El escenario electoral beneficia a Rajoy frente a un Sánchez sometido a primarias

“Si hay terceras elecciones es porque alguien quiso que hubiera segundas”, sostiene Pedro Sánchez sin descartar un nuevo llamamiento a las urnas. Ese escenario que nadie desea es además el que menos interesa al secretario general del PSOE, dado que la democracia interna le obliga a someterse a elecciones primarias para repetir como candidato a la presidencia del Gobierno y, en esta ocasión, al contrario de lo que ocurrió ante la convocatoria del 26 de junio, numerosos dirigentes regionales son partidarios de que la presidenta andaluza Susana Díaz asuma el liderazgo. Algunos miembros del Comité Federal estiman que no le quedará más remedio que dar el paso.

En el PP, donde han cerrado filas con Mariano Rajoy tras su fracaso en la investidura, confían en que los procedimientos democráticos del PSOE, de los que ellos carecen, sean empleados por los barones para periclitar a Sánchez. De ahí que las declaraciones de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, acusando al dirigente socialista de bloquear la situación para forzar “unas terceras elecciones”, sonaran huecas y poco creíbles.

Por el contrario, en el PSOE están convencidos de que Rajoy ha manejado el escenario de los nuevos comicios, incluso antes de sentarse a negociar con Albert Rivera. Desde la presidenta del partido y vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro, hasta el portavoz adjunto, Miguel Ángel Heredia, se muestran convencidos de que el candidato del PP y presidente en funciones no ha descartado en ningún momento la convocatoria electoral con nuevas condiciones.

De hecho, el PP ha incluido en el pacto con Ciudadanos la previsión de realizar las modificaciones legales necesarias para garantizar que el Gobierno corresponda a la fuerza más votada. La reducción de la campaña electoral a siete días con el fin de evitar “el chantaje”, en definición de Sánchez, de que las elecciones caigan el día de Navidad, obligarían a modificar el artículo 51-2 de la Ley Electoral que establece que la campaña electoral dura 15 días. La posibilidad de acortar la campaña fue consultada a un letrado del Congreso y planteada por el PSOE con el apoyo de las demás fuerzas políticas.

Por otra parte, las fuentes parlamentarias consultadas, desde el PP hasta C's y el propio PSOE admiten que el Congreso podría aprobar perfectamente el cuadro macroeconómico del Estado que el Gobierno ha de presentar antes del 15 de octubre en Bruselas y el Ejecutivo en funciones puede prorrogar el Presupuesto del Estado hasta la formación del nuevo gobierno. Respecto a la actualización de las pensiones, los sueldos de los funcionarios y la cobertura de plazas de los empleados públicos, si el Ejecutivo no lo hace por decreto, los socialistas le obligarán desde el Parlamento.

Aparte del nuevo escenario electoral, el propio Rajoy ha reiterado que “volverá a intentarlo” después de las elecciones autonómicas y vascas del 25 de septiembre. Aunque ha evitado referirse a sus contactos con el PNV, espera que la debilidad electoral del PSOE en Euskadi y, sobre todo, en Galicia, donde el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se ha desentendido de la campaña electoral por desacuerdo con el orden de las listas impuesto desde Ferraz, obliguen al Comité Federal socialista a corregir su estrategia y pasar del no a la abstención.

No obstante, de las palabras del líder socialista, el viernes, antes de rechazar por segunda vez la investidura de Rajoy, se desprende la intención de buscar una alternativa que permita evitar las nuevas elecciones y la continuidad del PP en el gobierno. Hay varias fórmulas matemáticamente viables y políticamente difíciles e inviables para un amplio sector del PSOE, aunque como sostiene Sánchez, “alguien debe sacar a los nacionalistas catalanes del limbo al que (en términos parlamentarios) el PP los ha enviado”.

En este sentido, la pluralidad de opiniones entre los diputados y dirigentes socialistas con los que ha hablado este diario pasa por la necesaria alianza con Unidos Podemos (156 votos en el Congreso), sobre la que tendrá que pronunciarse el Comité Federal. A partir de ahí, tendrá que contar con la abstención de los 32 diputados de C's y de los nacionalistas vascos y catalanes. Si C's rechaza, como ya ha anticipado Rivera, el pacto PSOE-UP al que Pablo Iglesias dice estar dispuesto, la alternativa de izquierda requeriría el voto afirmativo de al menos 20 de los 25 diputados nacionalistas, lo que incluiría necesariamente a ERC (9), el PDC (8) y el PNV (5). La secretaria general del PP, Cospedal, alertó contra un pacto de estas características que, necesariamente conllevaría una propuesta de reforma de la Constitución, y afirmó que cualquier opción que no pase por Rajoy “tendría un coste insoportable para España”.