UPyD niega sus votos a los que lucharon y murieron por la democracia

Alguien que siempre confundo con otro de cuyo nombre no logro acordarme dijo una vez que lo más importante para mantenerse en política es que hablen de uno. Si para eso hay que mostrarse equidistante entre la dictadura y la democracia, bien está; si hay que desmentir hasta el nombre y los apellidos de uno, tanto da. Es lo que hicieron ayer martes en el pleno del Congreso los cinco diputados de Unión Progreso y Democracia (UPyD), capitaneados por Rosa Díez, al rechazar de palabra y abstenerse en la votación de una proposición de ley de Izquierda Plural destinada a honrar una vez al año, cada 18 de julio, a los que lucharon por la democracia y perdieron la vida o sufrieron exilio, cárcel y penalidades bajo la dictadura. La proposición no fue tomada en consideración porque, además, el PP la rechazó: 176 votos en contra,141 a favor y 5 abstenciones.

Ya dijo Joan Tardà (ERC) que de un partido como el PP, cuya delegada del Gobierno en Cataluña, María Llanos de Luna, rinde homenaje a la División Azul, como ocurrió el 11 de mayo pasado en el cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca, y cuyo presidente fundador, Manuel Fraga, ni siquiera pidió perdón por los crímenes del franquismo –tampoco lo hecho el Jefe del Estado, recordó–, no se puede esperar nada. “Ustedes son la vergüenza del mundo”, espetó a los del PP.

Y en efecto, el portavoz del partido gubernamental en la materia, Pedro Ramón Gómez de la Serna Villacieros, confirmó el pronóstico de Tardà con el argumento de que con celebrar la aprobación de la Constitución cada 6 de diciembre ya es suficiente. “Muerto el general, se han quedado ustedes prisioneros de su sombra”, dijo alzando la mirada hacia el defensor de la iniciativa, José Luis Centella, sentado junto a Cayo Lara en las bancadas superiores de la izquierda de la Cámara. “Quizá piensen que con Franco vivían mejor –añadió con insultante desparpajo-- o quizá lo hagan por legado del comunismo y los cien millones de muertos del estalinismo”.

Todo esto y algo más –“demuestran su incapacidad para gobernar para todos los españoles y las generaciones futuras; libérense del franquismo”– dijo este Gómez de la Serna, otrora empleado por la dirección del PP, concretamente por Javier Arenas Bocanegra, de correveidile ante las instancias judiciales de la trama Gürtel en defensa del millonario tesorero del PP y pagador de sobresueldos Luis Bárcenas Gutiérrez. Este diputado compatibiliza su escaño con el ejercicio de la abogacía y la asesoría empresarial. Si de Federico Trillo, actual embajador en Londres, se sabe que pasó una minuta de 60.000 euros por “coordinar” la defensa de los cargos imputados, de este letrado se desconoce la factura por sus servicios al partido en el caso Bárcenas.

Pero la sorpresa del debate llegó cuando el representante de UPyD Carlos Martínez Gorriarán subió a la tribuna y prorrumpió en descalificaciones hacia la iniciativa: “Es deplorable, está contaminada de franquismo y es una soberana barbaridad”. Luego añadió que “el relato histórico impuesto por el franquismo es igual al que ustedes tratan de imponer ahora”. Así, como suena. Invocó una obviedad de las de menos mal: “No somos la Academia de la Historia”. Y remató su monólogo con unas palabras sacadas de contexto del fundador de CCOO, el irreductible Marcelino Camacho, sobre el perdón y la reconciliación nacional.

Tan eutrapélica y chusca intervención llevó al siguiente orador, Feliu-Joan Guillaumes, de CiU, a confesar su “estupefacción” antes de recordar que “la mayoría de los países democráticos de nuestro entorno tienen un día de recuerdo hacia los que lucharon por la democracia, y esto no es hacer de historiadores, sino reconocer la historia”. Guillaumes denunció “la banalización” del nazifascismo por parte de quienes tildan de nazismo los “escraches” y entregan diplomas a un representante con esvástica y camisa azul de los que juraron fidelidad a Hitler. “¿Por qué no reaccionan?”, preguntó a los del PP. Afirmó que el franquismo nazifascista fue “el mal en estado puro”, una maldad superior a la imaginada por Dante y reflejada por Bruegel, y anunció que su grupo propondrá que esos actos y expresiones sean punibles en el Código Penal.

También defendió la toma en consideración de la proposición de ley la representante del PSOE, Susana Salmuerzo, quien reprochó al Gobierno del PP la clausura de la oficina de víctimas del franquismo en marzo de 2012 y la liquidación de la Ley de la Memoria Histórica. Emilio Olabarría, del PNV, aportó algunas precisiones terminológicas. Y Jon Iñarritu afirmó que “Amaiur apoya a todas las víctimas de ETA, del franquismo y del tardofranquismo”,  y emplazó al PP a aclarar “si está con las víctimas o con el franquismo”. Denunció los obstáculos del Gobierno a la jurisdicción universal que ejerce la Justicia argentina ante la querella de las víctimas del franquismo, el gasto de 280.000 euros en el Valle de los Caidos y el mantenimiento de los títulos honorarios a los herederos de los golpistas como Mola y Queipo de Llano.

Por su parte José Luis Centella aseguró que la proposición de ley quiere “cerrar heridas y que no se olvide lo que en este país se sufrió”. Argumentó que la institucionalización de la fecha del 18 de julio como día oficial de condena del franquismo y de homenaje a los que dieron lo mejor de su vida en defensa del sistema democrático –“más de cien mil siguen desaparecidos y en fosas comunes”-- es una iniciativa “necesaria y justa” que quedó pendiente en la Ley de la Memoria Histórica y que no va contra nadie, sino a favor de la paz, la verdad y la reparación.