Morenés liquida la contrata del Museo del Ejército y se olvida de los trabajadores
Como si estuvieran condenados por la cruenta historia de este país, la lucha de los trabajadores del Museo del Ejército, en Toledo, no parece tener fin. Después de varias denuncias de Comisiones Obreras (CCOO) contra la empresa Proman, adjudicataria del servicio de conserjería del Museo, y de varias condenas judiciales por incumplimientos graves de las obligaciones sociales, el Ministerio de Defensa, del que es titular en funciones en ministro Pedro Morenés, ha resuelto poner fin al trato con los adjudicatarios. Sin embargo, Defensa todavía no ha sacado a concurso ni previsto la adjudicación del servicio a otra entidad, con lo que las 39 personas que trabajan en el Museo corren el riesgo de quedarse en la calle. A ellas se unen otras diez que trabajan en la residencia militar Los Alijares y dependen de la misma empresa.
Los incumplimientos sociales y el hecho de que dos directivos de Proman figuren en un sumario judicial por corrupción, relacionado con la contratación pública de servicios del Ministerio de Defensa (en el argot oficial se llama “externalización”), llevaron fechas atrás a la diputada socialista Zaida Cantero a solicitar aclaraciones por escrito al ministro Morenés y a pedir la suspensión del contrato. Los directivos de Proman negaron el derecho de los trabajadores a celebrar elecciones sindicales para elegir a sus representantes, un delito social por el que fueron condenados. La justicia les obligó además a readmitir a varios empleados que habían despedido y a pagar las retribuciones y reconocer los derechos económicos que se negaban a admitir.
Con todo, la empresa ha seguido sin pagar a tiempo las nóminas. Su negativa a retribuir los tres meses de atrasos y regularizar el abono de los salarios, tal y como se comprometió en abril ante la Inspección de Trabajo, ha llevado a los empleados del Museo del Ejército a protagonizar varias jornadas de huelga durante el mes de agosto, con las consiguientes pérdidas para el organismo oficial, estimadas por fuentes sindicales entre 8.000 y 10.000 euros diarios. Esta situación ha provocado quejas de algunas personas con influencia cerca del ministro y le ha llevado a cortar por lo sano, según reconocen personas cercanas a Morenés, sin más previsión ni consideración hacia los trabajadores.
El responsable de Acción Sindical de CCOO del sector de Construcción y Servicios, Juan Carlos García Montoya, quien recuerda que los salarios de estos trabajadores apenas alcanzan 700 euros mensuales, incluyendo la prorrata de las pagas, denuncia que desde que Defensa entregó la contrata a Proman, en septiembre de 2014, los conflictos han sido continuos. Esa sociedad y sus filiales han sido beneficiadas por el departamento del ministro Morenés con la adjudicación de las conserjerías y otros servicios civiles en las sedes oficiales del Ministerio de Defensa en toda España. De su gestión dependen unos quinientos empleados, según fuentes sindicales.
Con la decisión de Defensa de dar por finalizado el contrato del Museo del Ejército con la conflictiva empresa sin ofrecer previamente una solución a los 39 empleados, el secretario regional de CCOO, José Luis Gil y su compañero García Montoya han solicitado la intervención del delegado del Gobierno, José Julián Gregorio, para que garantice la continuidad de los trabajadores de este museo estatal. “En Proman son unos golfos, pero el Ministerio de Defensa no lo es, no puede serlo, y tiene que evitar que la gente se vaya a la calle”, dijo ayer Gil a varios periodistas antes de precisar que “este es uno de los conflictos laborales más duro, injusto e incomprensible” de los últimos tiempos. Su compañero, García Montoya, reclamó a Defensa una solución para estas familias que llevan dos años de “calvario” y merecen mantener el empleo con estabilidad y mejores condiciones.
En una réplica a la información publicada por este diario en mayo pasado, Proman cifró en cinco millones de euros su contrato con Defensa y aseguró que había cumplido la sentencia que obligaba a la empresa a readmitir a varios trabajadores que despidió tras hacerse cargo del servicio, aunque la recurrió a la máxima instancia judicial autonómica. Proman fue clasificada en el Registro Oficial de Empresas Contratistas del Estado y las Administraciones Públicas en 2013 y obtuvo al año siguiente su primera adjudicación del Ministerio de Defensa en unos lotes para servicios de vigilancia privada y de porteros y conserjes a los que el Gobierno destinó 72,57 millones de euros en ese ejercicio. Su apoderado en aquel entonces, Lázaro Bernal Moya, fue imputado junto al también directivo A.C.A en el procedimiento judicial por cohecho que afecta a trece contratistas e instruye el Juzgado Togado Militar Central número 2. En la trama de corrupción, los dos directivos aparecen relacionados con los tenientes coroneles C. P. R. y E. R. R., destinados en la Dirección de Asuntos Económicos de Defensa y en el Cuartel General del Ejército, respectivamente, detenidos en abril de 2015. Los dos directivos de Proman mencionados fueron detenidos el 3 de mayo de 2015 y quedaron en libertad tras prestar declaración ante el juez.
