C's, dispuesto a romper con el PP si no consigue una baza para 'vender' el acuerdo

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El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, llamó a última hora del jueves a Mariano Rajoy y le transmitió su queja por el estancamiento de la negociación. Ambos se comprometieron a impulsarla. Este viernes, el vicesecretario general de C's, José Manuel Villegas, ha admitido algún avance, aunque "insuficiente". Los negociadores del PP y C's trabajan con la idea de cerrar el sábado el pacto, aunque no desvelan si lo firmarán Rajoy y Rivera antes del lunes.

La formación de Albert Rivera necesita vender algún avance social, institucional y de regeneración democrática y hasta el momento no ha conseguido nada después de una semana de negociación con el PP para dar el 'sí quiero' a la investidura de Mariano Rajoy. La decepción cundía ayer por segundo día entre los miembros de su delegación. El PP juega con la presunción de que unas nuevas elecciones dejarían esquelético al partido naranja que, por otra parte, apoyó ayer, al igual que Unidos Podemos, la sugerencia del PSOE de reducir la campaña electoral a siete días (ahora son quince) para que si hubiera nuevas elecciones no caigan en el 25 de diciembre, día de Navidad.

Ante la demanda de C's de algo más de 6.000 millones contra la pobreza, el jefe de la oficina económica de Rajoy, Álvaro Nadal, estimó en la reunión negociadora de ayer que se pueden destinar 2.000 millones si se mantiene el ritmo de crecimiento por encima del 2,5% del PIB y si el empleo y la recaudación fiscal siguen subiendo. No obstante, advirtió que la concreción se verá en el Presupuesto de 2017. Los distintos departamentos ministeriales y la Seguridad Social ya han entregado sus borradores. La estimación de las pensiones de jubilación se cifra en torno a 120.000 millones de euros el año entrante.

Ciudadanos pedía “un esfuerzo mínimo” para combatir la pobreza: 1.400 millones (complemento salarial) para los dos millones de hogares que no llegan a fin de mes y dejan sin pagar el agua, la luz, el gas o el alquiler de la vivienda; 2.651 millones para combatir la pobreza infantil mediante el pago de 150 euros por hijo para las rentas que no alcanzan los 600 euros mensuales; 1.000 millones de euros para ampliar a diez semanas el permiso por maternidad a repartir entre los progenitores; 300 millones para escuelas infantiles de cero a tres años y 700 para afrontar el fracaso escolar.

Pero del “mínimo” ni la mitad. A la petición que anteayer formuló el vicesecretario general de C's, José Manuel Villegas, el jefe de la oficina económica del Gobierno respondió que ya se verá y reiteró la prioridad de reducir el déficit y cumplir los compromisos de Bruselas. C's estima que la revisión de la amnistía fiscal y la supresión de las Diputaciones, sustituyéndolas por mancomunidades de municipios, permite obtener los recursos y cumplir el pacto de estabilidad. Sin embargo, la respuesta del PP es que los amnistiados ni se tocan y las Diputaciones tampoco. El vicesecretario de organización y portavoz de los negociadores del PP, Fernándo Martínez-Maillo, recuerda que las corporaciones provinciales están en la Constitución, no tienen déficit y prestan servicios a "quince millones de españoles en el mundo rural".

Por supuesto que hay que combatir la pobreza infantil y el atraso escolar (el término “desigualdad” no aparece), “pero no podemos prometer la luna”, decía Maillo el miércoles. Ayer modificó el mensaje ante la decepción de Ciudadanos y les pidió “un poquito de paciencia y tranquilidad” para cuantificar las medidas sociales. “Primero los contenidos y luego las cifras. Las cifras siempre vienen al final”, añadió. La tesis del PP, según las explicaciones de los representantes gubernamentales en la mesa, es que una parte del ahorro en los subsidios de desempleo, si la ocupación sigue creciendo, se podría destinar a medidas sociales complementarias como la pobreza infantil y la exclusión educativa. Hasta ahora, los 10.000 millones de recorte en el desempleo por la reducción del periodo y la cuantía de las prestaciones en los dos últimos años se ha empleado en reducir el déficit.

Así las cosas, tras la negativa del PP a aceptar el llamado “contrato único” de Ciudadanos y las medidas contra la pobreza, los negociadores de Rivera admiten que están perdiendo la batalla y tienen entre poco y nada que ofrecer a sus tres millones de electores. La cerrazón de la derecha también es total en materia institucional. El PP ha dicho no a todos y cada uno de los planteamientos de C's: la mencionada supresión de las Diputaciones, la sustitución del actual Senado por una asamblea limitada de gobernantes autonómicos (de hecho C's no se ha presentado a la Cámara Alta en las dos últimas elecciones), la supresión de los aforamientos, la limitación por ley del mandato del jefe del Ejecutivo a dos legislaturas ordinarias (8 años) y la prohibición por ley de los indultos a los condenados por corrupción. El PP sólo ha admitido la reforma de la ley electoral, aunque no para reducir la desproporción entre votos y escaños, sino para que los alcaldes sean los candidatos de las listas más votadas.

Si C's había hecho bandera de las medidas contra la corrupción política, el contrato único y las reformas institucionales para modernizar el Estado y electorales para profundizar en la democracia, y si gran parte de sus propuestas, incluida la supresión de las Diputaciones y otras que requerían la modificación de la Constitución fueron aceptadas por el PSOE en febrero pasado, se comprenderá la decepción entre los negociadores de Rivera. Su portavoz, Juan Carlos Girauta, dio ayer un ultimátum de 48 horas al PP después de confesar que “no ha cambiado nada sobre la cuantificación de las medidas sociales” y admitir que “seguimos sin avances sobre las reformas institucionales”. Agregó en tono resignado: “Queremos dar el sí a Rajoy, pero dennos motivos para hacerlo”.

Los de C's han cedido en una definición raquítica que reduce la corrupción política al “enriquecimiento personal ilícito y a la financiación ilegal”. Tras el insólito giro que desprecia todos y cada uno de los demás delitos contemplados en el Código Penal recién reformado, Rivera deberá explicar la validez de la firma que él y Rajoy se negaron a estampar en las seis condiciones para el pacto y dieron a rubricar a sus respectivos portavoces. En todo caso, prospere o fracase el acuerdo en las próximas 48 horas, la decisión del PSOE, Unidos-Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes de votar "no" el 2 de septiembre al candidato del PP augura el fracaso. La diputada de Coalición Canaria Ana María Oramas esperará a conocer el acuerdo entre el PP y C's para decidir su voto, inicialmente favorable a Rajoy.