El Constitucional, listo para fallar sobre el aborto

El Tribunal Constitucional ha terminado los procedimientos sobre los recursos de inconstitucionalidad contra la ley del aborto de 2010 y únicamente se encuentra pendiente de “señalamiento para votación y fallo”. Esa es la escueta información que la secretaria de justicia del Pleno del TC ha remitido al diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares en respuesta a una carta que dirigió al presidente del tribunal, Francisco Pérez de los Cobos, pidiéndole información sobre el estado de la cuestión. El fallo se podría producir en el próximo pleno del 25 al 27 de este mes, coincidiendo con el debate del Estado de la nación.

En una misiva de 29 de enero del corriente, Llamazares pedía información a Pérez de los Cobos sobre el estado de tramitación de los recursos que interpusieron en 2010 más de cincuenta diputados del PP y el gobierno de Navarra contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción del Embarazo que está en vigor desde ese año y que permite a las mujeres decidir libremente su maternidad y abortar en las primeras 14 semanas. El presidente del Constitucional no acusó recibo ni contestó, de donde se deduce que no es función suya responder a los diputados ni, menos, en este caso, anticipar acontecimientos.

Llamazares le pedía respetuosamente “si podía adelantar alguna fecha previsible de las correspondientes sentencias”. Y Pérez de los Cobos remitió la petición a la subordinada de turno quien, con firma ilegible, le ha contestado que “el procedimiento se encuentra concluso” y únicamente “pendiente de señalamiento para votación y fallo”. Esto significa que el Pleno del alto tribunal puede dictar sentencia antes de que el anteproyecto del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que está pendiente de una docena de informes, sea enviado al Congreso de los Diputados.

El Pleno del Constitucional se reúne cada 15 días. Su próxima convocatoria está prevista del 25 al 27 de febrero, coincidiendo con el debate sobre el Estado de la nación, pero se da la circunstancia de que “el orden del día nunca se hace público para no generar expectativas y evitar presiones”, según explica un responsable del tribunal que, por otra parte, sigue sin incluir el catalán, el euskera y el gallego en su página web, aunque dispone de inglés y francés.

Las fuentes consultadas aseguran que el tribunal es ajeno a la agenda política, lleva su propio ritmo y sus tiempos son distintos y al margen del debate político en cada momento. Sin embargo, a pesar de la cerrazón informativa, hay razones para mantenerse atento a la eventual votación de la impugnación de la ley de plazos. La primera es que el presidente Pérez de los Cobos y el ponente (miembro del Opus Dei) Andrés Ollero Tassara pertenecieron al PP y fueron designados a propuesta del partido gubernamental, lo que supuestamente no quita independencia pero añade atención y sensibilidad ante las dificultades de los valedores.

Un veredicto en estos momentos zanjaría la trifulca interna en el PP contra el proyecto Gallardón. Téngase en cuenta que un mes después de que el presidente Mariano Rajoy ordenara silencio, la división popular insiste en expresarse. De paso, una sentencia como la que se perfila en el informe de Ollero repondría los supuestos de despenalización de 1985 que el anteproyecto de Gallardón ha endurecido. El recurso del PP cita 14 puntos de supuesta inconstitucionalidad en la ley de plazos por entender que vulneran el derecho del no nacido, pero antepone la salud y la vida de la gestante, algo que Gallardón rechaza en el caso de malformaciones del feto. La impugnación de UPN desde el Gobierno de Navarra añadía además la negativa de sus servicios públicos de salud a realizar abortos.

La sentencia vendría además a quebrar uno de los ejes de la campaña de la socialista Elena Valenciano ante los comicios europeos del 25 de mayo, cual es el reconocimiento legal del derecho a la libertad de las mujeres a decidir sobre su maternidad y a interrumpir el embarazo en las primeras semanas de gestación. Esta ley de plazos ha permitido reducir por primera vez el número de abortos en España y es la predominante en los principales países europeos.