Cayo Lara exige a Gallardón que aclare el indulto a un empresario y donante del PP

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, ha dirigido varias preguntas al Gobierno para que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tenga a bien aclarar los motivos por los que indultó al empresario canario Miguel Ángel Ramírez Alonso, un auténtico lince de la seguridad privada que ha conseguido importantes contratas en organismos y empresas públicas, tales como Metro de Madrid, que depende del Ejecutivo autonómico de Ignacio González, el complejo de los Nuevos Ministerios o el Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia, del que es titular la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Las preguntas del coordinador general de IU sobre el condenado e indultado Ramírez Alonso, que también preside la Unión Deportiva de Las Palmas, son inteligibles y directas: “¿Cuánto ha pesado a la hora de conceder este indulto el que este empresario sea un gran proveedor de servicios de seguridad a las Administraciones Públicas? ¿Cuánto ha pesado a la hora de conceder este indulto que este empresario se dedique a financiar jornadas jurídicas protagonizadas por personas encargadas de redactar informes que van a servir para la concesión o no de su propio indulto?”

Lara también pide respuesta sobre “¿cuánto ha pesado en la concesión del indulto que alguna de las empresas de ese señor, como «Gestiones y asesoramientos 3000», aparezca en la lista de las mayores contribuyentes legales al PP (50.000 euros), según la contabilidad oficial del Partido Popular correspondiente al ejercicio 2011, última fiscalizada por el Tribunal de Cuentas?” Y finalmente inquiere al Ejecutivo si “ve razonable que empresas de un ciudadano condenado por delitos (contra el patrimonio público) y con donaciones como la expuesta pueda seguir firmando contratos con las Administraciones Públicas”.

El caso de Ramírez Alonso es de libro y se inscribe en aquellos previstos en las sucesivas reformas penales y administrativas con las que los legisladores vienen diciendo desde hace años que intentan atajar la corrupción y el tráfico de influencias. El personaje indultado fue condenado a tres años y un día de prisión por la titular del juzgado de lo penal número 5 de Las Palmas, Leticia Esther Mateo Requena, tras una denuncia de oficio del Servicio de Protección de la Naturaleza, el Seprona de la Guardia Civil, por la realización de obras ilegales en suelo rústico y en un paraje especialmente protegido, “con total desprecio a la ordenación legal del terreno”.

La sentencia fue ratificada por la Audiencia Provincial de Las Palmas y afirma que el condenado realizó diversas obras no autorizadas y en ningún caso autorizables porque invaden terreno rústico en el paraje y el paisaje protegido de Pino Santo. Y cita un estanque de 400 metros cuadrados, dos aparcamientos de 250 y 255 metros cuadrados, un nuevo camino, muros y el vallado perimetral de una propiedad de 30.000 metros cuadrados. Además de los tres años de prisión, la sentencia le imponía la reparación del daño, una multa de 60 euros diarios durante 24 meses y la inhabilitación para el ejercicio de la construcción.

Sin embargo, Ramírez Alonso, de 44 años, un tipo al que le gusta que digan que empezó de frutero ambulante, siguió de charcutero y, con el consejo de su padre –vigilante privado–, la ayuda de un socio –que le demandó– y el impulso del hotelero Ángel Luis Tadeo, se metió en el negocio de la seguridad privada, creó la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) y en la actualidad, con más de tres mil empleados, factura unos 120 millones de euros anuales, el 70% a las Administraciones Públicas. Sabedor de que el dinero y la información privada son armas esenciales para evitar la cárcel, decidió solicitar el indulto y al mismo tiempo patrocinó unas jornadas jurídicas que protagonizó el fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, Javier Ródenas, precisamente el encargado de redactar uno de los informes decisivos para la concesión del perdón.

El informe de Ródenas, que en aquellas jornadas, en marzo pasado, calificó de “hito histórico” la condena a prisión por un delito contra el medio ambiente, resultó sorprendentemente favorable a la concesión del indulto. Y con el argumento de que el perdón permite al condenado derribar las obras ilegales más deprisa, Gallardón lo incluyó en un paquete con otros veintidós indultos y el Consejo de Ministros lo ratificó hace dos meses. El asunto habría pasado inadvertido –después de todo, el condenado no es el famoso exministro de Aznar y expresidente de Baleares, Jaume Matas, sino un simple donante de dinero al PP– si Cayo Lara, alertado por sus compañeros de IU y por una información del diario El País sobre los indultos concedidos el 31 de octubre pasado, no hubiera exigido explicaciones sobre la “gracia” gubernamental a este contratista de seguridad al que personas influyentes del PP recomiendan no soliviantar.