Más de 150 senadores evitan declarar la cuantía exacta de sus retribuciones oficiales

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La senadora del PP, Rita Barberá, saluda a su compañero de partido, Alberto Fabra, durante la sesión de constitución del Senado el pasado 19 de julio. / Efe
La senadora del PP, Rita Barberá, saluda a su compañero de partido, Alberto Fabra, durante la sesión de constitución del Senado, el pasado 19 de julio. / Efe

Con una interpretación legal tan dudosa como la risa de una vaca, gran parte de los senadores del Reino de España (y casi todos los diputados que han renovado su escaño) han decidido omitir sus sueldos en las declaraciones de bienes y rentas. La ley les obliga a declarar todos los ingresos anuales. La obligación obedece, o trataba de responder, a dos finalidades superiores: la transparencia ante los ciudadanos que soportan con sus impuestos el peso vivo de las instituciones por el bien y el prestigio de éstas y la prevención del enriquecimiento personal ilegal e ilícito.

Son más de 150 de un total de 265 los senadores que repiten en sus escaños desde la Décima Legislatura y han dejado en blanco sus ingresos correspondientes a 2015. Suponen que el Senado ya sabe lo que cobran. Es cierto. Pero los ciudadanos, no. El presidente Pío García Escudero encabeza el ránking de las omisiones. Es un señor que cobra unos 130.000 euros brutos al año, es decir, en torno a 11.000 euros cada mes. Esa cifra supera lo que perciben en un año dos parados de larga duración y duplica la retribución anual del subsidio agrario de un jornalero como el ahora diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero.

A partir del ejemplo del presidente de la Cámara, un hombre que cuenta con cuatro viviendas en Madrid y el 10% de otra e ingresa 23.400 euros anuales en alquileres, los demás senadores omiten sus retribuciones. No es lo mismo el sueldo de parlamentario raso, con sus dietas libres de impuestos (3.700 euros al mes para los de Madrid y 4.700 para los del resto de las circunscripciones), que la retribución con complementos abundantes y variables por ocupar puestos en la Cámara, tanto en el Pleno como en las distintas Comisiones. Un senador con un puesto en la Mesa puede cobrar el doble que uno raso.

Quienes han transitado desde el Congreso al Senado, pasando textualmente a mejor vida, tampoco han declarado sus ingresos como diputados. He ahí el caso de Ignacio Landaluce, que fue diputado, es alcalde de Algeciras y pasa por ser una de las señorías con más bienes y patrimonio acumulado. Este senador del PP y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso en la penúltima Legislatura, acumula en acciones y cuentas corrientes más de un millón de euros, posee solares en Algeciras, Tarifa, San Roque; dos locales en Cádiz y uno en La Línea, así como una vivienda en Algeciras, un apartamento en San Roque y un piso en Barcelona. Declara unos ingresos anuales en rentas mobiliarias e inmobiliarias de 63.000 euros. Pero no consigna los más de 80.000 que cobró del Congreso el año pasado. En cambio se ufana en anotar que, como alcalde de la populosa ciudad gaditana, cobró “0 euros”.

Tampoco otros exdiputados con sus retiros dorados en el Senado, caso del otrora “fontanero” de Aznar en La Moncloa, Carlos Aragonés, declaran sus ingresos de la Cámara Baja. El histórico del PP dice poseer unos 250.000 euros en ahorros, acciones y fondos de pensiones. Otro histórico, como el jienense Gabino Puche, con más de media vida ocupando escaño en el Congreso y en el Senado (lleva de parlamentario 34 de sus 67 años de edad) sólo ha podido ahorrar 100.000 euros, según su declaración. Puche supera en longevidad política a Mariano Rajoy (27 años) y a la mismísima Celia Villalobos (28 años de diputada) y va seguido por la madrileña Rosa Vindel, que está a punto de cumplir 29 años seguidos de senadora, posee dos casas en Madrid y una en Alicante y quintuplica los ahorros de su correligionario.

La mayor parte de los 148 senadores del PP y de los 62 del PSOE proceden del mundo municipal. Algunos compatibilizan el escaño con los puestos de alcaldes y concejales. Otros han sido regidores y presidentes de diputaciones. Los primeros están obligados a renunciar a sus sueldos corporativos, aunque mantienen el cobro de las dietas. Los segundos acceden a la Cámara de segunda lectura en pago a los servicios prestados y acaso porque como decía Francisco Fernández Ordoñez, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. He ahí el caso de la excaldesa de Marbella e íntima amiga de Javier Arenas (también senador), María Ángeles Muñoz, una mujer con cinco viviendas, una de ellas en Suecia. O el del regidor de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, o el del presidente de la Diputación de Granada, también del PP, Sebastián Pérez Ortiz.

No faltan personajes que alcanzan el Senado con el agua judicial al cuello por los pufos e irregularidades de su gestión municipal, caso de la alcaldesa de Cartagena en los últimos 20 años, María del Pilar Barreiro, una mujer conservadora en sentido textual del término, pues conserva un Seat 600 desde el año 1985, cuando ya ni se fabricaban. Esta señoría llegó salpicada del caso de corrupción urbanística Nova Carthago, del que fue desimputada por el Tribunal Supremo, aunque la instrucción judicial por las irregularidades en la recalificación de unos terrenos protegidos para construir un complejo residencial al borde del Mar Menor, sigue su curso y afecta al delegado del Gobierno central, Joaquín Bascuña y a exconsejeros y exaltos cargos del Gobierno autonómico del PP.

La declaración de bienes y rentas de la exalcaldesa Barreiro contiene, además del seilla de 33 años, una curiosidad cuando menos extraña: con 17.892 euros en cuentas corrientes, 2.943 en acciones del Banco de Sabadell y 1.592 euros en acciones de Telefónica, declaró unos ingresos de 10.500 euros en rentas del capital inmobiliario. Las fuentes consultadas creen que se trata de un error y esos ingresos proceden del alquiler de algún inmueble, ya que su señoría posee cinco viviendas en Murcia y un solar en Asturias.

Muchas casas y un velero

La mayoría de los senadores del PP poseen dos viviendas en propiedad, aunque hay casos como el de Vicente Aroca, alcalde de La Roda (Albacete), que tiene cinco, pero dos “inhabitables”. En el país de los desahucios llama la atención el hecho de que más de 50 senadores dizque populares dispongan de 3 y más viviendas. Hay casatenientes a los que se les acumulan las propiedades inmobiliarias como el que fuera alcalde de Las Mesas (Cuenca), Carlos Alberto Algaba, con dos casas y tres pisos en Cuenca, dos solares, dos locales comerciales, tres fincas rústicas de viñedo de secano y regadío. Otros, en cambio, como el dirigente del PP catalán y exalcalde de Badalona, Xavier García Albiol sólo tienen cuatro pisos, un Audi y un velero, muy poco en comparación con las 13 viviendas, 6 solares y dos bajos comerciales del portavoz del PP en la Cámara y senador por Lugo, José Manuel Barreiro.

El manto del aforamiento frente a la Justicia ordinaria arropa asimismo a la excaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien se ha declarado insumisa a la obligación de realizar la declaración de bienes y rentas al comienzo de la Legislatura y ha presentado la misma que formuló el año pasado cuando llegó a la Cámara Alta, correspondiente al ejercicio de 2014, como si el Senado no le hubiera pagado su sueldo y siguiera cobrando del Ayuntamiento, las Cortes valencianas y la Delegación del Gobierno. La falta de consideración hacia los ciudadanos y hacia el propio Senado no habla bien del personaje.

Cierto es que el Palacio de la Marina Española carece de prestigio entre los españoles, que ven en ese lugar de “segunda lectura legislativa” un cementerio de elefantes políticos. En él habitan tan ricamente el exhonorable catalán José Montilla; el también expresidente socialista de la Comunidad Valenciana, Joan Lerma; la expresidenta de Aragón y exalcaldesa de Zaragoza, Luisa Fernanda Rudí;, el pertinaz candidato del PP a la presidencia de Andalucía, Javier Arenas, y otros prebostes de las viejas guardias de los partidos. Eso no quita para que se hayan incorporado a la Cámara algunas gotas de sangre nueva. Si uno pregunta cuáles son y dónde están, enseguida señalan a Edelmira Barreira Diz. Era la segunda jefa del gabinete de la vicepresidenta y fue colocada por Soraya Sáenz de Santamaría en el comité electoral nacional del PP y en la lista de Ourense con gran fastidio de la saga caciquil de los Baltar, convencidos de que la función de la “paracaidista” consiste en destruirles. Ya se verá.

1 Comment
  1. Piedra says

    Hace ya muchos, muchísimos años, un periodista escribió un artículo titulado: «¿Por qué no cierran esa cuadra?» Se organizó un buen escándalo. El Senado se había constituido y el rey había nombrado a sus Cuarenta de Ayete, como llamaban a la treintena de senadores designados, una vergüenza que indica las resistencias a aceptar la democracia. Pero se aprobó la Constitución y la cuadra siguió ahí, aunque ya sin los de Ayete.

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