declaraciones, peticiones o manifestaciones contrarias a la disciplina o basadas en aseveraciones falsas; realizarlas a través de los medios de comunicación social o formularlas con carácter colectivo”. “Todo ello aumenta el oscurantismo de todo el aparataje castrense de este país”, añade.

El presidente de la AUME ya fue sancionado con un mes de arresto por unas declaraciones en marzo del 2006 sobre la gestión del accidente de un helicóptero Cougar en Afganistán, en el que murieron diecisiete militares. Un año después volvió a ser encarcelado en el centro de cumplimiento de arrestos en Colmenar para cumplir 40 días de privación de libertad por asistir a la concentración de guardias civiles el 20 de enero de ese año. Ante la nueva sanción por pronunciarse contra el gasto superfluo, Gago y otros militares recuerdan el discurso del Rey en la Navidad de 2011: “Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione.” Y se preguntan si los militares son parte de la sociedad o no. Y la respuesta es “no”, concluye Gago, porque los expedientan, los arrestan y los envían a educar a centros disciplinarios si reaccionan a los abusos.

En las Fuerzas Armadas españolas, integradas por 25.814 oficiales, 28.952 suboficiales y 81.487 soldados y marineros profesionales, hay registradas siete asociaciones profesionales, pero sus índices de afiliación son muy bajos. Se trata de la AUME (320 oficiales, 1.735 suboficiales y 1.532 soldados y marineros profesionales asociados), ASFASPRO (1.160 suboficiales asociados), las asociaciones de tropa y marinería ATME y AMTM, la Unificada de Militares Profesional de España AUMPE, la de Militares de Complemento AMCOFAS y la de Militares Orensanos (AMO). Según datos oficiales, ninguna de éstas supera 500 asociados.