El Grupo Villar Mir compra minas en Sudáfrica con el dinero de la cooperación

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El presidente del Grupo OHL, Juan Miguel Villar Mir, durante la rueda de prensa que ofreció el pasado miércoles 27 en Madrid. / Sergio Barrenechea (Efe)
El presidente del Grupo OHL, Juan Miguel Villar Mir, durante la rueda de prensa que ofreció el pasado miércoles 27 en Madrid. / Sergio Barrenechea (Efe)

El Grupo Villar Mir ha financiado la compra y explotación de minas de cuarzo en Sudáfrica con dinero de la cooperación internacional. Los cambios de criterio promovidos por el Gobierno de Mariano Rajoy sobre el uso de los fondos públicos que hasta 2012 se empleaban en microcréditos y ayudas no reembolsables a pequeñas empresas, cooperativas y organizaciones no gubernamentales en los países empobrecidos han beneficiado al complejo empresarial que preside Juan Antonio Villar Mir, según fuentes empresariales. El marqués de Villar Mir y exministro de economía de Carlos Arias Navarro hasta 1976 advirtió el miércoles pasado en la rueda de prensa previa a la junta de accionistas de la constructora OHL que “si triunfan las tesis de Podemos se pondría en peligro la recuperación económica”.

Los créditos de la cooperación internacional para el desarrollo han beneficiado a la empresa Ferro Atlántica, del Grupo Villar Mir, para la compra de las minas de la sociedad Sam Quartz en Sudáfrica por una cantidad inicial de 25,1 millones de euros. Esta operación se llevó a cabo en el segundo semestre de 2012, después de que los ministros de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de Economía,Luis de Guindos, acordaran un cambio de criterio en el manejo de los fondos públicos de la cooperación internacional para coadyuvar a la financiación de la “internacionalización” de la economía.

La operación permite a Ferro Atlántica extraer 1,3 millones de toneladas de cuarzo de las minas sudafricanas y garantiza durante años la producción con unas reservas estimadas en más de 60 millones de toneladas. Los créditos ventajosos del Reino de España permiten a esta multinacional del Grupo Villar Mir explotar unos dominios de diez hectáreas de reserva de mineral, con el empleo directo de 1.000 trabajadores e indirecto de 6.000, según dice el directivo local Jan Coetzee en una publicación de la propia empresa. Este experto en marketing y directivo comercial de Silicon Smelters, entidad beneficiada de la operación, señala que “los beneficios son locales y globales” y destaca que la operación afecta positivamente a 30.000 personas.

Más allá de las condiciones de trabajo y de la explotación de los menores en las minas sudafricanas, la multinacional española, que también extrae mineral metálico en Tibet (China), se ha beneficiado del “vaciado” del Fondo de Promoción del Desarrollo (Fomprode) y de la utilización de los recursos públicos para financiar negocios privados por un periodo que puede prolongarse hasta ocho años. Hasta finales de 2011, los responsables del Fonprode habían comprometido 350 millones de euros en ayuda no reembolsable para proyectos en países pobres y poco desarrollados. La mayor parte de ese dinero era para proyectos de desarrollo humano impulsados por distintas ONG en países de África, América Latina y Asia.

El Fonprode, como instrumento que había sustituido a los créditos FAD, pretendía fomentar las donaciones y microcréditos a las personas y pequeñas empresas necesitadas de ayuda en países pobres, desvinculándolos de los intereses empresariales españoles. La fórmula contaba con la aceptación de los organismos consultivos de Exteriores, especialmente del Consejo de la Cooperación. En apenas un año (2011), los “programas de microfinanzas” del Fonprode (ayuda reembolsable a largo plazo) contabilizaron 498,8 millones de euros, destacando la aportación de 285 millones al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola para la seguridad alimentaria; 100 millones de euros al Banco Europeo de Inversiones en los países de la cuenca sur del Mediterráneo; 55 millones al fondo regional de pymes y microempresas en África Subsahariana; 40 millones para pequeñas empresas en Haití y, entre otras ayudas financieras, 10 millones de euros para infraestructura de energía renovable en poblaciones aisladas en América Latina.

Pero las presiones clientelares y la falta de financiación llevaron a la Administración del PP a reducir en 2012 los recursos no reembolsables a proyectos de las ONGs y a eliminarlos definitivamente en el Presupuesto de 2013. Y en cuanto a los microcréditos en condiciones más ventajosas que las del mercado para ayudar a las iniciativas de cooperativas y pequeñas empresas de los países receptores, los gestores del Fonprode -el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Manuel García Aldaz, y el secretario general de Cooperación y exdiptuado del PP Gonzalo Robles Orozco- aplicaron una política de opacidad e ineficacia tal que de los 245,23 millones de euros presupuestados para créditos reembolsables sólo ejecutaron 84,43, un 30% de lo previsto, y eso que contaban con la asistencia de Empresa España Expansión Exterior, dependiente de la Sepi y presidida por el técnico comercial del Estado Iñigo Gil-Casares Armada.

La ineficacia y opacidad respondía a una consigna política bien estudiada, con el siguiente resultado: la gestión del fondo pasó a manos de la Compañía Española de Financiación para el Desarrollo (Cofides), una entidad adscrita al Ministerio de Economía y participada por el Icex, el ICO, el Banco de Santander, BBVA y Banco de Sabadell en un 40%. Con ello y con la supresión, largamente denunciada por la coordinadora de ONGs, de la vinculación del Fondo a operaciones en servicios sociales básicos (salud y educación), la financiación pública a bajo interés y con el aval del Estado para la cooperación se ha canalizado hacia negocios y operaciones de estricta rentabilidad económica privada como la adquisición de las minas en Sudáfrica. Además ha desaparecido el 5% de la inversión para servicios sociales básicos.

En este contexto y el de las operaciones urbanísticas de la constructora OHL en Madrid (Operación Chamartín y Operación Alcalá, entre otras) y el “rescate” de las autopistas radiales, se comprende que uno de los máximos donantes de dinero negro al PP, según reflejan los sumarios judiciales, Villar Mir, haya proferido una de las amenazas más sonoras de la ola de corifeos disparatados y personajes variopintos de la derecha contra el avance electoral de Podemos. Pese a su amplia experiencia política y económica, el directivo empresarial considera “comunista” a la formación de Pablo Iglesias y ha afirmado que “lo que pide Podemos con expresiones marxistas leninistas y de apoyo bolivariano no cabe en España (…) España tiene un nivel de vida lo suficientemente grande para impedir que gane el comunismo”.

6 Comments
  1. santaklaus says

    Se me está ocurriendo a mí que si esas minas no son tan productivas como desean los compradores podríamos rescatar al grupo con dinero público. Como hemos hecho con Bankia o con Abertis, la de las autopistas. Porque los españolitos pringaos y honrados estamos para eso ¿no?, para pagar impuestos para que el Gobierno rescate a las empresas de su agrado. ¿O no?.

  2. Piedra says

    Parece que con Podemos lo que está en peligro realmente es esa maraña de intereses de los que hace muchos años se apoderaron del Estado por las armas y no acaban de metabolizar la democracia cuando los resultados contradicen su ansia de seguir mangoneando lo público en beneficio propio. ¿No debería dimitir ese tipo después de aparecer en los papeles de Bárcenas y en la trama de la Gurtel como donante neto de la financiación opaca al PP de Cascos, Aznar, Rajoy y otros políticos sinvergüenzas? Parece que ni siquiera ha sido procesado.

  3. Elplin says

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