Tres meses después de la tragedia del Alvia, los altos directivos siguen sin declarar ante el juez
Tres meses después de la tragedia del Alvia en Compostela, ningún alto directivo ha comparecido todavía ante el magistrado Luis Aláez, que dirige la investigación. Algunos letrados defensores de las víctimas y sus familias creen que se trata de una táctica dilatoria que facilita la unificación de criterios entre los imputados. El último argumento aportado al juez ha sido que el abogado de Adif no podía acudir por motivos de salud. En el accidente fallecieron 79 personas y otras 22 quedaron con secuelas y mutilaciones graves.
Por su parte, el defensor del maquinista Francisco José Garzón Amo, ha recusado al perito judicial asignado a la investigación, José Matesanz Andrés, porque fue precisamente uno de los ingenieros de caminos que dirigieron las obras de la línea ferroviaria entre Ourense y Santiago contratadas por el Ministerio de Fomento y por Adif. En concreto, bajo su dirección se ejecutó el tramo de acceso a la estación de Compostela en 2009 y las instalaciones de protección civil y seguridad de los túneles del eje Ourense-Santiago. El magistrado deberá decidir si admite o rechaza la recusación.
Todo estaba previsto para que comenzaran a declarar en el juzgado número 3 de Santiago de Compostela los altos responsables de Adif y de Renfe, de tal modo que el 9 y 10 de octubre debían someterse a los interrogatorios el director de Seguridad en la Circulación de Adif hasta un mes antes del accidente, Andrés Cortabitarte López, y el propio presidente de la compañía, Gonzalo Ferré Moltó, persona de la máxima confianza de la ministra de Fomento, Ana Pastor Julián. Y esta misma semana estaba citado el presidente de Renfe y consejero de Adif, Julio Gómez-Pomar, junto con otros imputados, incluidos los representantes de los trabajadores en Consejo de Administración de la compañía pública Adif.
Pero una semana antes, el letrado de los altos cargos imputados solicitó la suspensión de las declaraciones señaladas para este mes de octubre “por imposibilidad de asistir de su letrado por motivos de salud”, y al día siguiente el magistrado trasladó al 15 y 22 de noviembre y al 12 y 13 de diciembre las cuatro sesiones previstas. La táctica dilatoria obtenía de este modo un buen resultado si tenemos en cuenta que la compañía cuenta con un potente equipo de letrados. Fuentes conocedoras del proceso estiman que la ganancia de tiempo facilita la preparación y coordinación de los testimonios con un único fin: la exoneración de responsabilidades.
Personas próximas a la ministra Pastor reconocen que habría sido plato de mal gusto la coincidencia de la declaración de Cortabitarte, el directivo de Adif que transmitió la orden de suspender el sistema europeo de frenado automático del tren ERTMS, con sus explicaciones en Bruselas sobre las medidas de seguridad de los trenes de alta velocidad españoles.
Una de las claves de la dilación, explicadas a cuartopoder por fuentes parlamentarias conocedoras del clima de preocupación existente en Fomento y Adif, radica en el temor a que se desvele de donde partió la orden de precarizar la seguridad para abreviar el trayecto y obtener mayor rentabilidad en la nueva línea. La expresión exacta de un diputado conocedor de la tensión entre los imputados es que “están acojonados” ante lo que puede declarar alguno.
En este sentido resulta especialmente llamativo que el exdirector de seguridad en la circulación, Cortabitarte López, transmitiera la orden de desconectar el sistema ETCS pocas horas después de recibir el mandato. Esto sucedió el 25 de junio de 2012, cuando la línea de alta velocidad llevaba medio año en funcionamiento. Unos días antes, la ministra de Fomento había anunciado la apertura de un expediente a Talgo por los fallos en los trenes S730 que realizaban el trayecto. Parte de los incidentes que provocaban retrasos e incluso paraban los trenes, fueron relacionados con los desajustes en la conexión del sistema de frenado automático ERTMS. Las fuentes consultadas consideran decisiva la declaración judicial de Cortabitarte sobre esta materia.
Aunque la orden de desconectar el sistema de frenado automático ETCS no habría afectado a la curva de A Grandeira, donde se produjo el descarrilamiento por exceso de velocidad, ya que, como señala el auto del juez, no se había implantado en los ocho kilómetros anteriores a la estación de Compostela, la declaración del exdirector de seguridad resulta esencial para establecer la responsabilidad principal. Aunque el sistema ETCS hubiera sido operativo en el tramo donde se produjo el accidente, la orden de desconectarlo lo habría convertido en inútil. ¿Quién dio la orden y rechazó las advertencias de precarización de la seguridad, aun sabiendo que el sistema ASFA era deficiente y por sí sólo no podía frenar el tren automáticamente, como ha quedado trágicamente demostrado?
La dilación de las comparecencias contrasta en todo caso con la declaración en tono emocionado de la ministra Pastor el 9 de agosto pasado en la comisión de Fomento del Congreso: “No descansaré –dijo-- hasta aclarar lo ocurrido porque las víctimas merecen toda nuestra atención y, sobre todo, la verdad”. Cierto es que, acto seguido, el PP, con el apoyo de CiU y del PSOE –los socialistas propusieron crear una comisión de estudio que fue aceptada por la ministra--, rechazaron la petición de IU, PNV y BNG de crear una comisión de investigación sobre las responsabilidades políticas.
