Irregularidades y descontrol económico por más de 200 millones en el CSIC

Sapos y culebras es lo que ha encontrado la Intervención General del Estado en la contabilidad del mayor y casi único organismo dedicado a la investigación científica y técnica en nuestro país, cual es la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, del que es titular el ministro Luis de Guindos. Las irregularidades afectan a unas partidas de más de 200 millones de euros, un tercio del presupuesto del organismo. Ésta es la razón por la que hasta ahora el Gobierno no ha contestado a las sucesivas peticiones de aclaración de la gestión del CSIC, formuladas por la diputada socialista María González de Veracruz.

La intervención del Estado dice que “se han detectado incumplimientos de la legalidad presupuestaria, defectos de gestión financiera y errores contables” y aunque añade el formulismo de que “no afectan a la imagen fiel de las cuentas anuales”, invoca su “responsabilidad como auditores” antes de subrayar los principales incumplimientos de la legalidad y defectos de gestión. “La Agencia (CSIC) incumple la normativa general en la elaboración del presupuesto inicial de 2015 al no reflejar correctamente sus previsiones de ingresos y gastos y sus necesidades financieras, produciéndose una información incompleta y por tanto errónea al Parlamento en su proyecto de presupuesto anual”.

A partir de esa burla inicial al Congreso, los responsables de la gestión del máximo organismo de I+D+i, cuya presidencia ostenta Emilio Lora-Tamayo D’Ocón y en el que trabajan 10.805 personas, la mitad de ellas empleados laborales y becarios con contratos precarios (5.347), han incurrido en los siguientes incumplimientos de la legalidad: “Falta absoluta de previsión de algunos ingresos, tales como las subvenciones del Plan Nacional de I+D+i (50,4 millones €), de Programas Nacionales de Ayudas a la Contratación (12,4 millones €), de transferencias de otros departamentos para ayudas a la contratación y movilidad (4,8 millones €) y de Préstamos recibidos para financiación proyectos FEDER (41,1 millones €)”.

A esas irregularidades por valor de 108,7 millones de euros que no aparecen en el presupuesto de ingresos, cifrado en 673,1 millones de euros, la Intervención añade que también se trampearon las cuentas “con unas previsiones iniciales muy inferiores a los derechos que de forma prudente cabía prever por la actividad recurrente del CSIC”. Así, se consignaron 2 millones de ingreso del Fondo Social Europeo cuando se recibieron 21; se minusvaloraron créditos iniciales de gasto perfectamente conocidos como la “productividad” (28,3 millones reconocidos y sobre 18,8 de previsión inicial), los suministros (29,5 millones de gasto sobre 12,7 de previsión inicial) y los estudios y trabajos técnicos (23,4 millones de gasto sobre 9,6 de previsión inicial), por citar sólo los más significativos.

Los gestores del CSIC, que finalmente contaron con unos créditos totales de 685.259.033,36 euros en el ejercicio del año pasado, alegan que las omisiones vinieron impuestas por la Oficina Presupuestaria del Ministerio de Luis de Guindos y obedecen, como en ejercicios anteriores, a las consignas del llamado “techo de gasto”. Quiere decirse que el Ejecutivo trampeó ese documento aprobado por el Parlamento y enviado a Bruselas.

Pero quizá lo más significativo por cuanto puede suponer de arbitrariedad y nepotismo es el incumplimiento de la previsión de la ley de presupuestos de 2015 que exige informe previo de los Servicios Jurídicos del Estado y de la Intervención Delegada para la contratación de personal con cargo a créditos de inversiones. “El incumplimiento de esta norma se está produciendo de forma reiterada, pese a haberse recogido y recomendado actuación en contrario en anteriores informes de control”, afirma la Intervención antes de subrayar que la vulneración afecta a una partida de 126,6 millones de euros en 2015.

No terminan ahí las anomalías, ya que los auditores consideran “incoherente” que en la dotación inicial del Presupuesto de 2015 se incluyan ingresos por aportación del “remanente de tesorería” que en 2015 ascendieron a 48,5 millones de euros y este año son de 67,9 millones. Esto significa que los presupuestos nacen con una “insuficiencia financiera nueva” pese a la supuesta política oficial de fomento de la I+D+i. Y que en términos presupuestarios lo correcto es que esos remanentes constituidos por ingresos ya realizados estén afectados a gastos comprometidos en ejercicios futuros y no figuren como “exceso” de financiación.

Todo esto ocurre en un organismo que cuenta con el consiguiente consejo de administración, presidido por Guindos, una Comisión de Control, un Comité Científico Asesor, un Comité Interritorial (no estará operativo hasta que la Ley de la Ciencia no entre en vigor) y un Comité de Ética.

Mientras, según denunció a finales de agosto pasado la dirigente del PSOE en la materia, el CSIC realizó el cierre contable del ejercicio de 2016 el 8 de agosto pasado, “lo que afecta a todos los gastos no comprometidos como contratos laborales, becas, convenios y subvenciones”. Asimismo, quedan afectadas por la decisión de cerrar el grifo del organismo investigador (los consabidos “recortes”) las ayudas a la creación de redes de excelencia de investigación. La socialista González de Veracruz ha exigido a la secretaría de Estado de I+D+i, Carmen Vela Olmo, los planes para “asegurar el correcto funcionamiento del CSIC” ante la entrada en vigor el 2 de octubre de la Ley de la Ciencia. Sin embargo ya es sabido que el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones rechaza el control parlamentario.