Morenés pierde los papeles ante el aviso de un gran 'pelotazo' con la Fábrica de Armas de A Coruña

En contra de su habitual tono lacónico, el ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, se irritó mucho en el último pleno de control al Gobierno de 2014 cuando el diputado socialista Miguel Ángel Cortizo Nieto le avisó de que la concesión de la Fábrica de Armas de A Coruña (Antigua Santa Bárbara) a una sociedad con dudosos planes industriales y escasa capacidad financiera, como la constituida con 3.000 euros iniciales hace un año, Hércules de Armamento, puede acabar en “pelotazo urbanístico”. Los 230.000 metros cuadrados de Santa Bárbara (Ministerio de Defensa) en la entrada de la ciudad son la mayor reserva de suelo urbano de A Coruña. Lejos de garantizar que la factoría no será pasto de la especulación y de entender la función de control político de la oposición, Morenés perdió los papeles y acusó a Cortizo de proferir injurias.

El ministro respondió airadamente a Cortizo: “Yo no puedo intervenir directamente en esa fórmula de adjudicación, precisamente para salvaguardar toda esa suerte de injurias que usted ha insinuado en este momento aquí. Si usted tiene alguna sospecha de algún tipo, vaya al correspondiente juzgado y obre en consecuencia, pero no venga aquí a criticar; vaya y hágalo, si usted tiene esa seguridad, pero no venga a decir cosas que luego fuera no se atreve a decir. Ha sido un concurso perfectamente hecho, de acuerdo con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y, en consecuencia, bien adjudicado”.

La sociedad Hércules de Armamento, a la que Defensa adjudicó en septiembre la factoría frente a la opción del grupo industrial gallego IFFE, que recurrió el concurso y perdió, fue constituida unos meses antes con un capital social de 3.000 euros, ampliado en 100.000 y posteriormente en 500.000 “en forma más que dudosa”, según explicó Cortizo. “Baste decir que alguna de las empresas aportantes de esa pseudofinanciación es una peluquería de señoras. Yo no sé si es que harán cardados con parabellum 22 o similares”, añadió el diputado en tono irónico antes de citar a Groucho Marx sobre la falta de honradez como base del éxito.

En realidad, Cortizo se limitó a trasladar al ministro la inquietud de los trabajadores despedidos a mediados de 2013 por la compañía estadounidense General Dynamics, que explotaba la fábrica de armas de la empresa pública Santa Bárbara desde finales de los años noventa por concesión del Gobierno que entonces presidía  José María Aznar López. Los trabajadores están convencidos de que los nuevos adjudicatarios tienen mayor interés urbanístico que industrial, dado que no cuentan con patente alguna ni han comprometido inversiones reales.

La inquietud y las dudas de la plantilla en paro estriban en que el principal representante de Hércules de Armamento, Ramón Mejuto Lorenzo, antiguo apoderado de Santa Bárbara Sistemas, aparece vinculado al negocio de la construcción como administrador y apoderado de Promociones Inmobiliarias Mejmar y de Traballos de Construcción e Rehabilitación SL. Hasta 2008 fue presidente y consejero de la firma VMC Consultores y participó en sociedades no operativas o ya liquidadas.

Su socio en la presidencia de Hércules de Armamento, Juan José Gómez Rey, constituyó en mayo de 2013 la consultora Businessnear de “asesoramiento para la gestión de activos industriales en venta o liquidación”. En este sentido, vale reseñar que entre la maquinaria de alto valor que alberga la Fábrica de Armas en uno de sus cinco talleres figura una soldadora por haz de electrones, única en España. Se trata de uno de los activos más importantes de la factoría, aunque no el único que le permitiría reanudar la actividad si logra la contratación necesaria.

La trayectoria de Gómez Rey no inspira la menor confianza a los trabajadores, aunque sí a los responsables de Defensa. Se trata de un personaje que publicó en su cuenta en Facebook una fotografía alardeando de la amistad con Eden Pastora, el famoso comandante Cero, quien participó con los sandinistas en el derrocamiento del dictador nicaraguense Anastasio Somoza a finales de los años ochenta y luego, financiado por la Administración de EEUU, montó una guerrilla para combatir a sus antiguos compañeros. Según la información de que dispone el presidente del antiguo comité de empresa, Roberto Teijido, de la UGT, el citado Gómez Rey “dejó deudas con trabajadores, proveedores y administraciones públicas" en sus antiguas empresas.

El presidente y los miembros del antiguo comité de empresa han recibido la información y las actas notariales que consignan los impagos salariales y fiscales de las antiguas empresas de Gómez Rey, un detalle que parece haber ignorado el Ministerio de Defensa a la hora de adjudicarle la factoría. “Si Defensa conociera estos datos sería imposible que entregara la fábrica a Hércules de Armamento”, afirma el sindicalista Teijido, quien, no obstante, ha informado por carta al propio ministro Morenés, un hombre de la industria armamentista al fin y al cabo.  Aunque el ministro se ha soliviantado por los avisos de "pelotazo" de unos adjudicatarios que en cualquier caso van a forrarse, ya sea con los activos industriales, ya con la desindustrialización y gestión de los terrenos, en ningún caso ha despejado las dudas de los trabajadores y de la oposición parlamentaria. 

Como se sabe, la ley prohíbe a las Administraciones Públicas contratar o realizar concesiones a empresarios con deudas pendientes con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, aunque no faltan casos recientes en los que el Gobierno del PP se ha saltado ese precepto. En este caso concreto se deduce de la respuesta del ministro Morenés ante el pleno del Congreso del miércoles, 17 del corriente, que no concede ningún valor a las denuncias de los trabajadores. Es más, las considera "injuriosas". Los tribunales de justicia, a los que han recurrido, dirán si lo son. Mientras, los trabajadores de la antigua Santa Bárbara se sumarán el lunes a los de Alcoa en una concentración en la plaza de María Pita en defensa de sus puestos de trabajo.

La Justicia determinará asimismo la legalidad de la concesión. En este sentido, Defensa retrasó varios meses la adjudicación y entregó la factoría a la sociedad recién constituida frente a la opción que presentó el grupo IFFE, cuyo director, Ricardo Blanco, aportó un plan industrial que reducía al 35% la producción de armamento (rifles y fusiles) para volcarse en componentes y manufacturas civiles. Los de Hércules de Armamento se comprometieron a contratar 155 trabajadores el primer año y a llegar a una plantilla de 200 el segundo. Según la información que suministraron a Defensa, contarían con ocho precontratos y con carga suficiente de trabajo. Además esperan "la entrada de inversores industriales de primer nivel, la mayoría del sector del armamento" y, según han manifestado públicamente, "en cinco o seis meses" comenzará la producción.